Uno de los mega fraudes que involucra a las últimas tres administraciones priistas y que sospechosamente el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, no parecen prestarle mucha atención es el referente al Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, en el que está implicado Tomás Ruiz González, ex director de Banobras y secretario de Finanzas y Planeación y titular de la SIOP con el ex gobernador prófugo Javier Duarte de Ochoa, con quien, por cierto, el actual mandatario panista llegó a ser una especie de hermano siamés bajo el matriarcado político de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales durante el sexenio presidencial de Vicente Fox y hasta el inicio del de Felipe Calderón.

Este escandaloso caso llama mucho la atención porque precisamente la anterior Legislatura del estado, de la que Rementería formó parte como diputado del PAN, avaló una iniciativa de Duarte, con Tomás Ruiz como secretario de Infraestructura y Obras Públicas, para renegociar un título de concesión para la explotación del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos de 37 a 45 años, con una ganancia adicional por tarifas de por lo menos 5 mil millones de pesos para el consorcio operador, con mayoría de acciones de la empresa espa­ñola Fomento de Construcción y Contratas (FCC), una firma especializada en infraestructura del transporte hídrico, cuyo socio mayoritario es el poderoso magnate mexicano Carlos Slim Helú. 

¿Acaso será por ello que Yunes y su secretario del ramo no se han dedicado a revisar a fondo este presunto trastupije que afectó patrimonialmente al municipio del antiguo Puerto México y al gobierno del estado? Y es que resulta más que sospechoso el extraño mutismo de los panistas, ya que Julen Rementería y demás compañeros de bancada votaron en contra de la renegociación de este título de concesión que originalmente había sido otorgado el 22 de septiembre de 2004 a Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos. Inclusive Joaquín Guzmán Avilés, actual secretario de Desarrollo Agropecuario y a la sazón coordinador del grupo legislativo del PAN,  declaró en esa ocasión que “lo que están haciendo es un albazo, están tratando de dejar al estado sepultado, sobre todo financieramente quebrado, totalmente.”

Este decreto –aprobado en junio de 2015 sólo con el voto de las diputaciones del PRI, PVEM, el PRD y Alternativa Veracruzana (AVE), pues Movimiento Ciudadano y el PT votaron en contra como el PAN– autorizaba concluir el túnel en un plazo no mayor a 12 meses, ­periodo que inició en septiembre de ese mismo año­, restituir el equilibrio financiero de la concesión y que la concesionaria aportara los recursos necesarios para la terminación de la obra, alrededor de 600 millones de pesos, una inversión mínima comparada con los recursos que el gobierno del estado le había aportado en los últimos dos sexenios. 

Por ello, de acuerdo con este decreto, el gobierno de Duarte sólo se comprometió a otorgar derechos de vía y permisos ambientales, así como a no destinar recursos adicionales a los que ya había aportado. Sin embargo, extender el título de concesión a 45 años generaría por lo menos 5 mil millones de pesos. 

El 11 de junio de 2015, Ruiz González firmó un memorando de entendimiento con la Concesionaria Túnel de Coatzacoalcos, y con la participación de sus accionistas, Fausto González Casado, de FCC Construcción y Concesiones Viales, y José Luis Francisco García Servín, de Construcción Infraestructura y Filiales de México. 

Para evitar problemas, sobre todo con empresas constructoras subcontratadas que hicieron el túnel y no se les liquidó un adeudo aproximado de mil 200 millones de pesos –cuyo litigio seguía vigente–, el acuerdo fue firmado antes de ser sometido a votación del Congreso local y fue catalogado como confidencial. Y es que en 2014, la firma española FCC Construcción demandó al Estado mexicano con base en el acuerdo para la protección de inversiones, al manifestar daño a sus intereses por dicho monto, derivado de la falta de aportación de recursos por parte del estado de Veracruz para concluir el túnel. 

El daño por el memorando de entendimiento firmado por Tomás Ruiz y la concesionaria también alcanzó al municipio de Coatzacoalcos, que fue excluido como beneficiario del túnel en la tercera modificación al título. En ese acuerdo, la administración de Duarte también se comprometió a gestionar ante el gobierno federal la ampliación de la vigencia de la concesión del Puente Coatzacoalcos 1 por “el máximo posible” para resolver con las demandas que la concesionaria presentó contra la entidad por la falta de pagos para cumplimentar esta magna obra. 

El túnel sumergido, único por sus características en América Latina, es comparado con la polémica Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, tanto por su retraso como por el fraude económico que ha sido acusado en diversas ocasiones. Y es que, en 11 años, el monto de la inversión en la obra de Coatzacoalcos creció más del doble: de 2 mil 66 millones de pesos proyectados en su inicio pasó a 4 mil 913 millones en 2014. Y, a principios de 2015, el gobierno del estado informó que aún se necesitaban mil 12 millones de pesos para finalizar detalles de esta obra.

¿Por qué en lugar de solicitar a la SCT que le transfiera al gobierno del estado las casetas de cobro de CAPUFE en Veracruz, el gobernador Yunes Linares no resarce este otro “robo a los veracruzanos”? ¿Será que no es lo mismo corretear y empujar a humildes jóvenes saqueadores de plazas comerciales que a los de cuello blanco como Carlos Slim y Tomás Ruiz?