Sin lo anterior sea motivo para echar las campanas al vuelo, demuestra que hay un trabajo mejor enfocado en esa área. Sin embargo, la gran asignatura pendiente sigue siendo el delito común, donde la falta de denuncia ahoga los procesos y la tasa de sentencias cae a menos del 2%.
Por eso es crucial que este tipo de noticias se difundan con fuerza: cinco responsables de secuestro agravado recibieron, cada uno, una condena de 180 años de prisión en Cosamaloapan.
La ciudadanía necesita confiar que cuando hay denuncia hay mayores probabilidades de que los delincuentes paguen con cárcel por sus delitos.
Los hechos quedaron probados en el juicio oral: el 22 de agosto de 2024, en la congregación Pachuca, municipio de Ixmatlahuacan, tres trabajadores fueron privados de la libertad por un grupo armado y trasladados a una casa de seguridad para exigir rescate. Apenas unos días después, el 2 de septiembre, un operativo policial logró rescatar con vida a las tres víctimas y detener en flagrancia a los hoy sentenciados.
Así que es tiempo de que se reconozca una realidad que no debe pasar desapercibida: a las Fiscalías les hace falta presupuesto y capacidad operativa; hoy por hoy, el número de fiscales, peritos y policías de investigación por cada 100 mil habitantes en el país sigue estando dolorosamente por debajo de los estándares internacionales.
Pese a esas limitaciones, la inercia que le ha dado Lisbeth Aurelia Jiménez a la Fiscalía General del Estado, y la voluntad política de la gobernadora Rocío Nahle para que Veracruz trabaje en total coordinación con la Federación, han dado resultados que antes no se habían visto.
Hoy solo se puede decir que será al final de la gestión cuando se podrán medir los números globales del antes y el después, aunque por el momento, el cambio ya se nota.
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