Y parece que no es un tema menor, cuando se ha hecho pública la intensión de pagar a proveedores mediante el uso de fideicomisos públicos.
Para los empresarios veracruzanos, la administración Duartista ha sido la peor de las pesadillas de la que pudieran tener memoria, montado desde el arranque de la administración en la construcción de una mentira institucional que refería la severa crisis producto del Fidelato, el Duartismo encontró el terreno propicio para repetir y repetir no hay dinero, aun a sabiendas de que la ministración de dinero fresco se realizaba mes con mes por parte de la federación.
Ante ese hecho, los cuestionamientos por conocer y saber ¿dónde quedaron cientos de millones de pesos? Ante la nula obra pública que marco como sello este abominable periplo estatal, es la gran incógnita, ¿Dónde está el dinero?
Y es que la más reciente acción -a todas luces ilegal- que pretende ejecutar el Ejecutivo con la complicidad del Congreso de mayoría priista es con base en una iniciativa de Decreto enviada al legislativo por el propio Duarte de Ochoa y el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín, quienes han dado a conocer la propuesta del mandatario que pretende constituir dos fideicomisos que administrarían los recursos que se obtengan del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal –impuesto a la nómina-, con lo que se intentaría dar certeza jurídica y garantizarían el pago a proveedores y contratistas con quien tiene pasivos la administración Duartista.
El primero en constituirse sería el Fideicomiso Irrevocable de Administración de Cuentas Mandatadas (FIAD), a donde se transferirían los recursos captados por concepto del pago de este Impuesto; a través de cuentas concentradoras aperturadas en una institución bancaria que daría los máximos rendimientos, se administrarían mediante la autorización del Comité Técnico, que sería la máxima autoridad y, posteriormente, se transferirían al Fideicomiso Irrevocable de pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero (Fidesan), el otro propuesto por el Ejecutivo estatal.
Para concretar este remedo de entuerto, el propio Gómez Pelegrín ha explicado que en caso de que los diputados integrantes de la Legislatura local aprueben la iniciativa de Decreto, que permitirá la integración de estos dos fideicomisos, al Fidesan se transferirían, durante los primeros 10 días de cada mes, los recursos obtenidos, y se pagarían a proveedores y contratistas conforme a la lista y los montos autorizados por el Congreso del Estado.
El Poder Legislativo consideraría, para autorizar estos pagos, como prioridad las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias que se encuentren en ejecución; las deudas más antiguas; las menos onerosas, en caso de que haya dos o más de la misma fecha, o de ser iguales, se aplicarían la prorrata hasta cubrir la totalidad de la deuda.
Gómez Pelegrín detalló que el fideicomitente sería el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación; el fiduciario, la institución bancaria que garantizaría las mejores condiciones de contratación, operación y administración, y el fideicomisario estaría integrado por los proveedores y contratistas aprobados por el Congreso del Estado, cuyas deudas formen parte del pasivo circulante de la Hacienda Pública Estatal.
El Fidesan estaría conformado por el Secretario de Finanzas y Planeación como presidente, y los vocales serían los titulares de las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y de Desarrollo Social (Sedesol).
Asimismo, representantes de las Cámaras Mexicana de la Industria de la Construcción, Nacional de Comercio, de la Industria de la Transformación y de la Industria de la Radio y la Televisión; del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz y de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
El titular de la Contraloría General del Estado sería nombrado como Comisario público y el Secretario Técnico sería el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop).
El titular de la Sefiplan mencionó que las obligaciones y facultades de los integrantes del Comité Técnico constan en el documento enviado por el mandatario estatal.
Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, implementaría esta estrategia que garantizaría el pago correspondiente a todos y cada uno de los proveedores y contratistas que integran el pasivo de la Hacienda Pública Estatal.
El castigo ante está descarada intentona de legalizar el robo más grande de la historia de Veracruz, debe por mucho ser ejemplar, esperemos que nunca más los veracruzanos permitamos se repita escenario igual.
De esta manera y ante la burlona salida que intentan dar al pago de proveedores, la duda seguirá en el aire ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde?
Al tiempo.
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