Intentar desestabilizar un estado como Veracruz a costa de la vida de ciudadanos que aspiramos a vivir en paz, que nos dedicamos a trabajar, por el solo hecho de arrebatarle el poder, es un acto no solo criminal sino monstruoso.
Lo que estamos viviendo de violencia en la entidad no se compara con nada en ningún momento de la historia de Veracruz. Periodistas asesinados y víctimas de atentados, en virtud de que este tipo de acciones son altamente rentables para desprestigiar a un gobierno. Ordenar secuestros y ejecuciones de las víctimas, como está pasando a lo largo y ancho del territorio veracruzano; alentar los enfrentamientos entre grupos delictivos para generar terror, son actos que no merecemos padecer los habitantes de esta entidad que hoy nos encontramos en un estado de indefensión, víctimas inocentes de quién sabe qué mafias del poder que ya consiguieron su objetivo: incendiar Veracruz.
Y con motivo del atentado (ojala se recupere) en contra del Jefe de Redacción del influyente diario La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares volvió a ratificar su respeto a la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo.
En un comunicado oficial, el Gobernador dice: “Entiendo y comparto la indignación de la familia, periodistas y de toda la sociedad por el artero ataque en contra de mi amigo Armando Arrieta Granados.
“Al enterarme de los hechos me trasladé a Poza Rica para establecer contacto con la familia y con los médicos que le atendieron de urgencia, quienes después de valorar su condición decidieron que fuera trasladado a la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS en la Ciudad de Veracruz, donde ahora se encuentra recibiendo atención.
“La Fiscalía General del Estado ha iniciado ya las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables de este cobarde atentado que no debe quedar impune.
“Respeto plenamente la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo. Me encuentro sumamente preocupado por los hechos recientes en contra de comunicadores.
“He solicitado nuevamente la intervención del Gobierno Federal para reforzar las medidas de seguridad en Veracruz; espero tener una respuesta positiva y oportuna”.
Eso esperamos todos por el bien de los más de siete millones de habitantes de este generoso estado, porque se restablezca la paz y la tranquilidad para continuar la vida despojados del miedo que hoy padecemos porque nadie está seguro en ningún lugar.
Que desaparezca la CEAPP
A propósito del periodista de Poza Rica baleado la madrugada de ayer, la diputada local María Josefina Gamboa Torales se pronuncia porque la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) desaparezca en virtud de que “nunca ha funcionado, por lo que es necesario replantear su permanencia”. La legisladora comenta que nunca ha funcionado como debería, convirtiéndose en un fracaso al no haber garantizado la seguridad de los comunicadores veracruzanos.
“La CEAPP nunca ha funcionado, ¡eh!, nunca”. Y es que dijo que la función del organismo no solo consiste en establecer protocolos de seguridad para el gremio periodístico, sino también la estabilidad laboral que se requiere para ejercer el periodismo.
Dijo que los 14 millones de pesos que destinan para el pago de salarios y otros conceptos de la CEAPP, es una cantidad que bien podría destinarse a otros rubros a favor de los periodistas, como fortalecer a la fiscalía especializada en delitos contra periodistas y brindar asesoría legal cuando la requieran. Sobre el atentado en contra del periodista Armando Arrieta Granados en el municipio de Poza Rica, dijo que “un periodista menos implica que algo no está funcionando bien”.
Con la opinión de la diputada Gamboa coincidimos muchos periodistas en activo, en el ejercicio pleno de la profesión, quienes consideramos que la CEAPP se convirtió en refugio de oportunistas e inmorales, por eso con mucha dignidad renunciaron Mussio Cárdenas Arellano y Raúl Arróniz de la Huerta a la nómina de ese elefante rosa.
Habla Jorge Morales
A propósito de lo anterior, el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Protección a Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, comentó ayer que en los últimos años hay por lo menos 51 expedientes de ataques en contra de reporteros de Veracruz. Se incluyen la privación de la libertad, amenazas, lesiones, robo y desapariciones.
