Para convertirse en notarios es necesaria la aprobación de un representante del gobierno del estado, en la mayoría de los casos del gobernador, pero también se requiere de la anuencia del Colegio de Notarios, de tal suerte que la cúpula de dicha asociación no puede llamarse a sorpresa si se encuentra algún elemento que deba ser investigado, juzgado y sancionado.
La mayoría de los auténticos notarios, que pasaron todas las pruebas para serlo, están inconformes con tener como colegas personajes designados por dedazo en los últimos sexenios.
Aquí la diferencia estriba en que dichos cargos sólo pueden ser otorgados por los gobernadores de las diferentes entidades del país. Son cargos vitalicios y no existe, hasta el momento, una evaluación de sus actividades, a pesar de que en su proceder se llevan el prestigio del gobernador que los haya designado.
Ni son tan autónomos ni tan honestos, porque en más de un caso el notario público es llamado para dar testimonio de un hecho, el cual ellos desconocen si es legal o ilegal, porque aseguran que no está dentro de sus atribuciones las investigaciones. De tal manera que los notarios son fedatarios de hechos cuya legalidad desconocen de origen, pero que cobran por realizarlos cantidades considerables.
Aseveró, Carlos Cañas que el Colegio de Notarios ha sido autónomo y ha tenido una relación distante del gobierno del estado, hizo hincapié en que el actuar de las empresas, después de que salen de la notaría, es responsabilidad de sus socios y no del notario.
Esta misma posición ventiló el Contralor anterior para poder señalar con dedo de fuego a los funcionarios públicos a quienes permitió robar a manos llenas.
Porque tanto Ricardo García Guzmán, ex Contralor del gobierno de Duarte, como el líder de los notarios, consideran que éstos no tienen la obligación de investigar el domicilio de las empresas que constituyen. Esto mismo lo intentó aclarar el entonces contralor para salvar el pellejo, pero sí tienen sentido común como para darse cuenta de que surge, en tiempo de crisis, una serie de empresas que se convierten en proveedoras del gobierno como si fueran hongos en la humedad y dejan de funcionar seis meses después.
La autoridad que les confiere el ejecutivo estatal, los convierte en parte de la responsabilidad social que debe actuar con mayor injerencia en la vida de los ciudadanos, que cualquier otro profesional. De ahí, que si existe una investigación es para deslindar responsabilidades, no para inculpar inocentes ni para desprestigiar gremios.
Y para que los notarios no se den baños de pureza hay un ejemplo muy claro en Veracruz, el ex subsecretario de Turismo, José Guillermo Herrera Mendoza, quien rara vez se para por la notaría 55, y cuya conducta está más cercana a la delincuencia y la impunidad, que a la decencia y la honestidad con las que debería conducirse todo notario público.
En ningún momento las notarías, los notarios, o el Colegio de Notarios, levantó la voz para denunciar la designación de más notarios por dedazo, y ante tanto latrocinio; nunca, ninguno de ellos, en lo individual o en su grupo dijo ésta boca es mía.
Los notarios que estarán bajo investigación son: Francisco Montes de Oca, Fernando Montes de Oca Zárate, Manuel Alonso Montes de Oca, Jorge Monreal Montes de Oca, Israel Ramos Mangle, Luis Manuel Rodríguez, Wendy Mariana Cruz de la Fuente, Daniel Cordero Gálvez, Alberto Javier Robles, Gabriel Arellano Cruz Maraboto y José Guillermo Francisco Aguilar Montiel.
De igual forma, se verificará la justificación y vigencia de las licencias concedidas a oficiales que mantienen vacantes sus notarías: Notaría 12 Martínez de la Torre, Marga Leticia Morgado Osorio; 08, Xalapa, Eugenio Adalberto Vásquez Muñoz; 31 Xalapa, Fernando Arturo Charlestón Salinas; 17 Córdoba, Francisco Portilla Bonilla; 51 Medellín, Carla Rodríguez González; 57 Cardel, Salvador Martínez Castro; 61 Boca del Río, Armando Adriano Fabre; 5 Coatzacoalcos, Iván Hillman Chapoy; 26 Minatitlán, Jorge Valadez Montoya; 17 Río Blanco, José Martín Sanoja González.
Así también: 29 Banderilla, Raúl Juan Contreras Bustamante; 35 Emiliano Zapata, Ángel Ramírez Bretón; 20 Emiliano Zapata, Edgar Spinoso Carrera; quien es diputado federal por mayoría relativa, por el Partido Verde, presidente de la Comisión de Citricultura, y uno de los señalados como cómplices cercanos de Javier Duarte; 9 Xalapa, Arturo Hernández Reynante; 14 Córdoba, Esperanza Broca Castillo; 4 Veracruz, Juan de Dios Zamora Hernández Jáuregui; 01 Huatusco, Carlos Rendón Bonilla; 37 Cardel, Ignacio Telesforo Vargas Andrade; 04 Coatzacoalcos, Juan Hillman Jiménez; 13 Orizaba, Carlos Eugenio Cárdenas Barquet; 11 Minatitlán, Virginia Villanueva Tenorio; y 08 Tlapacoyan, Gilda de la Medina Soto.
Es decir, la Notaría 55 no está dentro de las notarías investigadas, esto quiere decir que Herrera Mendoza puede tener razón al decir que nadie puede hacerle nada porque lo protege su amigo el secretario de Turismo, licenciado en Derecho y notario público número 10, quien fue encargado de los Registros Públicos de la Propiedad en Córdoba y Veracruz, fue Director de Archivo General de Notarías y Registro Público de la Propiedad. Fue Presidente del Colegio de Notarios del Estado. Es Notario Público desde 1986.
Cuando el periodista, Raymundo Jiménez publicó la información sobre lo sucedido en la casa de Fernando Padilla, el notario Guillermo Herrera intentó desmentir la entrega con dos cartas; sin embargo, cuando el conflicto trascendió nuestras fronteras y se le relacionaba con un personaje ligado al crimen organizado en una nota del periódico Austin Globe, la reportera llamó desde esa ciudad al teléfono de la Subsecretaría de Turismo, buscándolo y no le contestó para entrevistarlo sobre el tema de Alfonso del Rayo, de quien habíamos dicho en este espacio el 25 de noviembre:
“Del Rayo, quien compareció en el juicio como testigo protegido, narró cómo fue secuestrado en diciembre de 2010 (por Guillermo Herrera Mendoza y otro sujeto), y liberado bajo la condición de que “trabajara” para un cártel”.
Por si fuera poco, la tienda comercial “Soriana” enfrenta una investigación por tener escrituras ilegales, y es que, durante la administración de Carolina Gudiño Corro, en el puerto de Veracruz, se repartieron 18 hectáreas, siendo dos de ellas las referidas a la tienda comercial.
La alcaldesa se habría adjudicado ilegalmente los terrenos federales en la colonia Pocitos y Rivera del puerto de Veracruz, siendo avalados por notarios públicos y supuestos representantes del gobierno federal con firmas ilegales.
Las autoridades federales, del Fideicomiso Fondo Nacional Ejidal, detectaron dos escritos avalados por los Notarios Públicos 29, Alejandro Hernández Gallardo, y el Notario 55, José Guillermo Herrera Mendoza, siendo a través de ellos como se hicieron las escrituras de manera ilegal.
Esta es la realidad de lo que vive el notariado en la entidad, donde personajes oscuros y de mala fama como José Guillermo Herrera, deben ser investigados y, de resultar culpable, castigado de manera ejemplar, de tal manera que limpie el nombre de algunos notarios públicos que con tanto fervor defiende su líder Carlos Cañas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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