El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y Trabajadores de Actividades Similares y Conexas de la República Mexicana (SNRP), es una de las instituciones más viejas que llegó a tener una delegación estatal y siete secciones en igual número de ciudades.
El caso más emblemático en materia de falta de compañerismo se dio durante el gobierno de Rafael Murillo Vidal (1968-1974), en el cual el mandatario ordenó la detención y luego encarcela al periodista Juan Zanoni de la Garza, director general de la revista semanal ¡Basta!, acusado de asesinar a homosexual en el puerto de Veracruz.
La realidad era de otro color.
El periodista criticó la falta de liderazgo y de carácter del gobernador, por dejar la dirección política y económica del Estado en manos del senador Rafael Arriola Molina.
En una de las portadas del influyente semanario independiente, publica caricatura en la que aparece el gobernador llevado de la mano de Arriola Molina.
La indiferencia con que los medios de comunicación de la época trataron el tema, obligó la creación de la Asociación de Editores y Periodistas del Estado de Veracruz (AEPEV), encabezada por Ricardo Hernández Rojas, director general de El Perico, semanario jocoserio netamente independiente, y secundado por David Ovando Spíndola, director del semanario La Cotorra.
La presión ejercida por integrantes de la comunidad de publicaciones semanales, decenales, catorcenales, mensuales, bimestrales y trimestrales, influyó a que en menos de doce meses el periodista crítico quedase en completa libertad.
La muerte del periodista José Miranda Virgen, autor de la columna Espejo del Poder, publicada en los diarios Sur, de Boca del Río y en el Diario del Istmo, de Coatzacoalcos, forma parte de la falta de solidaridad en situaciones críticas.
En el gobierno del empresario Miguel Alemán Velazco (1998-2004), denuncia en las últimas de sus leídas columnas la presencia de Jesús Albino “Don Beto” Quintero Meraz, operador del Cártel de Juárez, en residencia ubicada en el exclusivo fraccionamiento Costa de Oro, municipio de Boca del Río, a escasos metros de la casa del representante del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.
El conocido narcotraficante contaba con la protección absoluta de tres altos funcionarios del gobierno local, uno de los cuales, tenía entre sus más cercanos colaboradores a experto policía en el manejo de explosivos.
La Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz, A.C. (APEV), de la cual formaba parte sustantiva del directorio colectivo, se concretó en reconocer que “…no murió por accidente, sino que fue víctima de un atentado”.
Miranda Virgen falleció cinco días después de explotar el boiler de su casa, causándole quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo.
La APEV, organización no lucrativa para impulsar la consolidación del oficio y profesión periodísticos, desapareció en el más misterioso de los silencios, a pesar de que en el cuadro ejecutivo de la misma figuraban propietarios y directores de publicaciones de periodicidad diaria.
El gobierno populoide de Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), crea en el 2006 la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas de Veracruz (CEDP), bajo la dirección de Gerardo Perdomo Cueto y luego de tres años de altos vuelos de ineficiencia, desaparece en el 2009.
El propósito de la comisión no era complicado: evitar que la mínima agresión física o psicológica contra editores, periodistas y comunicadores, no tuvieran eco en medios de comunicación ni llegaran a las agencias del ministerio público, para contener el crecimiento de estadísticas sobre los niveles de inseguridad en el Estado.
El doble fondo del tema tenía otra intención mucho más ambiciosa: cuidar su imagen al precio que las circunstancias determinaran por aquello de las inquietudes de formar parte en la lista de aspirantes rumbo a la presidencia de la república.
El virtuoso director de la CEDP, todo lo resolvía con majestuosos “fogonazos” en efectivo, entregados con puntualidad inglesa y precisión suiza a los agredidos en aras de la libertad de expresión y de los derechos humanos.
En este periodo, el de Nopaltepec, también crea el lustroso Colegio de Periodistas de Veracruz, presidido por el periodista, escritor, editor y empresario, José Pablo Robles Martínez, propietario de los diarios Imagen de Veracruz, Diario del Istmo, revista Llave y de la agencia de noticias Imagen del Golfo, entre otras variadas empresas.
El objetivo solo tenía seis líneas de acción mediata: apoyar a periodistas para obtener certificados de instrucción primaria, secundaria y preparatoria, regularizar materias, asesorar tesis, gestionar título, tramitar cédula profesional y ofrecer diplomados sin valor curricular.
La ola creciente de agresiones físicas, sicológicas, económicas y laborales a periodistas críticos, obliga al gobierno sanguinario de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), a sacar de la manga la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y por primera vez incluye en el congreso local la Comisión para la Atención y Protección de Periodistas (CAPP).
El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), rescata la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), al proponer en la presidencia del organismo a la comunicadora Ana Laura Pérez Mendoza, autora de la columna Agenda . . ., publicada en las páginas del diario Notiver, de Veracruz.
El mandatario pone a consideración de la sexagésima cuarta legislatura el nombre de la diputada María Josefina Gamboa Toral, para asumir la presidencia de la nueva Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad Veracruzana por la Problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a Periodistas.
Gamboa Toral escribe la columna Al Aire. . ., publicada en el matutino Notiver, editado en la ciudad y puerto de Veracruz.
Los resultados de estos instrumentos más políticos y económicos que de corte jurídico, se reducen en cuatro palabras: impunidad, simulación, ineficiencia y burocracia de alto rango administrativo.
La función real de éste tipo de comisiones hasta el momento, consiste en medio proteger la imagen del gobernador en turno, medio atender a periodistas en riesgo por su ejercicio profesional, asignarse salarios elevados, inventar gastos de representación y simular apoyos económicos a comunicadores.
Ojalá y esa nube negra de complicidad, desaparezca. Ya es hora de poner las cosas en sus respectivos lugares. Ya es hora . . .
Sólo para tus ojos. . .
¿Cuántos asesinatos de periodistas han esclarecido de 1998 al 2017? ¡¿18 años de investigación. . .?!
carlos.lucioacosta@rocketmail.com
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