El escándalo ya es mayúsculo y eso que todo se teje hasta ahora sólo sobre las cuentas públicas de 2011, 2012 y 2013, pero faltan las de 2014 y 2015 y luego vendrá la de 2016.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Contraloría General del Estado comprobaron ya que son ciertas las denuncias que hizo el portal Animal Político.
Trabaja en el estado una nube de auditores de la ASF que no sólo revisan documentos sino que están yendo a entrevistarse con supuestos beneficiados, a sitios donde presuntamente hicieron tal o cual obra, revisan archivos virtuales de medios para comprobar si en equis fecha hubo el acto que reportan, grafólogos especializados checan documentos y hasta la tinta de las firmas para ver si son recientes. En fin.
Una dependencia tremendamente implicada es la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) a partir del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, esto es, desde cuando era titular de esa área Víctor Arredondo Álvarez.
La que se salva es la actual secretaria Xóchitl Adela Osorio Martínez, una mujer honorable y dedicada sólo a su tarea educativa, quien ha tenido mucho cuidado de no hacer nada indebido ni autorizar ni firmar nada fuera de lo legal, pero no ha dejado de molestarse con la nueva Oficial Mayor, Carol Jessica Morena, porque no le dijo la verdad sobre qué y cómo encontró su área cuando se hizo cargo de ella, ya que los órganos fiscalizadores reportan anomalías graves.
Tan graves que la cuñada de Andrés Manuel López Obrador ya se quiere ir del cargo pues ya se dio cuenta del terreno pantanoso en el que se metió, aunque en vías de mientras y para evadir cualquier responsabilidad ya denunció ante la Contraloría General del Estado todo lo que tenía que denunciar, por lo que el balón se lo dejó en la cancha de Ricardo García Guzmán.
Pero en el caso de la SEV están implicados ex oficiales mayores, ex y actuales administrativos así como directores de recursos humanos, muchas personas que tendrán que responder por el destino de cientos de millones de pesos que presuntamente se ejercieron
Igualmente en la Secretaría de Seguridad Pública, y en la de Salud, y en la de Infraestructura y Obras Públicas, y en todas las que manejaron recursos federales hay anomalías, y los titulares y actuales administrativos andan desesperados viendo cómo justifican lo que en la mayoría de los casos no tienen cómo ni con qué justificar, pero además ya se les pasó el tiempo para que lo hubieran hecho.
La desesperación es tanta que en varias dependencias están haciendo firmar a personas allegadas a los titulares o a quienes tienen algún cargo, recibos por montos de cien mil pesos para arriba, que dizque recibieron el dinero para tal o cual comisión, para lo cual están trucando hasta fotografías o videos para aparentar que entregaron recursos, apoyos, equipos, vehículos, etcétera.
Es tan serio el asunto que algunos secretarios e incluso algún o algunos diputados federales que estuvieron en funciones y manejaron recursos federales han contratado despachos especializados de la Ciudad de México con el propósito de que los ayuden a tratar de salir del problema, para lo cual están en Xalapa abogados y especialistas cibernéticos que están tratando de falsificar documentos, pruebas, a fin de tratar de justificar el uso de recursos.
Pero un especialista auditor-contralor me decía que no es fácil burlar a los sabuesos de la ASF y que lo único que están haciendo esos despachos es aprovechar la desesperación de los implicados para sacarles lo que más puedan de dinero, porque no va a funcionar lo que están haciendo.
Y es un sálvese quien pueda que algunos están tratando de salvarse echándole la culpa a otros, o a los que están, como, según alguien que está enterado me dijo, lo hizo el ex Contralor General del Estado, Iván López Fernández, quien al ser llamado por la PGR en la delegación que tiene en el puerto de Veracruz (en 2013-2014 ya había sido llamado a comparecer también en el entonces D. F.) culpó de no actuar al actual titular de la dependencia, Ricardo García Guzmán, quien por eso fue llamado también a declarar.
Obvio, un día se encontraron de frente en la PGR Delegación Veracruz cuando uno salía y el otro entraba, y la mirada de Ricardo hacia López Fernández era de quererlo fulminar, según mi informante.
