Apenas el 14 de diciembre de 2016 fue aprobado por el CUG el Código de Ética de la Universidad Veracruzana que intenta recuperar principios y valores declarados como propios de la UV, pero cuya inobservancia no trae un proceso sancionador, lo que se antoja se traducirá en una verdadera carta de buenos deseos, pues se trata de una norma que carece de “dientes” y por tanto, como decían los clásicos del Derecho, es un claro ejemplo de una norma “imperfecta”.

Llama la atención que sea en la recta final del rectorado de Sara Ladrón de Guevara y justamente en el escenario de su pretendida reelección, cuando se quiere cubrir ese flanco abierto, después de tantas faltas de ética, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.  

Recientemente han trascendido sinnúmero de violaciones a la legislación, tropelías, tráfico de influencias, nepotismo, amiguismos, compadrazgos y conflicto de intereses. En suma, un ejercicio del poder de la Rectoría, carente de ética, muy a pesar de su codificación a escasos meses de concluir el rectorado.

Veamos un caso. El ejercicio de la ética universitaria tuvo como principales destinatarios a todas las autoridades y funcionarios universitarios, y fueron algunos de ellos quienes en primer lugar la incumplieron. Para contratar un servicio o comprar un bien con dinero público, se deben seguir a pie juntillas, procesos legales ampliamente conocidos por las áreas encargadas de las adquisiciones.

Entre las disposiciones éticas universitarias, éstas sí con imposición de sanciones, que se encuentran en el reglamento para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Universidad Veracruzana, destacan las que ordenan expresamente a las unidades compradoras, abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con quienes el servidor universitario tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo parientes consanguíneos, o incluso si el servidor universitario forma o haya formado parte de alguna asociación o sociedad.

El caso es que la Rectora, en un abierto ejercicio nada ético y solapando un conflicto de intereses, permitió la contratación de una empresa que presta servicios radiológicos y de análisis clínicos y de laboratorio, de apellido Guerrero, cuando es del conocimiento público que, la titular de la unidad contratante, al momento de la contratación, formaba parte de esa sociedad civil, violando flagrantemente las disposiciones reglamentarias de la Universidad.

Otro caso. Si bien se trata más de legalidad y transparencia que deben caracterizar al proceso de sucesión rectoral, la falta de ética no anda muy lejos de este acontecimiento inusual. La honorable Junta de Gobierno decidió, por alguna razón que nadie entiende, adelantar el proceso sucesorio violando la propia Ley Orgánica y Ley de Autonomía, que establecen procedimientos y tiempos exactos para ello. Lanzó el libro blanco que contiene el ABC del proceso de designación, con lo que no solo “calentó” a la Rectora a declarar su intención de reelección, sino que expone a la institución a que su autonomía pueda ser vulnerada por agentes externos, sobre todo en tiempos políticos difíciles.

Además, en un franco desconocimiento de legalidad que se puede prestar a suspicacias y que evidencia la notoria escasez de ética con que se pueden conducir sus decisiones, en su sesión 118 del 9 de febrero pasado, la Junta tuvo la duda de si en la convocatoria para designar al Rector “es conveniente aceptar los límites de edad que dentro de los requisitos para ser Rector establece la Ley Orgánica”, lo que todavía es sometido a la apabullante votación de 6 votos contra 1.

Ante este escenario, los universitarios se encuentran verdaderamente preocupados porque en el proceso de designación de Rector, que legalmente inició el 30 de junio, la Junta de Gobierno logre una auténtica transparencia y ética en la decisión colegiada que tomarán, desde luego, respetando lo establecido en las leyes orgánica y de autonomía, así como el propio Reglamento de la Junta que señala con puntualidad la búsqueda de un juicio de idoneidad académica entre lo que necesita la Universidad y las características de los candidatos.

No estará por demás recordar a la honorable Junta que lo que ahora requiere la máxima casa de estudios es un Rector ético, que recupere los valores y principios universitarios perdidos en esta administración.

RECORTES: Los “fans” de Ricardo García Guzmán ya lo andan promoviendo para candidato a diputado local, federal o hasta el Senado de la República… La diputada Yazmín Copete no tiene llenadera. No sólo impuso a su hijo Argenis Vázquez Copete como alcalde en Santiago Tuxtla, sino que ahora la legisladora pretende imponer a su otro vástago, de nombre Julio y de los mismos apellidos del primero, como abanderado a diputado local por esa misma demarcación. Mientras tanto, Arturo Herviz Reyes, alcalde electo de Ángel R. Cabada, ya expresó su total apoyo a Andrés Manuel López Obrador, lo que sería una traición al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue quien no sólo apoyó las aspiraciones de Arturo, sino también los proyectos políticos de su amiga personalísima, Yazmín Copete. ¿O será acaso que lo de Herviz sea una amenaza para finalmente negociar y así poder imponer a Julio Vázquez Copete como postulante a representante en el Congreso local? Todo puede suceder… En el domicilio de Ana Ferraéz Centeno, ex candidata de la alianza PAN-PRD en Xalapa, que fue asaltado este martes, justo enfrente de la residencia, hay una cámara del C-4. Ya se sabrá quiénes fueron los rateros.