Durante el gobierno de Patricio Chirinos Calero, cuando Yunes Linares era Secretario de Gobierno, el control recaía en Sefiplan, asunto que fue cambiando con Miguel Alemán Velasco y descarrilado con Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa.
Con Duarte de Ochoa, incluso, hasta se llegó a decir que muchos de los ingresos que correspondían al gobierno estatal eran depositados en cuentas de terceros. Hoy sabemos que el desvío fue tan grande con Duarte de Ochoa que dejaron las arcas vacías.
Pero regresando al Decreto, ya lo había pronosticado el gobernador, cuando alguna vez dijo que no ingresaba a las arcas del estado el dinero que usuarios de hospitales adscritos a la Secretaría de Salud pagaban por certificados médicos, apoyos de consultas, etcétera, poniendo de ejemplo el hospital del puerto de Veracruz.
Pero no sólo los hospitales, tenemos también muchas instituciones educativas como los telebachilleratos, algunos tecnológicos y otras escuelas, que tienen ingresos y que no reportan al Gobierno Estatal.
Esto también va dirigido a la Universidad Popular de Veracruz (UPAV) entre otros organismos que por mucho tiempo no informaron sus ingresos totales así como a las entidades que reciban subsidio para su operación.
Pero, ¿se acabará esta práctica? ¿los meterán en cintura? Recordemos que muchos de estos recursos son manejados por los sindicatos.
Según el decreto, así será; hasta les pusieron plazo para informar de todos sus ingresos que perciban por el desempeño de sus funciones. Será de manera mensual. Mientras que las que reciben subsidio antes del día 10 de cada mes, deberán informar a la Sefiplan los gastos que pretenden aplicar.
Ahora sí, hasta los números de cuentas les serán proporcionados por la Sefiplan para depositar los recursos federales, ingresos propios, otros ingresos como los donativos en efectivo, así como cantidades destinadas al pago de indemnizaciones laborales.
El Decreto de Austeridad es claro y afirma que los ingresos adicionales que se obtengan no deberán aplicarse para contratar personal a menos de que sean necesarios para el ejercicio y operación de programas.
¿Y qué pasa si no reportan dichos ingresos?
Según el artículo 5 del mismo Decreto, se deberán informar con la finalidad de efectuar una ampliación a su presupuesto autorizado.
¿Será que ahora sí los metan al aro, o seguirán por la libre?
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