Todo gobierno al inicio de su gestión audita a la administración saliente, pues con ello garantiza que todo esté en orden y que se puede hacer responsable de lo que haya y deje de haber, de lo que se haga o se deje de hacer.
Sin embargo, no se debe pasar por alto que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares inicia el primero de diciembre, y será hasta entonces cuando pueda auditar a la administración estatal.
El Artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece que a partir del día primero de noviembre, el Gobernador y los Titulares de las dependencias "dispondrán lo necesario para iniciar la entrega de los asuntos de la Administración Pública encomendados a su cuidado".
Para ello "ordenarán se prepare un documento de entrega, en el que consten: los antecedentes, el estado actual, los procedimientos a seguir, la fecha probable de terminación. En caso de haber retraso, las razones que lo hayan originado. El estado financiero y los anexos que correspondan".
Además, "informarán al Gobernador electo, o a quienes éste designe, sobre el estado de los asuntos que tengan encomendados, realizando con ellos las juntas de trabajo que se requieran, de preferencia fuera del horario de labores".
Incluso se advierte que los servidores públicos que no sean ratificados en sus puestos, "deberán permanecer en disponibilidad de quienes los sustituyan, hasta
el día dieciséis del mes de diciembre del mismo año", para aclarar cualquier duda sobre la entrega de las áreas bajo su responsabilidad.
En plan bélico, Yunes Linares remata su misiva al gobernador Flavino Ríos con una amenaza: "La negativa a proporcionar información a los auditores que formalmente designaré, será claramente violatoria de las diversas disposiciones legales aplicables para tal efecto y tendrá las consecuencias jurídicas del caso".
El gobierno que sale tiene la obligación de entregar a los representantes del gobierno que llega, un informe detallado sobre el estado que guarda la administración pública.
Una vez que asuma sus funciones, que rinda protesta de "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes que de ambas emanen", entonces podrá ordenar todas las auditorías que considere pertinentes y proceder penalmente contra los que hayan incurrido en actos ilegales.
Así está considerado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que en la fracción segunda de su artículo octavo, en el que se definen las atribuciones del gobernador, en su fracción sexta, se señala: "Ordenar la realización de auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias centralizadas y entidades paraestatales, y designar a los titulares de sus respectivos órganos de control interno y vigilancia".
Amagar con la aplicación de la ley contra quienes violenten el marco jurídico que los rige, es redundancia que huele a propaganda barata.
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Atento recado:
Alberto Silva ya se reintegró al Congreso de la Unión, pero por lo que se ve sigue muy pendiente de lo que sucede y de lo que se dice en Veracruz.
Precisamente por algo que leyó en las horas recientes me habló para hacer algunas precisiones:
En el año 2015 (cuya cuenta pública es la que en estos momentos se analiza en el Congreso local) el coordinador de Comunicación Social no fue él, sino Juan Octavio Pavón.
A pesar de no ser el responsable de lo sucedido en ese período, sabe que el Orfis no encontró presunción de algún daño patrimonial en esa dependencia y aclaró que el propietario de la empresa Eureka Estrategia y Comunicación SA de CV se llama Fernando Azcárraga.
Servido.
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