En esa época Miguel Ángel Yunes Linares (mayuli) estaba fuera del estado, de donde salió por conflictos con el entonces gobernador, con un fuerte desencuentro.
Pero ahora, durante el primer cuatrimestre del gobierno de Mayuli la muerte tiene el rostro de 591 personas asesinadas, por lo menos, de acuerdo con un conteo hecho por Etellekt Consultores, “a partir del monitoreo de fuentes abiertas”.
El trabajo anota que tan solo de enero, febrero y marzo de éste año se acumularon 450 casos, conforme a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), más otros 141 que se registraron durante diciembre de 2016, lo que arroja el acumulado al primer cuatrimestre de Mayuli.
De este número de muertes, la estadística registra 432 homicidios por “ejecuciones”, mientras 39 corresponden a personas “abatidas” por los cuerpos de seguridad.
También hay 49 muertes violentas registradas en asaltos, más 33 víctimas de secuestro que al final fueron asesinadas, más otras 30 personas a las que se anota como muertas en riña.
El recuento de la consultora anota además 8 muertes como feminicidios, esos que tanto se han negado a reconocer.
“El cambio de gobierno en Veracruz ha coincidido con una expansión significativa en los índices de homicidios dolosos en la entidad, principalmente aquellos cuyo móvil responde a posibles ajustes de cuentas, cobro de derecho de piso y asesinatos contra personas que podrían estar encargadas de estructuras de lavado de dinero”, apunta Etellekt.
No da mayores datos de soporte para estas aseveraciones, como en cambio si se sustenta la creciente ola de violencia.
La incapacidad para detener la ola de violencia llevó a que esta se expandiera, pasando de 58 municipios donde se presentó en diciembre de 2016, a 96,para marzo de 2017; es decir, un crecimiento porcentual del 65%.
El estudio anota 79 matanzas, o “ejecuciones colectivas” como le denomina la consultora, hechos en los que fallecieron 2 o más personas.
El cuadro macabro incluye 55 de estos hechos contra 2 personas; 12 contra tres; 5 contra cuatro personas; 4 hechos contra 5 personas; 2 de nueve personas; y 1 hecho sangriento contra 20 personas.
De los 432 casos contabilizados como homicidios dolosos en los 3 meses de este año, es notoria la mención de 178 casos de tortura; más 166 asesinatos hechos por “comandos” de dos o más sicarios.
A esto se suman 39 muertes por “niveles extremos de violencia”, lo que incluye decapitaciones, mutilaciones y cadáveres calcinados acompañados de cartulinas con mensajes de amenaza e intimidación de parte de tres grupos rivales de la delincuencia con presencia en el estado, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y el Cártel del Golfo.
El estudio también testifica que durante los primeros 4 meses del nuevo gobierno en Veracruz no se tiene registro de nuevos procesos de depuración policial y formación de nuevos oficiales dedicados de tiempo completo a atender el crecimiento de los delitos de alto impacto social.
SECUESTRO, DELITO EN CRECIMIENTO. El estudio de Etellekt presenta un alto contraste en el número de casos de secuestro contra las cifras oficiales.
El SNSP de diciembre de 2016 a febrero de 2017, reportó un total de 45 secuestros en Veracruz, en contraste con los 103 hechos de secuestro y privación ilegal de la libertad identificados por Etellekt en el mismo lapso.
Etellekt amplia sus mediciones a marzo y acumula 131 casos de secuestro.
La acción de los delincuentes llevó a que 33 de esas víctimas fueran asesinadas.
Etellekt en sus “Riesgos de seguridad para Veracruz” anota el “posible surgimiento de grupos de autodefensa”, pero apunta que estos pueden ser “financiados por organizaciones delictivas como método de presión en contra de los operativos federales y presencia militar”.
Ante su apunte, la pregunta que cabe es ¿dónde se ha visto algo así antes?.
La consultora contempla un panorama de mayor violencia, e incluso la posibilidad de que el gobierno del estado pierda control sobre sus policías y que se tengan nuevos casos de colaboración con organizaciones delictivas.
Esa baja de la incidencia delictiva que se nos prometió, no se ha dado y en cambio el panorama tiende a empeorar.
Así que lo más seguro es que los terrenales tendremos una mayor percepción de inseguridad en Veracruz.
