El huacho es el surco dejado en la tierra tras el paso del arado. De ahí mismo, proviene el nombre del nuevo enemigo número uno del gobierno federal y de los estados, el huachicolero, que es por suerte aquel criminal dedicado al robo de combustible.
El fenómeno del robo de combustible es tal, que hoy comunidades enteras de municipios cercanos al denominado como el triángulo rojo, al oriente de la capital del estado de Puebla, e integrada por los municipios de Acajete, Amozoc, Tepeaca, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Quecholac y Palmar de Bravo, son escenario constante de confrontaciones entre elementos de las fuerzas federales y habitantes dedicados a esta actividad ilegal.
Ya para 2015, el fenómeno del robo de combustibles representaba para la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) un costo de 128 millones de litros de gasolina, que no era integrada a sus arcas, y que comercializada a cinco pesos el litro en puestos de distribución clandestina, equivaldría a 7 millones de pesos diarios de ingreso para estos grupos delincuenciales.
Según información publicada Fabián Pulido en su Columna “Estado de Derecho” de grupo Milenio el pasado 5 de mayo del presente año “el crimen organizado ha diversificado su actividad delictiva. No conforme con el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión y la trata de personas, una de sus principales actividades es la extracción de combustible para su venta en el mercado negro: 1.9 millones de pesos cada hora es el desfalco a Pemex ¡cada hora!”
Es tan lucrativo el negocio, sin duda al amparo de las autoridades municipales, estatales y federales en algunos casos, se ha expandido a estados como Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Querétaro y Veracruz.
Recientemente el Instituto Belisario Domínguez, centro de investigación del Senado de la República, ha señalado que el robo de hidrocarburos en México ha ocasionado pérdidas económicas superiores al presupuesto asignado a la Secretaría de Energía y mayor al presupuesto que recibe anualmente la Cámara de Diputados.
A penas en 2016, se aprobó en México una ley que sanciona con una pena de 15 a 25 años de prisión a quien sustraiga ilegalmente hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos o instalaciones. También sanciona con penas de tres a seis años de cárcel a quienes alteren los sistemas de medición en la venta de gasolina o diésel. En lo que va de la actual administración encabezada por el mandatario de PRI, Enrique Peña Nieto, se han iniciado un promedio de dos mil 800 carpetas de investigación al año por este delito.
El pasado 17 de enero, el gobierno de Veracruz, junto autoridades federales decomisaron 80 mil litros de gasolinas en el Rancho “El Faisán” ubicado en el kilómetro 51 de la carretera Veracruz – Cuitláhuac, durante el operativo se decomisaron 58 pipas cargadas ya con el combustible, así como de un arsenal considerable.
Tan solo este martes, se decomisaron ocho camionetas con bidones que transportaban una banda de al menos nueve “huachicoleros”, los cuales fueron detenidos, en las que pretendían almacenar 22 mil litros de gasolina robada de ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Es evidente que el fenómeno y el delito como tal son y representan ya un tema de prioridad nacional, la pregunta sería ¿Por qué hasta ahora?, ¿Cuántos grupos más están involucrados?, ¿Qué empresarios gasolineros y funcionarios de PEMEX están involucrados?
Las dudas en este tema siguen ahí, flotando sin que la autoridad, de esbozos de precisar las cosas.
Al tiempo.
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