Parece que, ¡por fin!, los diputados yunistas como María Josefina Gamboa Toral han caído en cuenta que ante la actual situación de emergencia financiera por la que atraviesa el gobierno del estado, ya no es posible seguir sosteniendo organismos públicos autónomos como la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), reinventada el sexenio anterior para blindar políticamente al gobernador Javier Duarte luego de la serie de atentados y crímenes contra comunicadores veracruzanos que iniciaron en junio de 2011 con la muerte del columnista porteño Miguel Ángel López Velasco.

Duarte, quien por decreto desapareció en julio de 2011 un total de 16 Organismos Públicos Descentralizados como parte del Programa de Reorganización Administrativa, paradójicamente incluyó la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, una OPD creada en la gestión del gobernador Fidel Herrera Beltrán a propuesta del editor periodístico José Pablo Robles Martínez y del académico de la Facultad de Ciencias y Técnicas de Comunicación de la Universidad Veracruzana, Ignacio Oropeza López.  

Esta OPD operaba con un presupuesto anual 80 por ciento menor al asignado después a la CEAPP, ya que los representantes de los medios impresos y electrónicos que formaban  parte de la Junta de Gobierno no tenían asignada ninguna percepción económica. Sólo tenían sueldo el director Gerardo Perdomo Cueto, un experimentado abogado que había sido delegado estatal de la Procuraduría General de la República, el cual era auxiliado por un administrador, una secretaria y otro par de abogados que se desplazaban por toda la entidad para atender de oficio los casos de periodistas agraviados que se conocían a través de los propios medios de comunicación.  

Sin embargo, no obstante que en julio de 2011 había desaparecido esta Comisión heredada por Herrera Beltrán –pues según Tomás Ruiz González, aún titular de la Sefiplan, ésta y otros 15 OPD’s ya habían cumplido con los fines para los cuales habían sido creados, por lo que era necesario generar ahorros presupuestales a fin de consolidar una administración eficiente, que hiciera más con menos recursos, que evitara duplicidades y abaratara sus propios procesos–, casi año y medio después Duarte de Ochoa inventó la CEAPP, un oneroso organismo con autonomía constitucional creado por la Ley 586 publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el 3 de diciembre de 2012, luego de la muerte de cinco periodistas ocurridas entre abril y junio de ese año, entre ellos el homicidio de la reportera Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso.

Pero política y mediáticamente la CEAPP no le fue muy rentable a Duarte, ya que en el resto de su sexenio, de febrero de 2014 a febrero de 2016, todavía fueron ejecutados otros seis periodistas en Veracruz, además de que fue implicado en otros crímenes ocurridos fuera del estado que gobernaba.

Precisamente el año antepasado, de los 11 diputados federales y senadores que el miércoles 5 de agosto de 2015 participaron durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el debate pactado sobre los homicidios ocurridos el 31 de julio de ese año en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, fue la diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del PAN, la que expuso que, como podía observarse, “a pesar de que entre sus atribuciones se encuentran las medidas de protección necesarias para prevenir la consumación de amenazas o para enfrentar riesgos inminentes y agresiones a la integridad de los periodistas”, la CEAPP “no ha sido eficaz, ya que las cifras en lugar de ir a la baja, van a la alza”, pues refirió que según el Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, de 2011 a 2014 hubo sólo cuatro países que tuvieron un número total de periodistas asesinados mayor al de Veracruz: Siria, Somalia, Pakistán e Irak.

El reportero Javier Laertes, del portal Versiones.com.mx, reprodujo el sábado 8 de agosto de 2015 unas declaraciones de la secretaria ejecutiva de la CEAPP, Namiko Matzumoto Benítez, actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien tácitamente admitió en esa ocasión el fracaso de este inútil y costoso aparato burocrático, pues a casi tres años de haber sustituido a la OPD creada en la administración del gobernador Herrera Beltrán y que Duarte de Ochoa había desaparecido en un recorte  presupuestal, no había logrado ganar la confianza y credibilidad del gremio periodístico.

Matzumoto puntualizó que “la ley dice y la Constitución –en el apartado donde corresponde a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas– que nosotros tenemos que actuar a petición de parte; eso implica que el periodista debe aceptar expresamente nuestra participación; no implica, como se ha mal entendido, que nosotros estemos esperando a que un periodista que hace pública una amenaza se acerque a nosotros, implica que para que nosotros actuemos, el periodista debe aceptar el procedimiento”.

Por ello, la entonces secretaria ejecutiva de la CEAPP  dijo que “inmediatamente” que el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril –uno de los cinco ejecutados en un departamento de la colonia Narvarte, en el DF– “hizo público que era objeto de amenazas, la Comisión entró en contacto con él, y como hacemos en todos los casos cuando tenemos conocimiento de algo similar, se le explicó cuál es la función de la Comisión, las competencias y se le ofreció activar los protocolos que fueran necesarios en su caso”. Sin embargo, Matzumoto detalló que el comunicador  “decidió no aceptarlos”, declinó “nuestra oferta” porque mantenía contacto con organismos nacionales e internacionales de defensa, por lo que no tuvieron oportunidad de activar los protocolos de seguridad que se aplican en esos casos.

La inutilidad de la CEAPP en el duartismo fue tal que no fue fortuito que en 2014, cuando el ahora diputado federal por Tuxpan, Alberto Silva Ramos, asumió la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno del estado, pretendió desaparecerla por sugerencia de algunos periodistas que ahora con Miguel Ángel Yunes Linares forman parte de ella y cobran un sueldo. Pero la intentona de Silva no prosperó ya que alguien le habría argumentado al gobernador Duarte que políticamente no era conveniente porque se mandaría un mal mensaje al país ante la muerte y desaparición de tantos comunicadores.

Ante la crítica situación financiera se esperaba que la nueva administración estatal la desapareciera; sin embargo, Yunes Linares decidió sostenerla para colocar a sus apologistas, no obstante que la diputada Maryjose Gamboa, del PAN, quien preside la Comisión de Atención y Protección de Periodistas en el Congreso local, ha dicho que ya no tendría razón de ser luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las agresiones y delitos cometidos contra los comunicadores son del fuero federal.