Desde hace ya largo tiempo se ha manifestado con crudeza la crisis económica de la entidad. Un día sí y otro también diversos grupos realizan plantones, marchas o manifestaciones debido a la falta de pago. La Universidad Veracruzana, una de las mejores del país ha sufrido de manera alarmante el impacto de la falta de suministros y ha causado más indignación porque entre los recursos que se le han negado los hay de procedencia federal que llegaron al estado y simplemente no le fueron entregados. Estudiantes que no reciben sus becas, campesinos a los que no les llegan los apoyos, músicos que fueron contratados para diversos eventos y no recibieron su pago. Los casos más lamentables han sido los de los maestros y los jubilados, especialmente estos últimos, a los que se les retrasan sus depósitos. Con justa razón han salido a la calle a manifestarse porque no encuentran otra forma de presión, pero con una carencia absoluta de respeto y sensibilidad los han agredido físicamente las fuerzas policiales.
De modo totalmente explicable la ciudadanía expresó en las urnas su repudio al actual gobierno y como resultado habrá alternancia por primera vez en Veracruz. Con vistas al cambio de gobierno y de colores partidistas se manifestó la intención de nombrar un fiscal anticorrupción a modo en esta misma administración. El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, el presidente del PAN, Ricardo Anaya y Santiago Creel fueron agredidos brutalmente por miembros de los “400 pueblos” cuando acudieron al congreso estatal a pedir a los legisladores no ser ellos sino la siguiente legislatura, la encargada de nombrar al fiscal anticorrupción. Asombrosamente, nada pasó ni con el dirigente ni con ningún miembro de los “400 pueblos”. Ninguna orden de presentación, ninguna acción judicial, nada. Otro más de los desatinos de la administración. En esta semana, a escasos cinco meses del cambio de poder, ocurrió la manifestación más reciente de maestros y pensionados exigiendo sus pagos.
Ante este panorama de ingobernabilidad distintas voces, y de manera muy directa Ricardo Anaya, han solicitado que el gobierno federal y específicamente el presidente Enrique Peña Nieto intervenga en Veracruz. Se ignoran las razones de la inacción de las autoridades federales, porque no ha sido evidente ni siquiera un poco de presión, aunque se sospecha que no es precisamente por respeto a la soberanía estatal o por escrúpulos constitucionalistas.
La situación en Veracruz está fuera de control, las arcas vacías y los ciudadanos se sienten a la deriva. A pesar de todo ello no puedo concordar con las voces que piden la intervención presidencial. Tengo la certeza de que el reclamo proviene de personas que ya olvidaron uno de los peores males de la etapa del poder priista sin límites, antes de la alternancia y de la reforma política: los excesos del presidencialismo. Sería un terrible retroceso volver a ese tipo de prácticas del poder en nombre de la ingobernabilidad que impera en Veracruz. Los riesgos de regresar a esos tiempos son muchos.
En todo caso, lo que nos muestra esta situación es que los atributos de estados y Federación requieren de un elemento de equilibrio que actualmente no existe porque el juicio político es nulo si hay intereses partidistas de por medio. Los intereses partidistas y la ambición de poder han erosionado los principios del federalismo y de la división de poderes.
Aunque nuestro país se proclama como un Estado federal, en que destaca la soberanía de los estados que conforman la Federación, mucho del espíritu centralista ha permanecido en el funcionamiento político de nuestra nación. Puede ser que el presidencialismo en 2016 no sea el mismo de las tres décadas del siglo anterior, pero está todavía muy presente.
Es común señalar al Supremo Poder Conservador que se instauró en 1835 con la República Centralista como ejemplo de la concentración del poder contraria a los principios liberales. Se debe recordar, sin embargo, que fueron los mismos centralistas los que eliminaron al Supremo Poder Conservador, compuesto por cinco personas, con un poder prácticamente ilimitado que tenía atribuciones para anular leyes o declarar incapacitado al presidente e incluso suspender a la Suprema Corte de Justicia, pero este cambio en el esquema jurídico se hizo para favorecer a Santa Anna.
No abogo por una instancia como la del Supremo Poder Conservador pero sí por una revisión del acuerdo federalista que impida situaciones como las que ha tenido que atravesar Veracruz y que ofrezca a la ciudadanía opciones viables para terminar con gobiernos lesivos a sus intereses. De haberlo tenido a la mano, hace tiempo que nos hubiésemos dado a la tarea de recuperar nuestro pedacito de patria.
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