Aunque posteriormente el senador con licencia y alcalde electo del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, difundió un escueto comunicado confirmando que efectivamente el sábado 13 de agosto de 2016 había acudido a una comida en la ciudad de Cosoleacaque, en la que “me invitaron a hacer uso de la palabra” pero puntualizando que él no convocó “a ninguno de los asistentes” y que “a la mayoría de ellos no los conocía”, su equipo, en un principio, reaccionó bravuconamente al querer amedrentar al periodista José Ortiz Medina, editor de Versiones.com.mx, una de las publicaciones digitales que subió primero la fotografía en la que aparece el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en una reunión donde figura Hernán Martínez Zavala, el famoso “Comandante H”, capo mayor de Los Zetas en el sur del estado y parte del sureste mexicano, el cual fue capturado la semana antepasada en Tabasco por la Policía Federal al atribuírsele la presunta autoría intelectual de la ejecución de una pareja y de sus cuatro hijos, menores de edad, en Coatzacoalcos.    

Aparentemente, la reacción histérica de los yunistas se da porque la publicación de esta comprometedora fotografía ocurre en una delicada coyuntura política: justo cuando la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral ha dictaminado que 25 ediles electos de la alianza PAN-PRD, entre ellos Fernando Yunes, sobrepasaron el límite del tope de gasto de campaña permitido legalmente. 

Pero en el caso de Yunes Márquez, que le sacó una amplia ventaja a Ricardo Exhome, de MORENA, su más cercano contendiente, el dictamen del INE no les debería preocupar ya que el artículo 41 de la Constitución, reformado en 2014, estipula que “la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado...”, estableciendo además que “dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material” y que “se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.

Lo verdaderamente grave son las sospechas que genera la presencia de un capo de la delincuencia organizada del nivel del “Comandante H” en un evento post-electoral encabezado el año pasado por el hijo del gobernador Yunes Linares, el cual podría ser requerido por las autoridades federales para que declarara de dónde sacó los recursos que gastó de más en su reciente campaña municipal.

A ello parece apuntar más bien la verdadera preocupación del séquito de Yunes Márquez, que la PGR pudiera abrir una investigación sobre lavado de dinero y delincuencia organizada.

Y es que seguramente deben recordar que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto ya van dos casos de hijos de gobernadores que el Ministerio Público federal procesa penalmente por delitos similares.  

El primer caso fue el de Rodrigo Vallejo Mora, (a) “El Gerber”, hijo del exgobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, el cual fue detenido y encarcelado en 2014 por el delito de encubrimiento al aparecer en un video difundido por la agencia de noticias Quadratín, en el que se le veía acompañado del entonces líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez, “La Tuta”.  

Vallejo Mora fue condenado inicialmente a ocho años de prisión pero su condena fue disminuida a siete meses y su multa pasó de 344 mil pesos a 7 mil nueve pesos. Fue liberado el año pasado.

El segundo caso fue el de Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exgobernador panista de Sonora del mismo nombre, detenido en noviembre de 2016, casi simultáneamente junto con su padre. Los cargos que le imputaron fueron los de lavado de dinero y defraudación fiscal.  

Pero ello tampoco tendría que preocupar a Fernando Yunes, quien como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República hizo muy buenas relaciones políticas con los encargados de la PGR. Además, su padre presume de tener agarrado de los productos de gallina al presidente Peña Nieto, pues en octubre de 2016 dio a conocer que había investigado y  llegado “hasta la médula de la corrupción” y que poseía información muy comprometedora con la que amagaba “cimbrar a México” si le anulaban la elección y no lo dejaban llegar a la gubernatura.