Además de la inseguridad –que pese al apoyo de todas las fuerzas federales sigue incontrolable en el estado– y de los escándalos mediáticos propios y de sus polémicos colaboradores más cercanos, como el fiscal general Jorge Winckler, que por otro exabrupto verbal ahora se acaba de echar encima hasta a los diputados locales del PAN y PRD cuyos partidos van aliados nuevamente en esta elección municipal, la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares sigue perdiendo credibilidad y respaldo popular también por otras promesas de campaña que no ha podido ni querido cumplir, como es el caso de la deuda institucional que el gobierno del estado mantiene con los empresarios de la industria de la construcción desde el sexenio antepasado.

A cinco meses de haber asumido el poder en medio de la gran expectativa del llamado “gobierno del cambio” que encabeza, Yunes Linares era calificado hasta abril pasado en Xalapa con 5.18 y sólo era aprobado por el 19.3 por ciento de los mil xalapeños encuestados, según el reciente sondeo realizado por Beap Estadística&Opinión Pública, de Puebla, cuyos ejecutivos recomendaron casualmente a los estrategas de la candidata a la alcaldía capitalina del PAN-PRD, Ana Miriam Ferráez, que “sin mencionar mucho a MAY manejar siempre el discurso de que Xalapa requiere seguir con el cambio que ya empezó…” 

Sin embargo, hay sectores que han pasado de la decepción al enojo. El 26 de abril pasado, por ejemplo, en un foro realizado en el Palacio Legislativo, el dirigente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Francisco Gallo Palmer, reclamó que en Veracruz “hay una deuda grande con empresarios y no se reconoce, y no es justo que empresarios y Mypimes hayan invertido su capital y ahora por distintos motivos políticos no se les reconozca, esto lo vemos como una infamia, porque afecta a miles de familias; entendemos que no hay dinero, pero sabemos que pueden reconocer los adeudos reales de obras que sí se hicieron, de anticipos que sí se ejecutaron, de obras que están ahí, sirviendo a los veracruzanos”.    

Hace un año, en mayo de 2016, en su campaña electoral, Miguel Ángel Yunes dijo en Coatzacoalcos ante empresarios y constructores del sur del estado que la deuda de la administración duartista con bancos y proveedores ascendía a más de 100 mil millones de pesos, pasivos que aseguró serían saldados mediante un análisis “de fondo”. 

En esa ocasión, Yunes Linares lamentó que los constructores veracruzanos se encontraran en crisis por la falta de pagos y de nuevas obras del gobierno del estado y de los ayuntamientos, pronunciándose por una ley de transparencia y por la promoción de inversiones para impulsar a este estratégico sector que, remarcó, es uno de los principales generadores de empleos. También prometió revisar muy cuidadosamente los trabajos realizados y aseguró que se pagaría prioritariamente a los constructores locales.

Hasta la fecha Yunes no les ha cumplido y se ve muy difícil que les pueda cumplir, pues con fecha del 10 de marzo pasado el subsecretario de Egresos de la Sefiplan, Francisco Javier Jiménez Rocha, hizo circular el oficio SSE/0666/2017 donde específicamente le notifica al director general de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Víctor Manuel Esparza Pérez, que “con motivo del cambio de administración de gobierno, se inició una revisión al estatus de las cuentas bancarias específicas de radicación de fondos públicos” y que “derivado de esta revisión, se tomó conocimiento del grado crítico de insuficiencia de recursos de origen federal y estatal motivada por el inadecuado manejo de las disponibilidades financieras que realizaron los servidores públicos de la anterior administración estatal, situación que ya fue notificada a la Contraloría General del Estado.” 

“Aunado a lo anterior, el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 aprobado por el Congreso del estado, no incorporó el saldo de adeudos fiscales de años anteriores (ADEFAS), entre ellos los correspondientes a Inversión Pública con fuentes de financiamiento de recursos federales y estatales. Ambas condiciones, es decir, la insuficiencia de recursos y la no inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, hacen legal y materialmente imposible autorizar el presupuesto inherente a los recursos que no fueron aplicados, ejercidos y/o devengados en los ejercicios fiscales anteriores, con lo que se ven comprometidas las obligaciones de pago de obras y acciones derivadas de contratos adjudicados antes del presente año”, se consigna en el oficio que firma el subsecretario Jiménez Rocha, en el cual le expone también al titular de la CAEV que “por el motivo anterior y con fundamento en los Artículos 8 Segundo Párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 176 Primer Párrafo y 200 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito informarle que los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores, tanto federales como estatales, no están disponibles para este ejercicio fiscal 2017, quedando sin efecto parcialmente las asignaciones presupuestarias que le fueron otorgadas en el año fiscal 2016 y anteriores”, detallándole los casos concretos de 14 Fondos –el de Contingencias Económicas para Inversión (Continver), correspondientes a 2014 y 2015; del Fondo Para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, de 2015 y 2016; del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016; del Fondo Regional (Fonregion), de 2015; de Obra Estatal Directa (OED), de 2014 y 2016; y de Proyectos de Desarrollo Regional A (Prodere A), de 2015, que en total suman 496 millones 546 mil 402 pesos.

“En consideración de lo anterior, esa Unidad Presupuestal deberá llevar a cabo las acciones legales y administrativas procedentes para extinguir todas las obligaciones contractuales involucradas en la situación comentada, eliminando toda posibilidad presente y futura de cualquier impacto económico que pudiera afectar aún más las finanzas públicas de Veracruz”, concluye el subsecretario de Egresos de la Sefiplan, quien a través de otro oficio, el número SSE/0801/2017, del 31 de marzo pasado, le refiere al director general de la CAEV que “como es de su conocimiento las entidades federativas deben informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales que les son transferidos mediante aportaciones federales, subsidios o convenios de coordinación en materia de descentralización o reasignación, por medio del Sistema de Formato Único (SFU) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, por lo que al respecto le informa que “el día 1° de abril del año en curso comienza el periodo de registro del informe  correspondiente al primer trimestre de 2017”, y que “en ese contexto y en referencia al oficio SSE/0666/2017 con fecha 10 de marzo, donde se informa que los remanentes presupuestales de ejercicios anteriores tanto federales como estatales no están disponibles para este ejercicio fiscal, resulta pertinente señalar que esa Unidad Presupuestal deberá proceder a realizar en el SFU el cambio de estatus de los proyectos registrados a: ‘Suspendido’, a todos aquellos de ejercicios anteriores que por el momento dejarán de recibir recursos; ‘Terminado’, los que tengan su avance físico al 100%; ‘Cancelados’, aquellos que no continuaran de forma permanente.”

“De esta manera, sólo deberán quedar en estatus de ‘En ejecución’ aquellos proyectos que cuenten con Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) emitido en el presente ejercicio fiscal 2017”, termina instruyendo el subsecretario Jiménez Rocha.