El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha terminado por aceptar que las cifras sobre delincuencia en la entidad se han acrecentado a tal grado que ya empezamos a figurar en los primeros sitios nacionales de violencia en lo que va del año. ¿Quién tiene la culpa de este incremento?, ¿la ausencia de estrategias eficaces en el área de seguridad pública, la intensificación de la guerra entre cárteles o la carencia de elementos policiacos para enfrentar la ola de violencia?

No es casual que se hayan incrementado las cifras en robos, asaltos, extorsiones, secuestros y homicidios dolosos; en ejecuciones que, en su momento, permitieron al mandatario señalar que la violencia era producto de una confrontación entre cárteles y que, por ello, no afectaba a la población en general: entre ellos se están matando.

Esta tendencia a criminalizar a las víctimas, mucho antes siquiera de levantar sus cuerpos de los sitios en que fueron ejecutados o en los que fueron arrojados, revela una estrategia de poder para aminorar los efectos de tantas malas noticias en la percepción ciudadana. 

Solo habrá que recordar lo sucedido en septiembre de 2011, cuando fueron arrojados 39 cadáveres en el paso a desnivel de la Glorieta de los Voladores en Boca del Río: el entonces procurador Reynaldo Escobar Pérez se apresuró a señalar a las víctimas como integrantes del crimen organizado ejecutados por bandos opuestos; el entonces gobernador Javier Duarte se atrevió a señalar en un mensaje en su cuenta de Twitter: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y matar”. Con ese mismo argumento fueron inmediatamente criminalizados la mayoría de periodistas y fotógrafos asesinados durante el fatídico sexenio duartista.

Para desgracia de los gobernantes, la percepción se ha alimentado permanentemente de hechos concretos, constatables, divulgados en el boca-oreja o a través de las redes sociales: cada día hay noticias de personas asesinadas, y ya no son casos aislados, son muy persistentes y los criminales ya no se toman la molestia de esconder los cuerpos bajo tierra o en lugares distantes o por separado, sino que los colocan a la vera de carreteras sumamente transitadas y en grupos.

Los datos que ofrece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su secretariado ejecutivo, son reveladores. El mes de enero de este año se convirtió para el país, y para Veracruz, en el más violento; respecto al mismo mes de 2016, el de este año muestra una aumento de 46 por ciento en el número de personas ejecutadas, la mayoría de ellas con armas de fuego; los datos apuntan a 50 personas asesinadas con armas de fuego, contra 27 en enero del año pasado; eso nos coloca como la cuarta entidad del país en el rubro de homicidios dolosos. Y es que, además de los ejecutados con armas de fuero, hubo otros 52 homicidios dolosos en que se utilizaron otras armas u objetos.

Xalapa y Córdoba, las regiones en máxima alerta

Que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares haya anunciado la llegada de la Gendarmería Nacional para reforzar la seguridad en dos zonas, Córdoba y Xalapa, no hace sino mostrar el pernicioso avance de las fuerzas delictivas en los municipios que tienen como centro a estas dos ciudades. Yunes Linares dijo, en conferencia de prensa al finalizar la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz, que elementos de este cuerpo federal (que vinieron a  Veracruz cuando sucedían los incontrolables saqueos a tiendas, plazas comerciales y supermercados) llegarán tal vez este lunes para reforzar la seguridad en ambas regiones

En el caso de la región de Córdoba, Yunes Linares dijo que la Gendarmería Nacional se distribuirá en los municipios de Cuitláhuac, Yanga, Tezonapa, Fortín, Orizaba y Nogales, entre otros; mientras que en el caso de Xalapa, trabajarán en los municipios de Emiliano Zapata, Banderilla, Coatepec, Teocelo, Xico y San Andrés Tlanelhuayocan.

Todo parece indicar que la emergencia en la región sur, en particular en Coatzacoalcos, donde la delincuencia estaba operando con entera impunidad, las cifras de incidencia delictiva han disminuido. La semana pasada, el mandatario veracruzano acudió a entregar armamento, equipo y vehículos a la policía local, y este domingo  el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol dio a conocer que la policía de proximidad comenzará a operar con al menos 100 elementos, en unas tres semanas y será supervisada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “En la primera etapa queremos incorporar a 100 elementos, van a estar muy supervisados por la Policía Estatal y Policía Naval para ir identificando quiénes tienen las mejores aptitudes para formarlos y orientarlos para que sean policías como tal”, expuso.

Respecto a lo de Córdoba, la cosa tiene sentido. En esta región, las cosas se han puesto más calientes que nunca. Baste señalar que de las 50 ejecuciones con arma de fuego registradas en enero, 20 de ellas (60 por ciento) ocurrieron en los municipios de Córdoba, Cuitláhuac, Yanga, Amatlán, Cuichapa, Fortín de las Flores, Maltrata y Orizaba. En dos municipios fueron desaparecidas las corporaciones policiacas municipales por la posible connivencia con las bandas del crimen organizado.

Esta región colindante con Oaxaca merece una atención especial, porque se aprovecha la contigüidad de ambos estados para –en una y otra parte–  evadir la acción de la justicia gracias al internamiento de los delincuentes en el estado vecino. Urge, por tanto, una reunión entre los gobernadores Yunes Linares y Alejandro Murat para acordar medidas conjuntas de seguridad (lo que se ve difícil, dadas las fuertes ligas entre la familia Murat y el exgobernador Fidel Herrera, quien presionaría para dinamitar cualquier acuerdo). El hecho de que acuda la Gendarmería Nacional, que tiene capacidad para moverse en todo el país, sin importar divisiones territoriales y políticas, permitiría la persecución de los criminales más allá de las mojoneras. 

Y es que uno de los problemas de la actual administración es que ha aplicado fuertemente la guadaña en la Secretaría de Seguridad Pública, despidiendo e, incluso, mandando a prisión a varios de sus elementos en todo el estado, mucho antes de formar al personal policiaco que habría de sustituir a los malos elementos. No hay policía suficiente y no se moviliza a aquellos elementos sobre los que recaen las sospechas. Por eso ha sido importante la incorporación, además de soldados y marinos, de los elementos policiacos federales a las tareas de vigilancia y ataque a los actos delictivos. Porque no solo hay que hablar de delitos del fuero común sino también aquellos del orden federal, como la operación de bandas del crimen organizado y los tipos penales relacionados con acciones que afectan a empresas estatales, como el robo, transporte y venta ilegal de combustibles.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha sido muy claro en el hecho de que la creación de varias policías municipales e intermunicipales llevará muchos meses, puesto que debe pasar por etapas como el reclutamiento, selección y adiestramiento de nuevos elementos. Mientras tanto, que el crimen nos agarre confesados.

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