Hoy en día, según la terminal que use el negocio, los establecimientos terminan desembolsando entre el 2.5% y el 6.5% de comisión por cada pago con plástico. Un auténtico dineral que los bancos se llevan libres de polvo y paja, solo por apretar un botón.
Al menos las 3B no están cometiendo la ilegalidad de cobrarte un "recargo" si pagas con tarjeta, pero sí han empezado a pegar letreros avisando que ahora solo reciben efectivo o transferencias vía CoDi. Y justo ahí se topan con pared, porque el dichoso CoDi nomás no termina de despegar.
Pese a ser una plataforma oficial desarrollada por el Banco de México para hacer transferencias en segundos y sin cobrar un solo peso de comisión, la gran mayoría de la gente ni sabe cómo se usa o de plano le da flojera aprender.
Y aquí es donde vale la pena hacerse la pregunta del millón: ¿a quién le conviene que el CoDi siga durmiendo el sueño de los justos? ¿Al Banxico que lo diseñó para hacernos la vida más fácil, o a los bancos que dirían adiós a su jugoso negocio de comisiones?
En México es evidente que nos hace falta muchísima educación e inclusión financiera, pero descalabros como este de las Tiendas 3B podrían poner los reflectores justo donde más duele: en la insaciable voracidad bancaria.
La SCJN validó la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar
Un tema permanecía agazapado y esperando su momento entre los telones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de los últimos decretos de AMLO, la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, fue objeto de una acción de insconstitucionalidad por parte de diputados de oposición.
Casi dos años después, por fin el Pleno de la SCJN validó la transferencia de los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez administrados por las AFORES al Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre que no hayan sido reclamados por las personas trabajadoras al cumplir 70 años en el caso de personas afiliadas al IMSS, y 75 años, tratándose del ISSSTE.
La discusión seguramente volverá al ruedo político, ahora ya en calidad de autopsia, pues la validez ya fue decretada, aunque seguramente revivirá el tema en mesas de debate y análisis.
El principal problema era la incertidumbre del uso de los recursos de las AFORES, pues un sector de la sociedad, sobre todo, sigue viendo con recelo que sus pensiones sean administradas y utilizadas en obras… a efectos prácticos, se temía que se perdieran los ahorros.
Sin embargo, el Máximo Tribunal aclaró que los trabajadores no pierden sus ahorros: los recursos siguen siendo de su propiedad o de la de sus beneficiarios y puede reclamarse la devolución en cualquier momento, señaló el Pleno. Además, la reforma no autoriza la apropiación de esos recursos por el Estado ni extingue los derechos de sus titulares; únicamente cambia la institución encargada de administrarlos.
“Realmente lo único que está cambiando es de administración”, señaló la ministra Loreta Ortiz en su proyecto.
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