La política de “tierra quemada” o “campo arrasado”, fue una estrategia militar que utilizaron los ejércitos hasta antes de la II Guerra Mundial, consistente en arrasar todo lo que fuera susceptible de utilizarse por el enemigo, y que aplicaban principalmente cuando iba en retirada, como una forma de entorpecer la persecución que les hacia el ejército contrario.
Entonces la mayor parte de los contingentes se movían a pie y cargando en carretas los pertrechos, lo que hacía muy lento el avance.
Quemaban los campos de cultivo, envenenaban el agua, destruían los pueblos y de todo lo que pudiera servirle de refugio a sus perseguidores, destruían los caminos o los bloqueaban, eliminaban los puentes.
En fin, hacían cualquier cosa que entorpeciera el avance del enemigo.
Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno de Javier Duarte.
El fidelato, Fidel Herrera y Javier Duarte, saben perfectamente que esa es su condición, la de derrotados, y cada una de las acciones que toman es para evitar la persecución, que además la hará un enemigo sediento de venganza, que todo el tiempo utilizó como única bandera de campaña el meter a la cárcel a Duarte y a todos sus cómplices.
¿Qué espera el fidelato con cada una de sus maniobras?.
Cada una de ellas son cosas específicas.
El nombramiento del Fiscal Anticorrupción, se hizo para controlar que quien quede en el cargo (Francisco Portilla aún no es descartado y en caso de que así ocurra, se propondrá a otra persona igualmente cercano al fidelato) vaya desechando cada una de las demandas que se presenten contra los integrantes de este grupo o por lo menos que entorpezca las demandas.
Pero por si acaso al fiscal anticorrupción se le escapa algún elemento incriminatorio hacia Fidel Herrera y sus hijos políticos (o sea los miembros del fidelato), ahí está el fiscal del estado, para que lo detenga o lo suavice.
Y si el caso avanza más y llega hasta la recién aprobada sala anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia del estado, los tres magistrados, que se quiere que se designen a modo, suavizarán más y si en última instancia deben condenar, la sentencia marcara una condena leve, muy leve.
Además, si en algún momento se quiere proceder en contra de Javier Duarte o alguno de sus secretarios de despacho, el gobernador tendrá escoltas por los próximo 4 años y los secretarios por 3 años, todos pagados por el erario de Veracruz, según la reforma publicada al “Acuerdo para la protección de servidores públicos del estado de Veracruz” el 14 de junio de este 2016.
Esa intención de ocupar puestos clave para entorpecer el trabajo de la próxima administración, es por lo que se quiere nombrar a Gabriel Deantes Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, aún cuando ha sido uno de los más señalados de corrupción entre los miembros del actual gabinete.
En esa colocación de piezas también está la designación del Contralor del estado, posición que hoy ocupa Ricardo García Guzmán, uno de los más activos y beneficiados por el fidelato, tanto que en la próxima Legislatura estará uno de sus hijos, Rodrigo García Escalante.
También está el poco difundido nombramiento de Mireya Toto Gutiérrez como presidenta de la hasta ahora poco eficaz Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito (CEAIVD); la instancia fue modificada para darle permanencia a su titular, aún cuando ejerció el cargo similar desde 2012 y nunca hizo una defensa de las víctimas del delito y mucho menos realizó señalamiento alguno contra la Secretaría de Seguridad Pública por los actos irregulares cometidos, algunos de ellos de mucho escándalo.
Mireya Toto es muy cercana a Dante Delgado, lo cual explica en mucho el gran silencio que contra el gobierno del estado ha guardado el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano.
Este intento de entorpecer el avance del enemigo, incluye el haber eliminado el fuero para el gobernador y los alcaldes, reforma constitucional que Duarte promulgó el 13 de junio, en un evento en el que además lanzó una amenaza: “A partir de hoy se elimina la posible tentación autoritaria que pudieran tener algunos de acusar desde el poder, sin fundamentos y a partir de un cálculo político, porque esa acusación abusiva e irresponsable, hoy, se les puede revertir”
Duarte también quiere dejar acotado al próximo gobierno lo más posible y por eso es que promovió la autonomía presupuestaria a la Universidad Veracruzana, con un 4% del total del presupuesto del gobierno del estado; esa fue la punta de lanza, porque después vendría el 2% al Poder Judicial del estado y el 1.5% para la Fiscalía.
El fondo real de todo es dejar con suficiente recursos a su alfil, al Fiscal general, tanto que incluso se le entregaron a esa instancia dos helicópteros propiedad del gobierno del estado y que el mismo Javier Duarte utilizaba para trasladarse en el país.
Al actual gobierno del estado le toca proponer el presupuesto para el próximo año; lo más seguro es que buscarán que quede lo más alto posible, utilizando como soporte hasta las últimas reservas, a fin de evidenciar las cantidades de dinero susceptibles de usarse por el gobierno de Miguel Ángel Yunes en su primer año, porque el presupuesto lo aprobará, en definitiva, la siguiente Legislatura, donde el PRI ya queda como la tercera fuerza en cuanto al número de diputados, con sólo 9, muy por abajo del PAN, que tendrá 16, Morena con 12 posiblemente.
La afectación del impuesto del 3% a la nomina para crear dos fideicomisos destinados a pagar las deudas que deje el actual gobierno del estado, es otra de las formas para acotar los recursos que pueda manejar el siguiente gobierno del estado.
En este sentido también va la intención de otorgar base a funcionarios actuales del gobierno del estado, de directores de área hacia abajo. La totalidad de esos cargos los ocupan personas identificadas con el fidelato y de los cuales además esperan lealtad.
Lo de Casa Veracruz y subdividirla para entregarla a la ya mencionada CEAIVD, la (insípida) Comisión Estatal de Derechos Humanos y la (desdibujada) Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, casi-casi es lo de menos en esta destrucción que el gobierno de Javier Duarte va dejando atrás.
Por eso es que ni siquiera los místicos por el beneficiados se atreven a defenderlo en público, pero mantienen la actitud de sumisión porque siguen siendo beneficiados.
Porque también parte de esta política de “tierra arrasada” es la no atención a la infraestructura social que al gobierno del estado le toca, como las carreteras, las plantas de tratamiento de aguas negras, los sistemas de agua potable, los servicios.
Duarte es la cabeza de un ejército del fidelato que huye y que pretende entorpecer el avance del enemigo, que se divierte con sus “travesuras” pero que sufre cada día porque el poder se le acaba y ese afán que alguna vez tuvo en su megalomanía de terminar como un gobernador muy querido, le nubla la visión.
Duarte será recordado por mucho-mucho tiempo, como la peor tragedia en la historia de Veracruz, desde siempre.
Na-da, na-die, nun-ca hizo tanto daño. |
