El caso de la señora Tress forma parte de la telenovela que a fuerza de machacar en su trama ya se agotó. El “castigo a los saqueadores de Veracruz” ya no convence. Si a Yunes Linares le fue eficaz como bandera de campaña en el 2016, hoy cuando a la vista de todos la aplicación de la justicia ha sido selectiva y se procesa solo a unos cuantos y se protege a otros, aunque quiera alargar la historia, ésta ya no da para más.
El hecho público y notorio es que presuntamente el gobernante pactó con integrantes de la banda de Duarte a cambio de información y dinero para dejarlos libres e impunes y con ello echó por tierra el otrora eficaz mensaje justiciero. Ya la gente no se lo cree.
Si encabezara una administración que ofreciera resultados, obras, empleos, transparencia en su gestión, y sobre todo que hubiera frenado el flagelo de la delincuencia y la inseguridad que azota a todos los veracruzanos, otro gallo le cantaría. Pero el desencanto con la gestión de Yunes y el cambio prometido es mayúsculo. Abundan los ejemplos de este aserto en la gestión estatal, pero baste ver la actuación de la LXIV Legislatura envuelta en el escándalo un día sí y otro también, subordinada a los dictados del gobernador, como en los peores tiempos de Fidel Herrera o Javier Duarte.
Por eso con el asunto de la señora Tress, lo menos que la gente señala es que se le quiere dar atole con el dedo, porque mientras la artífice y planificadora del saqueo a las arcas públicas y el cerebro tras la trama de las empresas fantasma fue Karime Macías Tubilla, la esposa de Duarte de Ochoa, quien de acuerdo a declaraciones de Alfonso Ortega López, uno de los prestanombres del ex mandatario, realizadas el 12 de octubre de 2016 y videograbadas por la PGR, según notas de prensa nacional, las decisiones acerca de los movimientos del dinero desviado del presupuesto estatal las daba la consorte de Duarte, hoy libre de imputaciones y felizmente instalada con sus hijos y familiares en Londres.
La ex primera dama goza, para todos los efectos, con la protección del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la pasividad y anuencia de la administración de Yunes Linares en ese arreglo ilegal con Duarte. Impunidad a la señora Macías Tubilla y familiares gracias a que su marido fondeó campañas políticas del PRI, destacadamente la del hoy Presidente en 2012. Tolerancia y permisividad desde Veracruz en este turbio pacto para no afectar acuerdos políticos con la federación con miras a la elección local del 2018 y garantizar –cree Yunes Linares- que su primogénito lo sucederá en la gubernatura.
Se agotó el bono democrático y terminó el beneficio de la duda. En unos cuantos meses se los acabaron con tanto atole con el dedo a los veracruzanos.
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