En otra parte del análisis realizado por el Índice Nacional de Organismos Garantes de Acceso a la Información se establecen los siguientes resultados:
Aunque el Instituto no ofreció datos concretos sobre presupuestos asignados y aprobados durante los tres años, una consulta directa arrojó un incremento de 11.42% entre 2013 y 2015.
En lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas recibió una calificación de 58.55.
Si bien el Instituto Veracruzano tiene buen desempeño respecto a los rubros de informes y evaluaciones relacionadas con el Legislativo local y un sistema de archivos con procedimientos en la materia, sobre la publicidad de su actuación las sesiones son públicas y hay dirección en internet para verlas en vivo, excepto cuando la ley prevé casos en los que se sesiona de forma restringida.
El Instituto informó que no está obligado a realizar versiones estenográficas.
No se practicaron evaluaciones externas en 2013 y las relativas a 2015 y 2015 no contienen información sobre seguimiento a las observaciones generadas por los evaluadores.
El presupuesto aprobado sólo se aportó para los años 2014 y 2015 y ninguna información en el caso del ejercido.
El organismo no aportó documentación sobre los grados académicos de las y los comisionados. En materia de promoción del derecho de acceso a la información, el OGDAI fue calificado con 75 puntos sobre 100.
En los tres años analizados, el promedio de capacitaciones impartidas fue de 163 por año. A pesar de que el Instituto no cuenta con un programa educativo permanente, sí cuenta con presupuesto específico para actividades de promoción del derecho de acceso a la información.
El Instituto cuenta con un mecanismo de asistencia a personas solicitantes y registró haber emprendido actividades especiales de promoción del derecho de acceso a la información entre grupos en situación de vulnerabilidad (en particular niños y niñas).
En la dimensión de resolución de recursos de revisión y su seguimiento el OGDAI local obtuvo una calificación de 32 puntos. No son públicos los criterios de resolución de 2013 ni 2015. El promedio de revocaciones durante el período fue de 477.66 por año, en tanto que el de confirmaciones fue de 263 y el de sobreseimientos, 27.66.
No se ofreció información sobre incumplimientos durante 2013 y 2014, pero en 2015 el total fue de 667 casos. Finalmente, La Ley de Transparencia de la entidad se publicó el 27 de febrero de 2007, con reformas en 2013. El marco normativo obtuvo una calificación de 70/100, ya que adolece de mecanismos de revisión legislativa a los informes anuales; mecanismos externos de evaluación y sistema de quejas interno.
Es preocupante que el marco normativo no sufrió modificaciones entre 2014 y 2015 y sólo hasta el 26 de mayo se discutió y aprobó la armonización mandatada por la Ley General de Transparencia, incumpliendo con el plazo máximo previsto por tres semanas.
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