La verdad es que el proclamado castigo al gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa por las graves acusaciones en su contra que investiga la Procuraduría General de la República, no resultó más que una tomada de pelo, una vacilada más, porque salir a decir que “le fueron suspendidos sus derechos partidistas”, a ninguno de los sancionados preocupa en lo más mínimo, sino todo lo contrario, se deben de estar carcajeando.

Porque por principio de cuentas, es posible que los notarios públicos que fueron castigados con la suspensión de sus derechos, ni siquiera estén afiliados y mucho menos les interese pertenecer a ese partido, si hubieran sido suspendidos como fedatarios públicos, la cosa sería diferente, porque se acabaría su negocito.

Luego de anunciar que este lunes se reuniría la Comisión Nacional de Justicia del PRI que se esperaba cuando menos determinaría la expulsión de los involucrados en los procesos de la PGR, pues resulta que no ocurrió así, simplemente informaron que, junto con Javier Duarte, los priistas veracruzanos que tendrán sus derechos suspendidos son: Juan Carlos Rodríguez García, Gabriel Deantes Ramos, José Antonio Chara Mansur Beltrán, Arturo Bermúdez Zurita, Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez.

Pareciera que se trata de una burla, porque en lugar de pintar su raya con todos los involucrados con el saqueo de las dependencias estatales, la Comisión Nacional de Justicia del PRI determinó suspender a unos cuantos, que no son todos los que están relacionados con las famosas empresas fantasmas.

Pero además, a ninguno de los ahora suspendidos en sus derechos partidistas, les preocupa en lo más mínimo el que pudieran ser expulsados del PRI, por la sencilla razón de que seguramente que no aspiran a ocupar algún puesto partidista o cargo de elección popular, por lo que la suspensión de derechos, es una tomada de pelo y nada más.

En el caso del gobernador y los secretarios de despacho, lo más seguro es que tengan listas sus maletas, para irse a vivir, sino es que ya están allá, en Duartelandia Texas, donde se han comprado millonarias residencias.

Y ¿cuáles son esos derechos, que les fueron suspendidos al gobernador y unos cuantos de sus colaboradores?

Según el Artículo 58 de los Estatutos del PRI, los miembros del Partido Revolucionario Institucional tienen los derechos siguientes:

I. Hacer de la carrera partidista un espacio para su desarrollo político, en base al registro de las tareas partidarias;

II. Acceder a puestos de elección popular, previo cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias;

III. Acceder a puestos de dirigencia del Partido, previo cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias;

IV. Impugnar por los medios legales y estatutarios, los acuerdos, disposiciones y decisiones

legales y estatutarias; V. Votar y participar en procesos internos para elegir dirigentes y postular candidatos, de acuerdo al ámbito que les corresponda y a los procedimientos establecidos en los términos de los presentes Estatutos y de la convocatoria respectiva;

VI. Recibir capacitación política y formación ideológica;

VII. Presentar iniciativas, proyectos, programas y propuestas sobre los fines y actividades del Partido y participar en las deliberaciones de los órganos encargados de resolverlos;

VIII. Interponer ante el órgano competente, como complemento al derecho de audiencia, los recursos contra las sanciones que les sean impuestas;

IX. Solicitar a las Comisiones de Justicia Partidaria investigar las presuntas violaciones a los Documentos Básicos; y

X. Los demás que les confieran estos Estatutos.

Lo que realmente interesa a los veracruzanos, es el que dinero que se han llevado ilegalmente sea devuelto y que quienes hayan cometido algún ilícito paguen por ello, lo demás es pura distracción.

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