El congreso del estado de Veracruz por querer tapar un hoyo forjó otro mayor, que puede generar una crisis para los ayuntamientos del estado, tan grande y tan grave, que podrá repercutir en los ingresos de los próximos gobiernos municipales.
Y la muestra de que la bola de nieve crece y amenaza con arrasar con los gobiernos municipales, fue la reunión urgente que 15 alcaldes le pidieron a la delegada de la Sedesol, Anilú Ingram, y al delegado de la Secretaría de Gobernación, Ángel Issac Ochoa, para buscar una salida.
Cierto, el problema se origina en el gobierno de Javier Duarte, cuando se dejan de entregar los recursos correspondientes a los municipios por parte del gobierno del estado y estos son desaparecidos, como decenas de miles de millones de pesos más.
Pero se deja sin resolver y se le permite crecer.
En marzo de este año el Congreso de Veracruz autorizó de manera indebida a los ayuntamientos a utilizar recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017 para el pago de obras del 2016 y como soporte utilizó el supuesto aval del Auditor General del Estado, Antonio Portilla Vásquez.
La crisis se veía venir desde entonces, pues el 23 de marzo el mismo Antonio Portilla se deslindó de ese aval, supuesto o real, y declaró que la autorización para el uso de fondos del 2017 para el pago de obras 2016 "la dio el Congreso local" y que el ORFIS sólo verificaría que el dinero no se utilizase para otros fines distintos a esa autorización, y que incluso se le pidió a los alcaldes que entregaran el listado de obras y acciones cuya deuda iban a cubrir.
Antonio Portilla sabía en el pantanal en el que entraban, por eso nunca quiso hablar de las reglas de operación de los recursos federales del FISM.
En ese entonces el inefable diputado Sergio Rodríguez, fue de los pocos que dijo que este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, era ilegal.
LA DEUDA DEL ESTADO CON LOS MUNICIPIOS. Sergio Hernández Hernández, el coordinador de la fracción legislativa del PAN, ahora rechaza la ilegalidad con el simple argumento de que se trataba de una emergencia económica.
No reconoce lo indebido del acto, porque él es quien preside la Junta de Coordinación Política, mismo órgano donde se autorizó lo indebido.
¿Y porqué es ilegal?.
Simplemente porque el Congreso del estado no puede modificar el presupuesto federal. De hecho los recursos del FISM desde que se aprueban les ponen una etiqueta del uso que se les deberá dar.
Precisamente, el desviar estos recursos para un fin distinto al que fueron autorizados, es lo que podrá meter en problemas de liquidez a los próximos ayuntamientos, porque las observaciones en el desvío y malversación de los recursos se las harán a ellos, y sobre los siguientes gobiernos municipales recaerá el recorte de sus participaciones por este mal uso.
Sergio Hernández, alfil de Miguel Ángel Yunes, defiende la aberración legislativa diciendo que los ayuntamientos deben pagar a los proveedores por las obras del 2016.
Pero nunca, absolutamente nunca, se le ocurre reclamarle al gobierno del estado que le pague a los municipios los casi 2,500 millones de pesos que les adeuda.
Si Miguel Ángel Yunes hubiera entregado aunque sea una parte de lo que se debe a los municipios, muy probablemente, esta crisis no existiría.
La crisis ya es evidente, y se hizo pública cuando se difundió que Ariel Álvarez Fernández, director general de Desarrollo Regional de Sedesol, presentó un análisis legal y determinó que los diputados locales veracruzanos cometieron una ilegalidad al autorizar a los alcaldes tomar dinero del FISM 2017, para obras del año pasado.
O sea, el reclamo vino desde las oficinas centrales.
DESTITUIR A SERGIO HERNÁNDEZ. Pero Sergio Hernández prefiere negar la realidad y tratar de desviar la vista al pasado para encubrir su pifia, su gran idea, su ideota, que resultó fatal.
Incluso busca la manera de echar la culpa a otro y acusa que Antonio Portilla hasta un dictamen le dio avalando la medida. Pues bueno, para que sea otro el que se queme en esta hoguera, que muestre el documento.
