Y en eso no hay discusión: quien utiliza fraudulentamente la imagen de una institución pública para engañar a ciudadanos y despojarlos de su dinero debe enfrentar la justicia.
El problema comienza cuando se legisla sobre asuntos que involucran símbolos oficiales, comunicación digital y expresiones públicas, en un país donde la sátira política ha sido históricamente una de las herramientas más eficaces para exhibir los excesos del poder.
Porque una cosa es utilizar el logotipo de una dependencia para montar una estafa y otra muy distinta es hacer una caricatura de un funcionario, publicar un meme de la presidenta o burlarse de las ocurrencias de un gobernante.
La diferencia parece sencilla, pero en el terreno de la aplicación de la ley es donde pueden surgir los problemas.
La reforma establece que la conducta debe tener una finalidad ilícita y realizarse a escala comercial. No obstante, la discusión legislativa dejó inquietudes sobre la conveniencia de establecer excepciones expresas para el periodismo, la sátira, la parodia, la caricatura política y otras manifestaciones de la libertad de expresión.
Y aquí es donde entra la suspicacia ciudadana.
En un país donde los políticos suelen tener la piel más delgada que la de sus adversarios, cualquier disposición relacionada con el uso de imágenes oficiales merece ser examinada con lupa.
No vaya a ser que, bajo el legítimo argumento de combatir el fraude, alguien termine confundiendo la crítica con un delito y la burla con una amenaza.
La libertad de expresión no es una concesión graciosa de los gobiernos. Es un derecho constitucional que permite a los ciudadanos cuestionar, denunciar, criticar y también ridiculizar a quienes ejercen el poder.
Los memes, por incómodos que resulten para algunos funcionarios, forman parte de la conversación pública contemporánea. Muchas veces, una imagen acompañada de unas cuantas palabras consigue exhibir una contradicción política con mayor eficacia que un largo discurso parlamentario.
Por supuesto, tampoco se trata de defender la piratería, la falsificación de documentos o el robo de propiedad intelectual. La reforma contempla además sanciones severas para diversas conductas relacionadas con la comercialización de productos falsificados y la explotación ilegal de obras protegidas.
Pero una democracia debe saber distinguir entre proteger los derechos de sus instituciones y proteger a sus gobernantes de las críticas.
Porque si algo necesita México no es menos humor político, sino más transparencia, más rendición de cuentas y menos funcionarios que se ofendan cuando los ciudadanos les recuerdan sus promesas incumplidas.
Al final, los memes no son el problema de los gobiernos.
El problema aparece cuando los gobernantes comienzan a tomarse demasiado en serio a sí mismos y demasiado poco en serio las preocupaciones de la ciudadanía.
Y como diría cualquier mexicano con sentido del humor: si los políticos no quieren aparecer en los memes, quizá deberían empezar por no hacer tantas cosas que merezcan convertirse en uno.
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