Si el PAN suponía que al proponer esta polémica reforma iba a compartir los costos político-electorales con MORENA, pues todo parece indicar que se equivocó porque los airados reclamos de voceros eclesiásticos y de organizaciones proclericales no han sido para los diputados lopezobradoristas sino para los de Acción Nacional, a los que electoralmente más han apoyado por sus coincidencias conservadoras.
Por ejemplo, el presbítero José Manuel Suazo Reyes, director de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Xalapa, declaró que algunos diputados locales “entreguistas” traicionan a quienes votaron por ellos para complacer las presiones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).
Suazo les reprochó que “pretenden presentar y apoyar una iniciativa para asesinar niños en los tres primeros meses de vida”.
Por su parte, Arturo Segovia Flores, representante de la organización “Sí Vida, Sí Familia”, a través de un comunicado acusó al gobierno del PAN de traicionar a familias veracruzanas al buscar aprobar y legalizar el aborto.
El texto expone que el partido blanquiazul acordó en el Congreso que la diputada de Boca del Río, María Josefina Gamboa, “presentara en un binomio político con la diputada de MORENA, Tanya Carola Viveros Cházaro, la reforma para legalizar la muerte humana de los no nacidos en Veracruz”.
Además advierte que esta iniciativa, presentada este jueves 27, “pretenderán votarla en un fast track el lunes 31 de julio en la décima sexta sesión en que termina este segundo periodo ordinario de sesiones”, ya que “el primer periodo ordinario del segundo y último año de esta triste Legislatura comienza hasta noviembre”.
Pero también involucran al gobernador Miguel Ángel Yunes, al señalar que esta iniciativa “contra la vida humana es promovida por el Ejecutivo del estado”, además de implicar al presidente del Tribunal de Justicia en Veracruz, Edel Álvarez Peña; al representante de la ONU en México, Jan Jarab; a la Secretaría de Gobernación y al PAN desde la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, la cual detenta la diputada panista María Elisa Manterola Sainz, quien paradójicamente es sobrina del bien recordado sacerdote de la diócesis de Papantla, Zeferino Manterola Rojas, fallecido hace apenas cuatro meses.
Igualmente reprochan que la primera acción contra la familia y el matrimonio que los diputados del PAN realizaron fue el 17 de enero pasado, “en que ese grupo parlamentario, comparsa del Ejecutivo, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el Código Civil y establecer el divorcio incausado”.
A ver cómo les va en las elecciones del año entrante.
PRIISTAS ENDURECEN CRÍTICAS
Militantes del PRI de la llamada Corriente Crítica Democratizadora Veracruzana acaban de enviar sendas cartas al presidente Enrique Peña Nieto y a los dirigentes nacional y estatal del partido tricolor en las que expresan su “hartazgo de los gobiernos corruptos y de la impunidad”, pronunciándose por “dignificar a la clase política veracruzana que ha sido agraviada y pisoteada por la corrupción y abuso del poder de los gobiernos priistas de los últimos años y que han sido la causa principal de los penosos y catastróficos resultados de los dos anteriores procesos electorales (2016-2017)”.
Por esa razón demandan “que todos los exfuncionarios priistas y expriistas saqueadores del erario público sean sancionados administrativa y penalmente, y que devuelvan todo lo robado”, además de plantear “que todos los que aspiren a un cargo de elección, de dirigencia o elección popular, no tengan ningún señalamiento de corrupción ni se encuentren en proceso judicial”. Igualmente exigen “la inmediata renovación” de la Comisión de Procesos Internos del PRI Estatal, del Secretariado Técnico del Consejo Político Estatal, y de la Delegada del CEN del PRI en el estado”.
Pero también proponen que “se aplique y recaiga el peso de la Ley, en contra de los exdiputados que aprobaron la cuenta pública al exgobernador (Javier Duarte) y a quienes se encargaron de vigilar el control, uso y destino de los recursos públicos, por su complicidad y omisión”; que se expulse “a quienes hayan traicionado a nuestro partido participando o apoyando a otros partidos por buscar su impunidad”; que “todos los candidatos a un cargo de elección popular” cuenten “con plena identidad partidaria, solvencia moral, profesional, sensibilidad política y con espíritu de servicio social”, y que “las instancias jurisdiccionales quiten el fuero constitucional a quienes tengan señalamiento de corruptos y se aplique estrictamente la Ley.”
Este grupo de militantes del partido tricolor, del que forman parte exdirigentes estatales y sectoriales, exdiputados, exsenadores, exediles y exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, puntualizó que “seremos autocríticos dentro del priismo, para reconocer lo que hemos hecho bien y admitir en donde fallamos, para buscar corregir los errores.” |