Un día sí y otro también aparecen señalamientos sobre corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o presuntos vínculos criminales. Algunos podrían tener fundamento y deben investigarse sin contemplaciones. Nadie puede reclamar inmunidad por pertenecer al régimen gobernante. Pero una cosa es investigar delitos y otra convertir rumores, asociaciones circunstanciales y dichos de comunicadores en sentencias mediáticas.
El ejemplo más reciente ocurrió este miércoles 14 de octubre, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo que desmentir versiones sobre la supuesta cancelación de Sembrando Vida. La mandataria garantizó la continuidad del programa durante todo su sexenio, después de que las versiones generaran incertidumbre entre beneficiarios.
¿Quién gana sembrando incertidumbre entre miles de familias campesinas? ¿Qué responsabilidad asumen quienes difunden información sin verificar sus consecuencias?
En Veracruz sucede algo igualmente delicado. La gobernadora Rocío Nahle enfrentó recientemente señalamientos periodísticos que pretendían relacionar a su esposo con un presunto integrante de la delincuencia organizada. La mandataria rechazó categóricamente esa vinculación y exigió pruebas o una disculpa pública.
Aquí aparece otro componente inquietante: el sesgo de género. Las descalificaciones contra Sheinbaum y Nahle frecuentemente trascienden sus decisiones administrativas para involucrar su vida privada, familiares y atributos personales. La crítica política es legítima; la violencia simbólica y la descalificación por condición de mujer, no. Sin embargo, tampoco toda crítica dirigida a una gobernante constituye automáticamente misoginia.
Existe, además, una interrogante incómoda: ¿cuánto de esta confrontación responde a diferencias ideológicas y cuánto a intereses económicos afectados por nuevas políticas de contratación publicitaria? Durante décadas, la publicidad gubernamental alimentó relaciones de dependencia entre poder y medios. Si existen represalias por la pérdida de contratos, deben documentarse. La sospecha, por sí sola, no constituye prueba.
Más grave resulta preguntarse si determinadas operaciones de desinformación buscan simplemente desgastar gobiernos o generar condiciones de desestabilización institucional, mediante lo que políticamente se conoce como golpe blando. Pero conviene distinguir: la sedición está tipificada en el artículo 130 del Código Penal Federal y exige conductas específicas de resistencia o ataque tumultuario contra la autoridad. La oposición editorial, incluso feroz, no configura por sí misma ese delito.
¿Qué deberían hacer entonces los gobiernos federal y estatal?
Primero, responder con información verificable, documentación pública y transparencia absoluta. Segundo, desmontar falsedades con rapidez, sin convertir las conferencias oficiales en tribunales contra periodistas. Tercero, transparentar íntegramente los contratos publicitarios y sus criterios de asignación. Cuarto, acudir a las instancias legales cuando existan afectaciones acreditables a derechos, sin criminalizar la crítica ni intimidar a la prensa.
Porque combatir la desinformación exige también reconocer los errores propios, investigar la corrupción real y garantizar que la libertad de expresión nunca dependa de la complacencia con el gobierno.
La democracia no puede quedar secuestrada ni por el poder político ni por el poder mediático.
Y quizá esa sea la verdadera disputa de nuestro tiempo: decidir si México será gobernado por los hechos o por quienes tengan mayor capacidad para fabricar percepciones.
Al tiempo.
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