Y por fin, el presidente Enrique Peña Nieto, medio enseñó que quiere poner  orden en los estados donde los gobernadores han sido los principales enemigos de la  transparencia que tanto ha pregonado  él, y su propio partido, el PRI, al presentar, a través de  la PGR, acciones de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre  las leyes anticorrupción aprobadas en los Congresos de los estados de Veracruz y Quintana Roo. El resultado de la elección del pasado 5 de junio, no fue suficiente para que los gobernadores priistas de los estados señalados, además de él de Chihuahua, pusieran alto a su  actividad para afectar a sus coterráneos, y mantener, una fijación casi patológica, para blindar sus gobiernos y comprar impunidad para los años  venideros.   

La situación no es menor, porque la ciudadanía fastidiada por los atropellos de los  gobiernos en funciones, decidieron darle vuelta a la turca y experimentar con  otros partidos, y otros candidatos, que le ofrecían justicia y reparación del daño. Y en Veracruz en esa estamos, porque la hiperactividad del gobernador electo, ha logrado arrinconar ante la opinión pública, incluso hasta el propio presidente Peña Nieto, que se ha visto obligado a recurrir a su instrumento jurídico, para detener la asonada del  gobernador Javier Duarte.  En el estado, Duarte perdió casi todo en el pasado proceso electoral;  el Congreso cuya conformación será muy plural y el PRI, ni con sus aliados tendrá mayoría,  pero  sobre todo la gubernatura que quedó en manos del archienemigo de Fidel Herrera (ex gobernador, e impulsor de Duarte), Miguel Ángel Yunes Linares, cuya bandera política durante su campaña, fue la de citar a cuentas a los saqueadores del presupuesto veracruzano, en alusión a Duarte y su equipo de trabajo, pero también declaró que auditará las los 6 años de la administración de la fidelidad.

Javier Duarte atraviesa por la peor etapa desde que perdió la elección. El Congreso local que actuó de manera incondicional durante todo su periodo, hoy está dividido,  y no garantiza que vaya aprobar iniciativa alguna   a su favor, o al de su equipo, salvo que no contravenga acciones que lesione al próximo gobierno, o a los veracruzanos. Muchos personeros de la administración próspera desaparecieron, y otros como Juan Manuel del Castillo, uno de los hombres de todas sus confianza,  que gano  la diputación en Córdoba, por un margen mínimo de votos, no asoma la cabeza, pero que muy probablemente ya está siendo investigado, al igual que   Vicente Benítez González, diputado electo  por San Andrés Tuxtla,  que ya fue denunciado  ante la Fiscalía  por enriquecimiento ilícito, y lo que resulte, pero también están pendientes los 6 o 7 diputados federales, que ha señalado Yunes Linares.

Para profundizar su hundimiento, Héctor Yunes Landa, candidato perdedor del tricolor a la gubernatura en la pasada elección, también solicito la renuncia de  Duarte a la administración estatal, que además resumió como la peor en la historia del PRI. Ante el colapso total,  no se ve  forma de detener el derrumbe estrepitoso del gobernador  en funciones, dando al traste además, con la aspiración de su patriarca priista, de que esta joven generación de cuadros, estarían preparándose para el relevo generacional, que gobernaría el estado por lo menos tres sexenios mas. La ambición y avaricia de esta camada de imberbes, sin experiencia, ni talento político, ni administrativo, les distingue sus abusos y cleptomanía, que igualmente carentes de escrúpulos, y principios, dejaron al PRI, en bancarrota y sin credibilidad. Situación que los viejos cuadros  estatales, le reclaman al nacional, donde los  costos se reflejaran dentro de dos años que estén en juego la elección de 212 alcaldías, así como la presidencia de México, donde el voto de Veracruz es decisorio para el triunfo o la derrota de cualquier fórmula partidista.

Bajo este escenario, al parecer Duarte no tiene escapatoria y muy probablemente estemos viendo en próximos días la solicitud de la separación al cargo de gobernador, toda vez que su orfandad política, se inició públicamente con las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el propio Presidente Peña Nieto, en contra de sus deseos de ganar protección e impunidad, al designar el fiscal y los magistrados de la sala anticorrupción. Sin la mayoría  en el Congreso y la sentencia del Presidente de vetar sus nefandas iniciativas, Duarte está prácticamente abandonado a su suerte, acorralado y sin protección alguna, salvo los muy cuestionados 20 diputadas federales que están dando patadas de ahogado, porque a todo santo “se le llega su misa”. Al tiempo, sino más de uno saldrá desaforado. Al tiempo.