Y esta circunstancia no solo es preocupante por lo que se debe sino también por lo que se deja de percibir en términos de participaciones federales. En el caso de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares alertó que por ahí de septiembre prácticamente el 100 por ciento de las participaciones del gobierno federal para Veracruz sería destinado al pago de la deuda, lo que imposibilitaría el funcionamiento de la estructura gubernamental, un concepto que no solo considera a los burócratas de las oficinas públicas sino también personal médico y educativo.
Que los diputados del PRI y el PVEM hayan manifestado su disposición a reconsiderar su negativa a la autorización de la reestructuración de la deuda, por la que esta misma semana abogaron destacados priistas como el alcalde xalapeño Américo Zúñiga Martínez, puede abrir una luz de esperanza en torno a una operación que es indispensable para evitar el colapso definitivo de las finanzas públicas de la entidad, que ha hecho pensar en la posibilidad de decretar una mora en el pago de las obligaciones crediticias con los bancos, una medida impensable en el sistema político mexicano hasta ahora.
Gobierno federal apuesta por elevar impuestos locales
Y es que la situación financiera no solo es crítica en Veracruz, y no solo afecta a las finanzas estatales y federales. También los ayuntamientos han debido cargar con muchas de las consecuencias del mayor robo en la historia contra las finanzas de un estado, gracias al prófugo Javier Duarte, familiares y amigos, y todo parece indicar que al gobierno federal le interesa que tanto los gobiernos estatales como los municipales dejen de ser tan dependientes de los recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La protesta de alcaldes panistas y perredistas en demanda de recursos federales que no les fueron entregados en su momento por el último gobierno estatal priista, un movimiento que sirvió a Yunes Linares para adelantar vísperas en el dominio de la agenda política estatal en medio de la triturada gestión del hoy preso exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado, no ha tenido una solución ni la tendrá, como tampoco la ha habido para resarcir los más de 2 mil 500 millones de pesos retenidos indebidamente a la Universidad Veracruzana.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ya hace meses que está presionando a los gobiernos estatales y municipales para que diversifiquen sus fuentes de ingresos fiscales e incrementen sus montos, ante la imposibilidad de que el gobierno federal añada más impuestos que permitan financiar lo que, desde mi punto de vista, es un abuso en el gasto corriente y suntuario de los funcionarios federales, comenzando por el propio Presidente de la República.
Esta misma semana, el titular de la SHCP, José Antonio Meade Kuribreña, al participar en la Asamblea del 100 Aniversario de la America Chamber México, dijo que los gobiernos locales tienen espacio para mejorar la recaudación de ingresos propios como el predial y revertir los rezagos que haya en su cobro. “Si uno ve cuáles son los impuestos donde México está rezagado es en el impuesto predial y ese gravamen cumple con dos objetivos importantes: es fuente de ingresos relevante y se convierte en un instrumento de desarrollo urbano”, señaló.
Y, bueno, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México recauda por impuesto predial el equivalente al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 3 por ciento. Y Veracruz no es precisamente de los estados con mejor recaudación en este tema. Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), los estados que reportan la mayor generación de impuestos y derechos locales son Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Campeche y Querétaro.
Y las prsiones seguramente arreciarán, aunque en el caso de Veracruz el gobernador Yunes ha señalado que no incrementará impuestos e incluso ha desaparecido algunos. En diciembre pasado anunció un subsidio de ciento por ciento a la Tenencia Vehicular para todo su gobierno, además de la condonación total de ese impuesto de 2012 a 2016. En contra parte, en enero pasado se anunció se reinstauró el cobro del impuesto al 2 por ciento al hospedaje, que había sido derogado en 2015 y sustituido por el de 3 por ciento a la nómina.
El gobierno federal ha recriminado a los gobiernos locales no diversificar impuestos y derechos, ni elevar la base tributaria de los ya existentes, ni tampoco actualizar los valores sobre los que se calculan impuestos como el predial, que cobran los ayuntamientos. El CIEP señala que lo mejor sería que los municipios financien sus ingresos con los recursos del pago del predial y que los estados también busquen sus propias fuentes de generación de recursos.
Y es que la situación internacional, sobre todo a raíz del arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, se ha complicado severamente. El secretario de Hacienda José Antonio Meade señaló que México no tiene espacio fiscal para enfrentar el nuevo entorno de Estados Undos, por lo que, “en una evaluación prospectiva hacia futuro, debes buscar cómo fortalecer el predial como fuente de ingresos relevante”. Por ahí vendría el nuevo sacrificio de los propietarios de bienes inmuebles.
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