Y si no lo hace, por el tamaño de la crisis que crece, lo mínimo que se le debe hacer a Sergio Hernández es quitarlo de la coordinación de la fracción legislativa del PAN y de la Junta de Coordinación Política, como ya han pedido algunos diputados de su partido y hasta del PRD.
Sergio Hernández en lugar de tomar una posición de defensa de los intereses de los municipios, protegió los del gobernador Miguel Ángel Yunes, y promovió la contratación de nueva deuda para varios municipios.
El 9 de mayo el Congreso del Estado validó que doce ayuntamientos adquieran créditos por más de 350 millones de pesos y el 27 de julio aprobaron otro paquete de endeudamiento y de privatización de servicios de alumbrado público.
Algunos de estos municipios a los que se les autorizó más deuda son gobernados por eminentes panistas o aliados del actual régimen.
Por ejemplo, a Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Rio, le autorizaron contratar un préstamo por 100 millones de pesos.
Para Pánuco, donde al alcalde es Ricardo García Escalante –hermano del ahora diputado panista Rodrigo García Escalante-, le autorizaron dos acciones de deuda, una para la realización de obras de pavimentación por 99 millones de pesos, y el crear una asociación público-privada (APP), para cambio de luminarias, con la empresas Operadora PIA, SA, por un monto de 97 millones 150 mil pesos.
Casi 200 millones de pesos para un municipio que este año tiene un presupuesto de 229 millones 313 mil 585.96 pesos.
También está el caso de Emiliano Zapata, donde el presidente municipal es Daniel Olmos García, papá del diputado panista Daniel Olmos, al cual se le concedió permiso para obtener un crédito por 15 millones de pesos para la realización de 8 obras, que se pagarán en una década.
REUNIÓN URGENTE DE SEDESOL CON ALCALDES. Los presidentes municipales poco a poco vislumbran que la situación es problemática.
Este jueves aprovecharon el evento de los 25 años de la Sedesol, para pedirle a los delegados de la Sedesol, Anilú Ingram Vallines y de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa, una reunión urgente para tratar el tema.
Eran los alcaldes de San Andrés Tlalnelhuayocan, Coscomatepec, Hueyapan de Ocampo, Tlachichilco, Ángel R. Cabada, Zongolica, Jamapa, Juan Rodríguez Clara, Jilotepec, Huayacocotla, Atzacan, Puente Nacional, Oteapan, Teocelo y Soledad de Doblado.
El encuentro se hizo en el palacio municipal de Xalapa, aún cuando éste ayuntamiento no tiene éste problema.
Ahí el alcalde Américo Zúñiga, recordó que fue algo inédito y extraordinario que los Ayuntamientos dejaron de recibir fondos y recursos que les envío la federación, por lo que algunos municipios tuvieron que utilizar recursos del 2017 para cumplir con el pago por obras y acciones realizadas en el 2016.
Anilú Ingram reiteró que al ser dinero federal, es a la Sedesol la que le corresponde resolver los lineamientos de ley, mientras que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público maneja lo relativo a los recursos federales.
El resultado fue que Ingram Vallines acordó una reunión con el Director de Desarrollo Regional de la Sedesol, Ariel Álvarez Fernández, para el próximo 24 de agosto en la ciudad de México, en la que estarán presentes los presidentes municipales.
Américo Zúñiga, previamente había mencionado que Xalapa tiene finanzas sanas y en las mejores condiciones, proque se atendió a la deuda directa bancaria desde 2014, además de varios laudos y compromisos laborales de esta y otras administraciones.
Dijo que su administración tomó previsiones para no tocar los fondos federales que tenían un principio de anualidad, es decir, que deben invertirse en el año en que son ministrados. “La disciplina financiera que hemos implementado nos ha valido que calificadoras crediticias independientes como Fitch Ratings den a esta administración una calificación A+, otorgada solamente a cien de los más de dos mil 500 municipios del país”. |
