El incendio ocurrió el 27 de marzo de 2023 y dejó 40 migrantes muertos y otras 27 personas lesionadas. La indignación se explica frente a una resolución que cierra la causa contra un funcionario de alto nivel sin que se haya dictado una sentencia sobre su responsabilidad penal en ese proceso.
La pregunta de fondo es esta: ¿se cumplieron los requisitos legales o también se logró una reparación que las víctimas consideren suficiente? Son dos cuestiones distintas, y ahí está el debate.
El hecho merma la confianza en la justicia, sobre todo entre quienes consideran insuficiente que se acrediten disculpas, indemnizaciones y medidas administrativas, cuando algunas víctimas sostienen que siguen sin recibir atención médica.
También hay quienes subrayan que el juez no podía mantener abierto un proceso si se cumplieron las condiciones legales de la salida alterna. Existe una justificación jurídica; la discusión es si esas condiciones fueron suficientes y si se cumplieron efectivamente.
Hay un dato que impide dar el caso por cerrado en todos sus aspectos: los representantes de las víctimas anunciaron que impugnarán la resolución, por lo que el proceso seguirá.
¡Sigue la mata dando! Fiscalía de Veracruz logra 155 sentencias en una semana
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz reportó 155 sentencias condenatorias en una semana. Hay delincuencia en Veracruz, por supuesto que la hay, pero también se aplica la ley y se afinan la estrategia local y la coordinación con la Federación y los diferentes órganos de seguridad.
Los casos de la última semana abarcan homicidio, robo, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, violación y pederastia, entre otros delitos. Entre las resoluciones destaca la condena de 30 años de prisión para dos hombres por homicidio doloso calificado, cometido en Chinameca en julio de 2021.
Por regiones, la distribución fue esta: Zona centro: 91 sentencias; Zona norte: 30; Zona sur: 19; Fiscalías especializadas: 15.
El dato importa porque una investigación no termina con una detención: debe sostenerse ante los tribunales. Por lo que se ha visto, en ese renglón la FGE integra carpetas de investigación sólidas y con pruebas, que llegan hasta sentencias condenatorias ejemplares.
En ello mucho tiene que ver que la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, antes haya servido en cargos relacionados con el análisis y la toma de decisiones sobre carpetas de investigación mal integradas.
La pregunta ahora es: ¿podrá la FGE mantener estos resultados y seguir cerrando espacios a la impunidad? Difícil mantener el ritmo, pero es lo que la sociedad exige, no menos.
Por lo pronto, ¡sigue la mata dando!
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