Lucía Lara Carmona, fue designada como la Fiscal AntiDuarte, aunque oficialmente es “Fiscal Especial para atender las investigaciones de casos de desfalcos financieros realizados por servidores públicos integrantes de la pasada administración gubernamental al erario del estado” (una denominación muy larga).
En esencia cubrirá parte de las funciones que deberá tener el llamado Fiscal anticorrupción, pero como para ocupar ese cargo el nombramiento tiene que ser aprobado con el Congreso, mejor lo dejaron así.
¿Por qué le dieron ese nombramiento?.
Probablemente influyó mucho el que haya sido la agente del Ministerio Público encargada de llevar el juicio contra Dante Delgado, quien fue encarcelado hace justamente 20 años, el 17 de diciembre de 1996.
A Lucia Lara le dieron posesión del cargo el 16 de diciembre; ¿coincidencia?, ¿mensaje nada subliminal?.
(Acotación al margen, el director de Reclusorios cuando Dante Delgado ingreso al penal era José Luis Lagunes López, el hoy Secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública).
Lucia Lara llegó al cargo por la misma vía que por la que accedió Jorge Winckler a la Fiscalía: Por un nombramiento hecho con otro nombre, pero para cumplir una función determinada.
Cuando la presentaron a través de un boletín, hicieron mención de que es Maestra en Derecho, pero se les olvidó incluir en su curriculum que había cubierto esta función de MP AntiDante.
Dijeron que se ha desempeñado como servidora pública en diversas instituciones del Ministerio Público, pero no mencionaron que de marzo de 2014 a la fecha fue la Coordinadora de Agentes del Ministerio Auxiliares del C. Procurador de Justicia del Estado; es decir, que estaba en el staff cercanísimo a Luis Ángel Bravo Contreras, a ese al que ahora acusan de haber fabricado culpables.
Si hubo casos sin resolver, en mucho tiene que ver Lucia Lara; si hubo fabricación de culpables, ¿qué tanto tuvo que ver?.
¿Cómo es que Lucía Lara pudo dar el brinco de un gobierno a otro?, ¿acaso ella también entrará entre los funcionarios duartistas que para asegurar la chamba o la impunidad, o ambas cosas, filtraron información privilegiada al ahora gobernador, Miguel Ángel Yunes para que armara los expedientes en contra de la administración duarte?.
Lucía Lara cuando la detención de Dante Delgado era la directora general de Averiguaciones Previas del estado, y con ese cargo le tocó parte de la recomendación 83/1998 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente por las irregularidades que detectó en la forma de llevar el caso Dante Delgado.
Lucía Lara tiene otra anotación muy llamativa en su historia de trabajo: Perdió el primer juicio oral que se realizó en el estado en segunda instancia y con ello salió libre el acusado.
El 2 de julio de 2013, los magistrados de la Primera Sala Penal del Poder Judicial, dictaron libertad a favor de Víctor García Olvera, acusado de robo de aparatos de cómputo y tubería de cobre a la escuela primaria “Mártires 28 de Agosto”, de Xalapa, por la falta de pruebas suficientes y confiables de parte del Ministerio Público, y también porque el juez de control Ariel Anastacio Robinson Manzanilla, no permitió al acusado una intervención, y ambos, por haber violado el principio de oralidad, al dar lectura a sus documentos.
Ojalá que el trabajo de Lucía Lara ahora no choque contra una situación similar que con Dante Delgado, que finalmente lo dejaron libre por la prescripción de las acusaciones, aunque en el caso de Javier Duarte podría ser por alguna otra causa evasiva.
OPLE, NO PAGA SUELDOS DE EMPLEADOS. Los consejeros del Organismo Público Local Electoral consideraron que los sueldos del personal no son prioritarios y prefirieron pagar primero la deuda con PROISI, la empresa que realizó el ineficiente Programa de Resultados Electorales Preliminares durante la elección de este año y que llegó promovida por el hoy sujeto a proceso Gabriel Deantes.
El OPLE recibió 66 millones de pesos de lo que tiene pendiente de su presupuesto, y sólo le pagó septiembre y octubre al personal de las oficinas distritales y lo hicieron porque ya se estaban revelando y no querían seguir trabajando en la organización del proceso electoral 2017.
De hecho ya hasta les reclamaban que no les quieren pagar los gastos que hacen para realizar el trabajo y en cambio sí les quieren cobrar gastos que en la dirección de Administración dicen no tener comprobados.
Probablemente los consejeros pensaron que darle unos millones a PROISI era como un pago de “marcha”, porque Gabriel Deantes ya no puede darles ordenes de que hacer, como ocurría antes.
De hecho los consejeros electorales ahora se sienten dueños de todo el pastel y quieren que “el negocio” sea solo para ellos, y por eso piden un presupuesto más que excesivo de 1,490 millones de pesos para el 2017, casi un 50% más de lo ejercido en este 2016.
Los consejeros saben bien que hay materiales que se pueden reciclar y los precios pagados a PROISI e incluso a la UNAM, pueden reducirse y hasta mejorarse los servicios; pero lo que quieren es más presupuesto para manejarlo a su antojo.
De entrada, como ya le dieron la espalda a quien los impulsó, Javier Duarte y Gabriel Deantes, sacaron a los funcionarios que estos propusieron y colocaron a personas afines a ellos:
Laura Zayden, en la dirección de Prerrogativas, llegó por Eva Barrientos; Francisco Galindo, en la dirección de Asuntos Jurídicos, lo impulsó el PAN; en la dirección de Fiscalización colocaron a Mariana Sánchez, por recomendación del consejero Juan Manuel Vázquez Barajas; en la dirección de Organización, quedó Gerardo Muñoz, impuesto por Jorge Hernández.
Pero de todos el que se sirvió con la cuchara grande fue el presidente del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla, quien puso en la dirección de Administracion, a José Lauro Villa; en la Secretaria Ejecutiva a Hugo Castro Bernabé; en la Unidad de Servicios Informáticos, Julio César Cruz Cruz; y en la Unidad de Transparencia, a Carmina Amparo Hernández Romero.
A los partidos políticos, Bonilla Bonilla ordenó que se les pague una proporción de las prerrogativas que tienen pendientes, nada más.
Tampoco están saldadas las cuentas por los arrendamientos de los edificios donde están las oficinas distritales del OPLE.
En síntesis, el OPLE sigue como una estructura muy desajustada, pero en la cual los consejeros quieren un presupuesto más que elevado, para seguirse sirviendo a cuerpo de rey.
Entre otras cosas, en el 2017 quieren cambiar por autos del año y hacer varios viajes.
Austeridad es una palabra que no tiene significado para ellos. |