Lo más preocupante para quienes supuestamente han manejado recursos federales es que la ASF ya no hará auditorías aleatorias para comprobar el uso y destino de recursos federales de las cuentas 2014 y 2015, sino que revisará a todas las dependencias y a todas las áreas.
Digo que supuestamente porque en algunos casos los recursos nunca llegaron a las dependencias sino que se quedaron en la Secretaría de Finanzas donde fueron metidos a la famosa “licuadora”, pero los titulares nunca dijeron nada, se quedaron callados y dieron por hecho que habían recibido el dinero. Por eso ahora no saben cómo comprobar.
Todo eso por lo que hace al manejo de recursos federales, pero, aparte, los funcionarios estatales tienen la presión de las auditorías que hará el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que también andan como desesperados viendo como tapan los enormes boquetes abiertos por el desvío de recursos estatales.
Igual, están tratando de falsificar pruebas, documentos, facturas, recibos, para lo que están obligando a mandos medios o a personas con algún cargo administrativo para que los firmen, pero algunos ya se han negado no obstante las amenazas que han recibido, ante lo que han respondido que le hagan como quieren y que se atienen a las consecuencias, pero que no firmarán nada.
Hacen bien, porque de acuerdo a un abogado-auditor-contralor-administrativo, que ha trabajado en los gobiernos federal y estatal, al que consulté dada su experiencia en el tema, todos los que firmen tendrán que comprobar el uso del dinero por el que están obligándolos a responder, o de lo contrario corren el riesgo de ir a parar a Pacho Viejo.
Algunos administrativos con muchos años en el gobierno se han opuesto ya a firmar y se han preparado para que si los despiden ir a denunciar su despido injustificado ante las autoridades laborales.
Porque hasta eso. Como si no tuviera ya suficiente, el Gobierno del Estado ha perdido más de mil juicios, denuncias que tenía en contra hasta el último día de diciembre de 2015, laudos laborales por los que está obligado a pagar a los trabajadores despedidos, en total 800 millones de pesos, más las denuncias que se acumulen de todos los despedidos en 2016. O sea, un verdadero desastre. Los responsables directos resultan los Secretarios de despacho, los administrativos y los jefes de recursos humanos.
Si no fuera por los malosos que controlan todos los centros penitenciarios, uno de los mejores negocios, en un futuro inmediato, serían las cafeterías de los Ceresos, por la cantidad y la calidad de nuevos huéspedes que pronto llegarán ahí. Mientras, quién gobierna.
Le salió cara la fiesta de su cumpleaños
Como el horno no está para bollos, el Subsecretario de Gobierno, Genaro Mejía de la Merced, cesó en forma fulminante al enlace administrativo de la dependencia, Javier Verteramo Castañón (no Baquedano, que conste) luego de las críticas en las redes sociales por las fotos que pegó en su muro de Facebook celebrando su cumpleaños en su propio oficina y en horas de trabajo. En una de las fotos de grupo se ve atrás, como diciendo, qué celebran, no ven cómo me está yendo, ¡la foto oficial de Javier Duarte de Ochoa!
Gándara, también votó en contra
En justicia debo decir que también el diputado local Juan Alfredo Gándara Andrade, del distrito de Poza Rica, por lo demás mi compañero en la Coordinación General de Comunicación Social, fue de los que votó en contra de la creación de la nueva sala de magistrados anticorrupción.
Gándara, como todos lo conocen, es respetuoso del gobernador Javier Duarte de Ochoa, pero tiene muy claro que su compromiso es con los electores de su distrito con los que tiene una gran identificación, y que la mejor manera de ayudar a Duarte, nuestro compañero en el gobierno anterior, es evitando que tome decisiones equivocadas.
Aumentan presión los vecinos
Hasta en tanto no se oficialice el rechazo a la intención de donar la Casa Veracruz para oficinas públicas, los vecinos de la colonia 2 de Abril empiezan a intensificar sus protestas. Si pronto alguien no les da la seguridad de que no ocurrirá, las acciones de rechazo crecerán y habrá problemas. ¡Aguas! |
