Abogados muy competentes de la ciudad nos hacen notar que el Gobierno de la Alianza Unidos para Rescatar Veracruz tiene materialmente en la calle las cuestiones jurídicas oficiales, razón por la cual muchos de los asuntos que está echando a andar no procederán, serán revertidos y los perderá en materia laboral, penal y administrativa.

Los postulantes refieren que el flamante Fiscal General ha resultado más neófito que Donald Trump y ha convertido a ese órgano autónomo de estado en un sitio caótico y desolado, empezando por la reducción de personal, que en las últimas semana alcanzó los 210 cesados en Xalapa, pero que, según referencias de los propios empleados, alcanzará la cifra de 2 mil en el estado.

Este miércoles precisamente 21 agentes secretarios que laboraban desde hace 20 años fueron despedidos sin decirles agua va. Sencillamente no los dejaron entrar a sus áreas de trabajo. ¿Con qué personal piensa apoyarse el fiscal para sacar adelante la integración de carpetas en un tema tan complejo como el nuevo sistema de justicia penal, si se está deshaciendo de los expertos?

Los pisos 4º y 5º del edificio anexo a la sede central han sido vaciados de expedientes relacionados con servidores públicos y concentrados en un área de Investigaciones Ministeriales Especiales, lo cual sería lo de menos, si no se hubiera generado tal desorden que los litigantes que llegan a ver sus asuntos no reciben atención porque todo está desorganizado.

Hay quien opina que en el tema de Tarek Abdalá debió darse vista a la Procuraduría General de la República para que incoara el procedimiento. Y la reciente liberación del doctor Leonel Bustos Solís, que sus abogados calculaban que saldría en unos 3 meses, rebasó cualquier optimismo porque abandonó la ergástula pachense en sólo 10 días.

Así que tal parece que la desventurada Fiscalía General sólo tendrá como signo reconocible haber pasado de estar en manos de “Fisculín” a ser dirigida por “Fiscal-tín”, por aquella frivolidad del señor Winckler de hacer chistosa su preferencia por los calcetines de colores.

Uno de los temas torales en el nuevo gobierno es la falta de nombramientos oficiales y eso es grave.

Precisamente este miércoles 1º de febrero fueron publicadas en la Gaceta Oficial 6 edictos a través de los cuales la Secretaría Desarrollo Social rescinde contratos con tres empresas supuestamente fantasmas, Adso de México, S.A. de C.V., Comercializadora Calidadtel, S.A. de C.V., y Construcciones ambientales, S.A. de C.V.

Lo inesperado del asunto es que son procedimientos de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Social, pero suscribe los edictos la propia secretaria, Indira de Jesús Rosales San Román, afamada por el entonces gobernador electo como la maravilla de la superación, el gobierno y la administración pública. Dislates como ese están haciendo las delicias de los abogados postulantes, que se atusan los bigotes para entrarle a la defensa de los que son procesados por el yunismo.

No se diga en el tema de los cesantes, campo de los laboristas. Y aun la Contraloría General del Estado, hoy en manos de un funcionario muy responsable y ético, comparte esa devastación jurídica que asuela al gobierno. Referiremos casos perdidos y otros que ni siquiera contesta.

Los amenazados con ser llevados al bote y obligados a devolver lo robado deben estar brincando de gusto.