El argumento de la necesidad de esta estrategia para combatir a grupos delictivos que ponen en riesgo la seguridad del país, pudiera ser válido, pero entonces nos ubicamos en otro escenario: Un caso en el que la norma jurídica no ha sido adaptada a una nueva realidad.
Los retenes que tiene instalados la policía estatal en el territorio veracruzano tienen como fin el combate a la delincuencia y uno de sus métodos establece que sean detenidos para revisión, de manera aleatoria, diversos vehículos que transiten por la vía bajo control.
No es algo nuevo. Veracruz no es la única entidad que aplica dichos controles.
Recuerdo un viaje que hice hace ya varios años al estado de Coahuila. Al traspasar la frontera de aquella entidad, en cuatro ocasiones fuimos detenidos por patrullas policiacas. No eran retenes, sino unidades que detectaban nuestra presencia (vehículo con placas de Veracruz) y nos ordenaban que nos detuviéramos.
En todos los casos nos interrogaron acerca de nuestro destino y nuestro punto de origen, nos ordenaron que nos identificáramos y que les informáramos cuánto tiempo permaneceríamos en esos rumbos.
Eran tiempos en los que la incidencia delictiva en Coahuila y Nuevo León era de las más altas del país. Al final llegamos a nuestro destino y retornamos sin mayores inconvenientes.
No tengo la menor duda acerca de la utilidad de los retenes, el problema es que éstos pueden ser utilizados con otros fines.
Hay muchas historias sobre "falsos retenes", de grupos delictivos vestidos con uniformes militares o simplemente con ropas oscuras, que bloquean carreteras y se dedican a desvalijar a todos los vehículos que transitan por esa zona.
Son retenes "exprés", que se montan y levantan en muy corto tiempo, para evadir la acción de los grupos policiacos.
En días recientes el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció supuestos actos de acoso y represión por parte de la policía estatal, porque tanto su vehículo, como los de sus asistentes, fueron detenidos en los retenes que ha instalado la corporación llamada Fuerza Civil de Veracruz.
Ante ello, el Gobernador Javier Duarte respondió por su medio predilecto, el Twitter, que "las revisiones en los filtros de seguridad son aleatorias, respetando en todo momento los protocolos de atención a la ciudadanía" y que "los filtros implementados por la Fuerza Civil Veracruz son para la seguridad de todos".
Pero no se quedó ahí. Días más tarde difundió una serie de fotografías en las que su vehículo, el del Gobernador Javier Duarte, fue detenido en un retén y revisado.
El mismo Gobernador lo difundió y se refirió a los elementos policiacos: "Hoy nos tocó ser revisados en un filtro de seguridad, agradezco el profesionalismo de los oficiales". El montaje era evidente, pero el mensaje muy válido.
No faltan los que rescatan aquel incidente ocurrido en septiembre de 1995, justo hace 21 años, cuando Ignacio Morales Lechuga, exprocurador general de la República, quien viajaba en compañía de su esposa Jaqueline Broc, fue detenido, encañonado y amenazado por elementos de la policía estatal.
Eran los tiempos en los que Yunes Linares gobernaba Veracruz desde la Secretaría de Gobierno. “Miguel Ángel Yunes estuvo a punto de asesinarme junto con mi esposa”, recordó hace pocos meses el propio Morales Lechuga.
Los retenes deben cumplir estrictamente su cometido, y para ello se debe adecuar el marco jurídico, de manera que se definan protocolos y se establezcan límites.
Mientras persista esa laguna jurídica, no habrá forma de garantizar el respeto a las garantías ciudadanas.
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