Pero el fuero ha estado en constante discusión por la manera en que los políticos lo usan a conveniencia, y esto ha pervertido la función pública: lo que se usaría para protegerse de un gobernante tirano, ahora resulta que se transformó, al paso de los años, en una patente de corso para delinquir.
Así, alcaldes principalmente, llegan a ocupar el cargo y, desde ahí, roban, asesinan, mandan golpear gente por rencillas personales y cometen un montón de delitos más.
En el país, varios estados han reformado sus constituciones locales para eliminar o limitar el fuero constitucional de sus servidores públicos, aunque el alcance varía en cada entidad.
Este miércoles, por ejemplo, en Oaxaca, fue detenido Miguel Sánchez Altamirano (también conocido como “Quetu”), presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y otro personaje apodado “La Parca”, líder de mototaxis. Pues resulta que este par de alimañas cuentan con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad.
“Las investigaciones los relacionan con una estructura criminal dedicada presuntamente a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Según el diario La Jornada: “Las investigaciones realizadas obtuvieron información que señala que Sánchez Altamirano, desde la infraestructura del municipio de Juchitán brindaba cobertura política y económica al grupo criminal de Los Cromos, y facilitaba las cámaras de C2; alertaba de la presencia de corporaciones de Seguridad Estatal y Federal a las células del CJNG. El alcalde también controlaba el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales que operan en el municipio, a pequeños y medianos comerciantes, además, las autoridades identificaron que el alcalde participaba en la compra de armas para Los Cromo y controlaba la red de protección para tráfico de migrantes a través de casas de seguridad”.
Y la detención se da unos días después de que, por la noche del 18 de septiembre de 2026, fuera atacada a balazos la casa del diseñador y artesano muxe Elvis Guerra, quien se hizo famoso a nivel nacional por participar en la elaboración del vestido tradicional que usó la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia. La principal línea de investigación sobre el ataque apuntó a un intento de extorsión o cobro de “derecho de piso”, tras la inauguración de su salón de eventos “Bitu Xhuga”.
Y la detención del alcalde fue expedita y fructífera porque, en Oaxaca, en agosto de 2017, el fuero constitucional fue eliminado a nivel local.
La entonces Legislatura del Congreso oaxaqueño aprobó por unanimidad reformas y derogaciones a su Constitución local para retirar la “protección” a servidores públicos de alto rango, incluyendo al gobernador del estado, a diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, integrantes de los ayuntamientos (presidentes municipales), titulares de órganos autónomos y al fiscal general. Esto permite que cualquier autoridad local pueda ser investigada y juzgada por delitos comunes o federales en condiciones de igualdad ciudadana.
Así que cualquier alcalde puede ser detenido sin tener que pasar por el Congreso para su desafuero, un proceso que es tardado, burocrático, ineficiente y, obviamente, da tiempo para que el acusado escape y retrase su presentación ante la justicia.
Eso acaba de ocurrir en Veracruz: dos alcaldes señalados de desaparición y homicidio (abanderados por el partido Movimiento Ciudadano) y otro que se alocó, todo borracho, e hizo disparos al aire en una fiesta patronal —ya deberían prohibirlas: puro desmadre y nada de religiosidad— andan prófugos y no se les puede detener. Los dos primeros tuvieron que pasar por el desafuero y hasta dieron la jeta en el Congreso del Estado, pero hoy están sin ubicar.
El otro, de plano, ni la cara ha dado. Total, que, de cualquier manera, si le resulta detención, antes tiene que ocurrir el tedioso y castroso desafuero.
Más allá de que todos los partidos deben revisar a quiénes postulan y si están ligados a la delincuencia, seguramente varios aspirantes le pensarían dos veces para candidatearse a una Presidencia Municipal, a sabiendas de que no van a tener ninguna protección contra posibles delitos; que ya no será tan fácil convertirse en el mandamás de un municipio sin que les resulte responsabilidad legal por los excesos que puedan cometer.
Dicho esto, el fuero constitucional, insisto, es ya una figura arcaica, añeja y utilizada solo por grupos de poder regional para colocar a delincuentes en cargos públicos, lo que retrasa y ralentiza que sean procesados legalmente en caso de cometer un delito.
La propuesta de que desaparezca el fuero debe ser para todos los cargos en Veracruz, como en el caso de Oaxaca —y debería también incluirse a funcionarios federales—, y es urgente que ya sea una realidad.
Esto, sin duda, agilizará mucho la justicia en Veracruz y será un golpe tremendo para la delincuencia organizada; verá la de renuncias de funcionarios y las de aspirantes que se echarán para atrás, porque es obvio que parte de las estructuras criminales provienen de los organigramas gubernamentales, especialmente dentro de los ayuntamientos veracruzanos.
Y es quien nada debe, nada teme, pero los que se andan amarrando el dedo diciendo que es para perseguir a opositores, es porque seguramente están embarrados en alguna situación excrementicia hasta el cuello.
So, no le saquen, “topus”. Ya estuvo suave del fuero. Que se les juzgue a todos como son: ciudadanos obligados a responder ante la ley, sin privilegio alguno.
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