Con el arribo del 2017, el incremento al precio de las gasolinas  desató una movilización nacional que pone en jaque a las autoridades en materia de seguridad, porque la hiperactividad de los   grupos de la sociedad civil, que amparados en el descontento se han dedicado a perpetuar toda clase de  desmanes. En un modelo político agotado, basado en la corrupción e impunidad, donde la palabra justicia ha estado muy alejada de la sociedad, y bajo el pretexto (el gasolinazo), la gente ha salido por cientos a cobrar la afrenta acumulada.   En Veracruz quien vandalice o bloquee  las instalaciones de las gasolineras, así como las tiendas de autoservicio,   se les aplicará la ley,  declaró  el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, aunque se solidarizó con los que menos tienen al ser impactados por el indiscutible aumento que tendrán los insumo de consumo básico. También señaló que se respetarán las manifestaciones y sus   derechos, pero llamo a no tomar las vías de comunicación porque causan un severo daño al traslado  de enfermos, y tráfico mercancías de un lugar a otro. 

En el estado de México, así como en el centro y sur del país principalmente, se han registrado como pocas veces en la historia reciente, una escalada, con actores  realmente crispados, que por lo menos piden la salida de la presidencia de la Republica de Enrique Peña Nieto. Las redes sociales han jugado un papel importante en las convocatorias  para adoptar esta  medida. Los partidos políticos, y sus dirigentes, como el caso del PAN y el PRD, han manifestado su inconformidad ante la alza, y han solicitado al ejecutivo que reconsidere el incremento, o en su caso, que también contemple otro tipo de salario mínimo, para que atempere el impacto en los costos que se vendrán en cascada, cuando ya las autoridades responsables del  gas LP y la electricidad, anunciaron sendos aumentos. Estos impuestos son letales, porque afectan la columna vertebral de la economía de las familias, que en automático dispara la inflación, aun cuando el gobierno federal asegure que estará vigilante a través de la PROFECO.

El ejecutivo federal ha señalado que aunque entiende la molestia de la sociedad, el incremento era necesario para preservar la estabilidad económica al adecuar los precios al entorno internacional, pero que tal medida no forma parte de las “reformas ni energética, ni hacendaria”, aprobadas por el Congreso Federal. 

No está por demás  señalar, que con la reforma al sector energético, diferentes ex funcionarios del primer nivel de los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, ahora son prósperos inversionistas en compañías nacionales y trasnacionales que  participan en la extracción de petróleo y gas, a través de las licitaciones de que emite la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre otros se encuentra Rogelio Montemayor Seguy, ex gobernador de Coahuila y ex director de PEMEX, que trabaja para la empresa Strata BPS; Pedro Aspe Armella, Secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ahora funcionario de Inversiones de  Evercore México Capital Partners; Carlos Ruiz Sacristán, Secretario de SCT con Ernesto Zedillo, es presidente del Consejo de Administración de Energética NOVA; Carlos Morales Gil ex director de PEMEX, ahora es funcionario de la Empresa Petrobal; Georgina Kesell Martínez, ex secretaria de Energía con Ernesto Zedillo, es ahora del Consejo de Administración de Iberdrola; Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, es accionista de Sierra Oíl and Gas;  Ricardo Salinas Priego, dueño de TV Azteca, es socio  de Typhoon Offshore;  Felipe Calderón Hinojosa, ex presidente de México, pertenece al Consejo de Administración de Iberdrola;  Luis Téllez, también ex secretario de Energía con Zedillo, ahora es socio de  Sempra Energy. Estos son apenas algunos de los personajes que han trascendido a la opinión pública, como los nuevos  petroleros.  

Actores que pasaron del sector público a prósperos empresarios, que al difundirse sus nuevas actividades a la opinión pública, produce una evidente  rechazo social, porque utilizando sus relaciones económicas y políticas,  información privilegiada, y  tráfico de influencias, acaban por ser los beneficiarios de las reformas que publicitadas para ser palanca del desarrollo del país, y abatir la pobreza nacional,  acrecientan   un modelo  donde la  distribución desigual, solo beneficia a un grupo muy reducido, que forma parte de la élite política y económica del país. Por ahí hay que juzgar la desesperación social generalizada, que además de atenderse con la ley y las mejores formas políticas,   también es urgente  una repartición más eficaz de la riqueza,  eliminando de paso los evidentes   privilegios para unos cuantos.