Hay más: los nexos del narcotráfico y el poder público no son nuevos ni se viven solamente en la esfera de los procesos electorales.
Arturo Bermúdez Zurita -preso por presunto enriquecimiento ilícito- ha sido señalado por la organización civil “Solecito” como co-responsable de desapariciones forzadas.
El 17 de enero del 2016 fue detenido Marcos Conde Hernández, a la sazón delegado de Seguridad Pública –Arturo Bermúdez era en ese momento el Secretario de Seguridad Pública del estado y por tanto su jefe- por sus nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Policías a cargo de Conde Hernández habrían atendido sus órdenes y entregado al crimen organizado a cinco muchachos inocentes confundidos con delincuentes a su paso por Tierra Blanca, Veracruz.
Los jóvenes nativos de Playa Vicente desaparecieron en enero del 2016 y sólo se encontraron restos de uno de ellos en el rancho “El limón” ubicado en Tlalixcoyan.
“El limón” es propiedad de Francisco Navarrete un sujeto que aparece fotografiado y abrazado junto a Tarek Abdala durante su campaña para legislador federal por Cosamaloapan, la que ganó avalado por el PRI.
En el rancho de marras fueron encontraron más de 3 mil restos humanos lo que comprobó que funcionaba como centro de tortura y ejecución de sicarios del CJNG.
Detengámonos aquí: ¿hay o no hay nexos del crimen organizado, de los narcotraficantes con el sector público y funcionarios electos?
¿De existir esos nexos son nuevos o han existido durante varios períodos de la historia?
¿El crimen organizado surge espontáneamente, como resultado maniqueo de la mente criminal de malos ciudadanos o es un tema estructural que se explica con elementos sociológicas, socio económicos, históricos, de corrupción que emana en parte del propio Estado?
¿El Estado del que forman parte el INE y los partidos políticos es en buena medida padre de los cárteles del crimen organizado?
La respuesta es sí y está fundamentada en numerosos estudios académicos y periodísticos a lo largo de los años.
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Durante los comicios municipales veracruzanos del 4 de junio del 2017 hubo candidatos vinculados al narcotráfico o acciones de alcaldes relacionados con el crimen organizado.
En Coatzacoalcos, Roberto Chagra Nacif fue abanderado a Alcalde por el Partido Verde Ecologista de México al tiempo de ser socio de Hernán Martínez Zavaleta “El H”, jefe de plaza de los zetas durante una década en el antiguo Puerto México y hoy preso.
¿Evitar esa acción sería papel del INE o de la SEIDO, la PGR, la SEGOB y las instancias estatales de prevención, seguridad, procuración y aplicación de justicia?
El senador Yunes Landa afirmó en rueda de prensa que el Instituto Nacional Electoral debe reducir los gastos de campaña para el proceso electoral del 2018 pero también blindar y evitar que pudieran intervenir recursos de procedencia ilícita.
Dos ejemplos más:
En Chinameca participó como aspirante a la alcaldía un ex presidente detenido años atrás por presuntos nexos con el narco.
Al momento de su captura –en abril del 2012- Martín Padua Zúñiga convivía con delincuentes plenamente identificados.
Actualmente el congreso local analiza el desafuero del alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, por ser supuesto líder de la banda delictiva “los pelones” en la sierra totonaca al norte de la entidad.
¿Es labor del INE frenar esta problemática estructural de corrupción, inseguridad, de vínculos históricos entre el narcotráfico, el crimen organizado y el poder político?
Hay organismos oficiales en México responsables de investigar el lavado de dinero.
He aquí la lista: a) la Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, (DGDFORPI) de la Procuraduría Fiscal de la Federación, b) la Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero (UECLD) de la PGR, c) la Unidad Especializada Contra la Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, d) la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y Relacionados con el Sistema Financiero, e) la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y, f) la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Las afirmaciones del senador Héctor Yunes Landa suenan muy ingenuas o direccionadas en la lógica de la partidocracia que se ha volcado como una hermana de la caridad a favor de los damnificados de los sismos de septiembre…
Ahora resulta que todos los partidos “están dispuestos” a reintegrar el dinero de los impuestos que se les asignan para su operación cotidiana y sus campañas a favor de la reconstrucción del México desvalido.
Todos saben que hacerlo implica –ahí sí le atañe la razón a Yunes Landa- una planificación, reorganización, un ajuste para dar tales pasos dentro de la ley, en los plazos correctos y con los enfoques político-social y jurídico adecuados.
El gobierno y la partidocracia han sido rebasados por la sociedad civil en materia de atención a damnificados y salvamento de vidas.
Lo saben y actúan con oportunismo en lugar de trabajar con una verdadera vocación de justicia social, política y financiera.
Son hipócritas, pues.
Pero además el Estado padece desde varias décadas atrás un severo cáncer que nace de la penetración del crimen organizado y/o de la creación e impulso del mismo desde las esferas oficiales.
Abundan los gobernadores, alcaldes, legisladores locales y federales narcos.
¿Héctor Yunes Landa no lo sabe?
Desde luego que el senador conoce esta circunstancia de ahí que su declaración contenga un lamentable tufo de oportunismo. |
