*La disrupción política

En los últimos 30 años, a nivel mundial emergió el concepto y la preocupación sobre la gobernanza. El concepto original (corporate governance), de origen anglosajón, irrumpió en medio de la crisis bancaria del Reino Unido de mediados de los 80, enfatizando la preocupación del conflicto económico de interés que emergía entre los dueños (principals) de las instituciones financieras y el interés de los gerentes (agents). Obviamente la gobernanza en materia económica, financiera y de servicios públicos es acotada o moldeada a partir de las fuerzas del mercado y/o de la regulación.

La receta general, dictada para resolver el conflicto de cada parte dentro de una empresa, fue simplemente crear los incentivos para que los agentes o gerentes actuaran de acuerdo al interés del dueño, que es maximizar la ganancia de su capital, y no el suyo relativo a su salario y disposición de recursos de la propia empresa. Sobre esta receta se desataron otros artilugios administrativos y de recompensa hacia los gerentes, que permitieran asegurar el interés de los dueños.

El concepto pronto se extendió hacia otras disciplinas como la sociología, la ciencia política, inclusive las relaciones internacionales, partiendo del principio de que hay un interés inicial y superior, al de quien se encarga de gestionar y administrar una entidad. Tal sería el caso entre los electores y el electo, entre el mandante y el mandatario. En esta extensión conceptual, la corporate governance, terminó siendo denominada simplemente como gobernanza, enfatizando que su ámbito está referido a la forma en que se gobierna o dirige una entidad, y toman decisiones en relación a diversos intereses, en tanto la gobernabilidad se refiere esencialmente a los arreglos políticos que garantizan una cierta estabilidad política y democrática.

Es indiscutible que algunos países pueden tener una gobernanza que beneficia al interés de unos cuantos y no el de la mayoría. Es decir, un sistema en donde los gobernantes terminen abusando de los gobernados, que el mandatario se arrogue el poder que absolutamente le corresponde al mandante. Desde el punto de vista político y democrático, uno esperaría que un sistema en donde no se proteja el interés general y se termine privilegiando en última instancia, el interés particular, fuera la excepción.

Sin embargo, tal situación anómala se ha hecho evidente ante crisis económicas y financieras o cambios "estructurales", cuyos tratamientos han terminado por proteger y beneficiar a los menos más que a la mayoría, al capital sobre el salario, sacrificando las acciones y presupuestos públicos orientados hacia el bienestar de la ciudadanía. Tal como aconteció en buena parte de los países latinoamericanos en los 90 y hoy sucede controvertidamente en Europa. Es por ello que hoy, en un afán de síntesis entre gobernanza y gobernabilidad, organismos internacionales como el Banco Mundial apelan al término de Gobernabilidad Democrática.

La anomalía de la gobernanza, que privilegia el interés de unos cuántos sobre la mayoría, ha terminado por transitar hacia la agenda política, generando una expresión democrática de rechazo que, de no ser atendida, puede desembocar en la ingobernabilidad. Las protestas ciudadanas en España, Portugal, Irlanda, Grecia, USA, entre otros países, son manifestación del rechazo de una gobernanza adversa a la mayoría. En esos países de instituciones fuertes y bien ancladas, los malestares ciudadanos han podido transitar democráticamente hacia las urnas, sin llegar a un claro conflicto político. En otros países, como el Reino Unido o en Estados Unidos, en su campaña electoral presidencial en marcha, se puede llegar casi a una disrupción política.

México no está lejos de tal posibilidad de disrupción política, tal como lo demostraron los resultados electorales pasados, y menos lo estará si las autoridades electorales se empecinan en las próximas semanas en cambiar la intención del voto hecho en las urnas por los ciudadanos, riegos que también subyacen en los intereses de la partidocracia.