El incremento del gasto público en 1,296 millones de pesos, derivado de la “basificación” de 7,800 trabajadores del gobierno del estado, impedirá cumplir con las metas de reducción del gasto corriente contenidas en el “Plan de ajuste de las finanzas públicas” que el gobierno elaboró y se comprometió a cumplir, como condición para contratar un crédito con Banobras, para reestructurar la deuda pública.
El incumplimiento de estas metas, provocará que Banobras solicite que se aplique la “Pena del Incremento del Porcentaje del Fondo de ahorro del FAFEF”. Esto significa que mensualmente al gobierno del estado le serían retenidos 135.5 millones de pesos de ese fondo (75% del total mensual) que normalmente se le entregan, ya que el restante 25% se utiliza para el pago de la deuda.
Veamos:
El 17 de diciembre de 2015, el gobierno del estado contrato un crédito con Banobras por 5,000 millones de pesos (mdp) con el fin de utilizarlo para liquidar parte de la deuda pública. El crédito quedó respaldado con el 25% de los ingresos derivados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). Para ello se constituyó un fideicomiso que es quien recibe los recursos del fondo, retiene el 25% para pagar la deuda y el resto lo entrega al gobierno estatal.
Para la contratación de este crédito, el gobierno de Veracruz quedó obligado a implementar un Plan de Ajuste para reducir su enorme déficit fiscal y garantizar el pago del crédito. Por ello puso en operación un plan de contención del gasto público a través del llamado “Plan de Ajuste para Servicios Personales (PASP) 2015-2022” para reducir en 1,467 mdp el gasto en salarios, mediante un recorte de 3,894 puestos de trabajo.
Esta reducción del gasto en servicios personales estaba compuesta por:
- La disminución de la Nómina educativa en 1,187 mdp,
- la disminución en el rubro de Burocracia que sería de 155 mdp y
- el gasto en Seguridad de 127 mdp
La reducción de plazas más importantes se darían en: la Secretaría de Seguridad Pública donde se recortaría 607, en la Secretaria de Finanzas y Planeación donde la reducción sería de 125 plazas. De igual modo en la Secretaría de Educación se realizaría una disminución de 2,894 plazas. Esto suma un total de 3, 894 plazas
El plan ha sido abortado. No se llevará a cabo porque en su lugar lo que hará el gobierno del estado es incrementar en más del doble el número de plazas que pretendía reducir de modo que, mientras el plan proponía reducir 3,894 plazas, la basificación las incrementará en 7,800. Asimismo, el gasto derivado del pago de las plazas “basificadas” durante seis años será de 7,776 mdp, que es un monto cinco veces superior al ahorro que se pretendía obtener en 6 años con el plan de ajuste, por 1,476 mdp.
¿Cuál es la razón por la que en medio de una brutal crisis financiera el gobierno del estado decide echar atrás las necesarias medidas de contracción del gasto corriente y en cambio intenta realizar acciones que aumentarán el gasto y profundizarán el déficit?
¿Qué razón existe para implementar una basificación del personal sabiendo que hacerlo implica dejar de cumplir con los compromisos financieros contraídos, que ponen en riesgo la estabilidad financiera del estado?
Sólo hay una explicación: esto es producto de la esquizofrenia de un gobernador que no quiere a Veracruz y pretende dejarle como herencia el peor de los mundos posibles. No le ha bastado todo lo que ha destruido en sus seis años de gobierno, Javier Duarte quiere heredarnos el infierno.
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