SIN PAGAR SUELDOS EN SEDARPA Y SEGOB. En la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), donde al frente está Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, panista del mayulismo a tope, y en la Secretaria de Gobierno, donde está Rogelio Franco como titular, cacique del grupo en el poder del PRD en el estado, tienen algo en común: No le están pagando a muchos funcionarios y burócratas llegados desde el PRD.
En la Sedarpa puede ser comprensible, porque a Joaquín Guzmán no le debe importar mucho el bienestar de los perredistas, pero ¿qué ocurra esto en la Secretaría de Gobierno, donde el titular es el jefe de la banda que controla al PRD en estos momentos?; eso sí es más que sospechoso.
Lo peor es que en la Secretaría de Gobierno corrió la especie –sin desmentir hasta ahora- de que la jefa de la unidad administrativa Noreya Portilla Gumecindo, le pidió a los trabajadores de la dependencia que “cooperaran” para las campañas del PRD, restregándoles que el puesto lo tienen por el partido y reclamándoles que si no apoyaban el PRD perdería y se debilitaría por su culpa.
La filtración, prácticamente reconocida por la Secretaría de Gobierno, se la atribuyeron a la titular de equidad de género Elda Quintero Mármol, pareja sentimental del actual dirigente estatal del PRD.
Noreya, además de que no ha hecho el trabajo para dar de alta a los trabajadores y funcionarios que siguen sin cobrar, ha tenido diversas irregularidades administrativas y es ostensible su falta de sensibilidad y oficio político.
Fuentes de la misma Secretaría de Gobierno la identifican como la “recaudadora” de Rogelio Franco.
El Secretario de Gobierno, si quiere que las cosas marchen bien en su oficina, debe componer esto de inmediato.
El otro caso (por lo menos) de empleados que trabajen sin que hasta ahora les paguen, es en la Dirección Estatal de Pesca, de la Sedarpa.
Ahí fueron llevados por el director de la oficina, Joaquín Sosa Herrera, quien desde que ingresaron presentó los documentos en las oficinas de la Sedarpa en Xalapa.
Cubiertos los requisitos comenzaron a trabajar en el local que estaba frente al tianguis de Boca del Río, el cual dejaron para no seguir pagando la renta, al ser de alguien contrario a los Yunes azules.
De ahí se pasaron a unas nuevas oficinas en la calle de Allende, en Veracruz, entre Juárez y Emparan, llevando consigo la ilusión de que ahora sí ya cobrarían en la siguiente quincena, además con el retroactivo correspondiente.
Pero se les ha desbaratado cada quincena, convirtiéndose en quimera, y ahora que ya van cinco meses y medio sin recibir un peso, están en la desesperación.
Cada quincena le dicen a Joaquín Sosa que ahora si ya van a cobrar, pero nada ocurre, porque el único detalle que falta para que les paguen es la firma del titular de la dependencia, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.
Pero Joaquín Rosendo tiene por ahí, amontonado, perdido, sin ganas de encontrar y con una pluma sin tinta, el papel donde debe estampar su firma para que cobren los nuevos burócratas perredistas.
Se nota que nunca ha sido asalariado y que siempre ha estado acostumbrado a jugar con el sustento de los demás.
Ojalá que el brazo de la familia caciquil, Amado Guzmán Avilés, pierda en Tantoyuca, para ver si se sensibiliza un poco.
¿O simplemente será que los panistas sienten que el PRD ya les pesa?.
MONTANO CON OTERO CIUDADANO. Alejandro Montano, el candidato a la alcaldía de Xalapa por el PRI-PVEM, llegó a una reunión a la que no sabía como le podría ir: un encuentro con Otero Ciudadano, un grupo plural, en el que hay empresarios de varios colores, políticos de diverso sello y periodistas con diferentes tendencias, además de artistas y otros habitantes de Xalapa.
El encuentro fue dirigido por Leonor de la Miyar, presidenta del grupo, quien le dio el pase a Alejandro Montano.
Alejandro Montano Guzmán, dijo que la inseguridad es el primer reclamo de los xalapeños; si no hay seguridad, entonces no hay avance en el desarrollo social y económico. “Sin seguridad no hay nada”, puntualizó.
Su compromiso: Reducir 60 por ciento de la delincuencia en la ciudad.
La inseguridad –reconoció- limita la inversión y provoca un rezago económico.
“Cuando un empresario va a invertir requiere de un análisis delictivo, y si este no es favorable entonces no llegan a invertir a Xalapa, y por eso tenemos tanto desempleo”.
Montano salió bien de ese encuentro plural. |
