Al 72% de los habitantes de la Ciudad de México no les importó ese remedo de constitución y no acudieron a votar para designar a los seudo constituyentes. Una parte de los pocos que votaron fueron acarreados por partidos políticos que les interesa controlar el engendro.
El proyecto de “constitución” política, que no representa la voluntad de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, entregada por el jefe de gobierno a los “constituyentes” el 15 de septiembre del 2016, incluye una serie de dádivas populistas presentadas como derechos que, además de que serán objeto de amparos y conflicto de leyes, generarán la necesidad de más impuestos y de sobre endeudar al gobierno de la Ciudad de México, convirtiéndolo en otra pesada carga para las finanzas públicas del país.
Muchos de los derechos que “otorgará” el gobierno de la Ciudad de México están plasmados en la Constitución federal, por lo tanto es inútil repetirlos, pero los presentan como si fueran una novedad, pues parten del supuesto que gran parte de los mexicanos son ignorantes. Otros son consecuencia lógica de la libertad de trabajar o quedarse de ocioso, que es normal en donde se prohíbe la esclavitud, prohibición que ya está plasmada en el artículo primero de la Constitución Mexicana.
La mayoría de las promesas del proyecto de constitución son metas deseables, pero no dice de dónde se obtendrán los recursos para que graciosamente el gobierno de la Ciudad de México las garantice a todos. La función de un gobierno democrático es reconocer los derechos que por naturaleza tenemos y crear las condiciones para que cada quien los obtenga con base en su trabajo, sin afectar a terceros.
Algunos de esos derechos, entendidos como un dar, que teóricamente beneficiaran a millones de residentes de la Ciudad de México, integran en realidad una plataforma o programa electoral para ganar votos en favor de los partidos y candidatos que se presenten como los creadores y partidarios de una ley repartidora de bienestar gratuito para todos.
En ese engendro legal se cumple lo dicho por el político y general de Tebas, Epaminondas - siglo IV a.C.- austero e incorruptible, que venció a los espartanos y convirtió a Tebas en una potencia: “La política es el arte de obtener fondos de los ricos y votos de los pobres.”
La extensa lista de dádivas y derechos en el proyecto de seudo constitución de la CDMX, la convertirá, de aprobarse, en un monumento al populismo. Entre esos derechos hay varios que ya podemos ejercer en la medida que nos respeten la libertad de decidir, derivada de las Garantías individuales plasmadas en la Constitución federal, pero que mañosamente en la redacción del proyecto se crea la expectativa de que el gobierno se obliga a satisfacer, aunque los costos de lograrlo sean inalcanzables.
Entre esos derechos, algunos aparentemente inocuos y otros altamente costosos, están:
Derecho al ocio.
Derecho a disponer de su propio cuerpo.
Derecho a su nombre.
Derecho a la sexualidad plena en condiciones seguras.
Derecho universal a la educación gratuita.
Derecho a la cultura.
Derecho a una renta básica.
Derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad.
Derecho al más alto nivel de salud física y mental.
Derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.
Derecho de agua suficiente, salubre, segura.
Derecho a disponer de bienes y servicios de calidad.
Derecho humano al trabajo.
Derecho a una jornada máxima de 40 horas y a dos días de descanso.
Derecho a un medio ambiente sano.
Derecho a servicios públicos de calidad.
Derecho a la vía pública.
Derecho a la memoria.
Derecho a la reparación integral, si no satisface el gobierno adecuadamente los derechos prometidos.
Quienes en el interior del país crean en las ofertas de esa ley populista, emigrarán a la Ciudad de México, donde supuestamente un gobierno “progresista” garantiza casa, un ingreso o renta, trabajo, alimentación, doctores, sicólogos, altos salarios mínimos y hasta sexo pleno y seguro.
Los ilusos y los vividores que buscan sacar tajada de esa feria de promesas, votarán por los candidatos populistas a Presidente en el 2018, que “garanticen” otorgar esos “derechos” a todos los habitantes del país y convertir a México, de un plumazo, en la nación más igualitaria, avanzada y feliz del mundo.
La inconstitucionalidad del proyecto de constitución propone reglas en ámbitos de competencia federal, como la semana de 40 horas, que de hecho la practican desde hace años las grandes empresas, pero sería una gran carga para las pequeñas y las micro, que teóricamente buscan beneficiar.
En cuando al uso de la mariguana, dice “En la Ciudad de México no se sancionará en forma alguna el consumo de cannabis”. Independientemente que estemos de acuerdo con esa regla, no es competencia del gobierno de una ciudad determinar si es permitido o prohibido el consumo de determinados productos considerados como drogas, sino del Congreso federal.
Ignoran completamente la Constitución de la República quienes redactaron el proyecto o pensaron que escribían una plataforma electoral para un candidato a la presidencia en el 2018.
No midieron las consecuencias ni los costos de lo que garantizan o prohíben. Dice el proyecto “Se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Esa prohibición, tal como lo dice, implicaría que las empresas privadas no podrían transportar agua en pipas a las colonias pobres, solo el gobierno, que hasta la fecha no tiene capacidad para darla por tubería ni mediante pipas, y que teóricamente la reparten gratuitamente pero, como la recolección de basura, si no hay “propina”, no se la llevan. En el caso del agua, sin “propina” o cuota, en la mayoría de los casos, no hay agua.
Con base en esa prohibición se podría llegar al absurdo de prohibir vender a empresas privadas garrafones y botellas de agua.
El gobierno de la Ciudad de México ha dicho que no cuenta con recursos suficientes para realizar obras básicas de infraestructura urbana ni tiene suficientes policías que garanticen la seguridad de los habitantes y que ayuden a que sean más fluidas las vialidades. Le exige más dinero a la federación con la amenaza de cancelar obras, como una vía al nuevo aeropuerto, si no recibe recursos adicionales.
Pero en el proyecto de constitución que presentó el gobierno de la ciudad se echa a cuestas programas que ni el gobierno federal tiene los recursos para enfrentar.
Promete que fomentará “la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad”. Esas promesas me recuerdan a las plasmadas en los planes quinquenales por Stalin en la Ex URSS o los de Mao en China.
En ambos casos las promesas de que el Estado se encargaría del “abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos” terminó en hambrunas en las que murieron millones.[1]
El proyecto de constitución para la Ciudad de México es en parte repetitivo de lo que ya se consigna en la Constitución de la República Mexicana.
Entre los cambios que proponen, varios de ellos son inconstitucionales o invaden competencias federales.
Otros ofrecen lograr, mediante acciones directas del gobierno, reducir la desigualdad de alimentación, de salarios, de educación, y atención a la salud, compromisos que, con algunos matices, son las mismas que prometieron aplicar los gobiernos socialistas marxistas del siglo pasado, y que solo generaron miseria, colas y corrupción.
Las nefastas consecuencias de convertir al Estado en distribuidor de alimentos o con poder para planificar su producción, distribución y consumo, y controlar sus precios, las podemos constatar al mirar la actual situación de Cuba y Venezuela, donde el Estado teóricamente provee de todo a todos con equidad e igualdad, pero en la realidad hay escasez de todo y colas para obtener lo poco que hay.
No hay recursos que alcancen en el gobierno de la Ciudad de México ni en el federal para convertir en realidad las vastas y bonitas promesas plasmadas en el proyecto de constitución, las que calificamos de mentirosas y demagógicas. Siembran falsas expectativas entre los necesitados con el claro objetivo de obtener su voto en el 2018.
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