Dijo que la situación es preocupante. Solo durante los últimos tres meses, se han reportado tres ataques a periodistas: Ricardo Monlui Cabrera, reportero asesinado de Córdoba; Israel Hernández reportero baleado en un conflicto obrero, y ahora el ataque a balazos contra el jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta.
Además, comentó que hay una alta incidencia de amenazas en contra de reporteros: “Sabemos que en el estado hay una debilidad y descomposición de las instituciones, hay fragilidad en el estado de derecho, los grupos delictivos en el estado que han ampliado sus actividades, y la impunidad es un elemento también”.
Afirmó que ante esta situación se han reunido con el fiscal general del estado, Jorge Winckler, para tratar el tema y también se ha buscado la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.
Más de Los Porkys violines
En opinión del abogado Carlos Mateos Carrasco, la resolución que emitió el juez Tercero de Distrito, Anuar González Hemadi, mediante la cual se otorgó la libertad a Diego “N”, contiene una serie de inconsistencias que dejaron en la indefensión a la joven víctima en el caso Porkys.
El presidente de la Barra de Abogados de la ciudad de Veracruz indicó que las inconsistencias se harán del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del caso al interponer el recurso de revisión que se presentará la semana entrante. Mencionó que la Fiscalía General del Estado ya interpuso el recurso de revisión en contra de la resolución que emitió el juez Tercero de Distrito, Anuar González Hemadi. No obstante, dijo que la familia de la víctima le solicitó llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de detectar que el juez federal incurrió en una responsabilidad al conceder la libertad a Diego “N”.
Mateos Carrasco informó que, “como tercero interesado, su función es interponer el recurso de revisión y de igual manera nosotros, como terceros interesados, vamos a interponer el recurso de revisión, pero no nos vamos a quedar ahí, la familia está muy indignada, muy decepcionada de este juez y me pidió que hiciéramos un análisis jurídico y de considerar que hay responsabilidad, pues que llegáramos hasta las últimas consecuencias”.
Toca retirada el Juez Porky
Mientras tanto, el Juez de Veracruz que otorgó un amparo a Diego Cruz, ha solicitado dejar el caso de Enrique Capitaine, otro de los jóvenes conocido como “Los Porkys de Costa de Oro”. Anuar González Hemadi, Juez Tercero de Distrito en Veracruz, emitió una resolución para no continuar conociendo del amparo 272/2017 promovido por Capitaine contra el auto de formal prisión. El juzgador indicó que, derivado de la sentencia que dictó en el asunto de Diego Cruz, por la que consideró que no hay elementos suficientes para acusarlo de abuso sexual contra la menor Daphne, ha sido víctima de ataques en medios de comunicación y redes sociales.
“A partir del dictado de la sentencia en el juicio de amparo 159/2017 del índice de este Juzgado, seguido en contra de un coinculpado del ahora quejoso, Enrique Capitaine, y a partir de la publicación esta semana de la nota periodística de la misma, se ha venido en contra de mi función diversos ataques por parte de los medios masivos de comunicación, sobre todo en redes sociales, donde se ha hecho alusión a mi persona con el sobrenombre del ‘juezporky’”, dice el documento.
“Diversos medios de comunicación y en redes sociales, han hecho una exposición masiva no sólo de mi persona sino también hacia mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en mi función de juzgador federal”.
Por esta razón, el juez se declaró impedido por un conflicto de interés al ser víctima de ataques hacia él y su familia, y aseguró que cualquier sentencia que dicte en el caso de Capitaine, ya sea favorable o contraria a sus peticiones, será cuestionada por la sociedad.
REFLEXIÓN
Será Patricia Ponce Jiménez, integrante del Grupo Multisectorial VIH/Sida, quien reciba el Premio Estatal de la Mujer, que otorga el Congreso del Estado. Lo anterior lo confirmó la diputada local Tania Carola Viveros, quien recordó que este viernes se va a desarrollar la sesión solemne, a la que se invitará a los titulares de los poderes ejecutivo y judicial, en la que se entregará el reconocimiento. Nada más justo para una luchadora social seria, responsable y admirable. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx formatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas |
