El asunto es que el Orfis encontró 52 observaciones relacionadas con la concesión, entre ellas deficiencias técnicas, financieras y legales; y el Ayuntamiento de Veracruz denunció ante la Fiscalía estatal posibles delitos de administración fraudulenta y fraude en grado de tentativa.
Hay un dato particularmente llamativo: la controversia por una cartera de 2 mil 660 millones de pesos en presuntos adeudos de más de 82 mil cuentas, cuya procedencia y posibilidad legal de cobro cuestiona la autoridad municipal. En otras palabras: además de abrir la llave, los usuarios podrían necesitar abrir un expediente para averiguar qué les están cobrando.
Desde luego, una observación de auditoría no equivale a una sentencia, y una denuncia tampoco demuestra por sí sola la comisión de un delito. Para eso están las investigaciones y los procedimientos legales.
Lo que sí está documentado es que la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo ha decidido confrontar la operación de Grupo MAS mediante auditorías, denuncias y exigencias de cumplimiento. Ahora falta ver hasta dónde pueden llegar esas acciones y qué respuestas ofrecen las autoridades competentes.
Mientras tanto, la Presidenta plantea que el agua no debe privatizarse y en Veracruz continúa funcionando un esquema concesionado que nació hace más de una década.
La pregunta es inevitable: si la privatización del agua ya no corresponde al modelo que defiende el Gobierno federal, ¿qué sucederá con las concesiones que todavía están vigentes?
Y otra, quizá más incómoda: ¿quiénes supervisaron durante todos estos años que las inversiones prometidas, la calidad del servicio y los recursos cobrados cumplieran lo establecido? Porque en Veracruz llevamos demasiado tiempo escuchando hablar de auditorías, concesiones, inversiones y adeudos.
Lo único que no debería quedar en suspenso es el derecho de la gente a recibir agua.
Que el agua vuelva a ser pública puede requerir una reforma. Que se rindan cuentas por su manejo no debería necesitar otra Constitución.
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