Si la señora que es una persona civil no se queda callada, los medios de comunicación tampoco nos podemos quedar callados, porque la pregunta es muy elemental:
¿En manos de quién estamos?
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como una garantía individual que la justicia se haga de manera pronta, completa, gratuita e imparcial y parece que ese concepto no ha sido bien entendido por parte del Fiscal Regional.
Veracruz no es un pueblo sin ley.
Aquí tenemos a un Fiscal General del Estado de Veracruz, que tendrá que exigir a su representante, en el municipio de Veracruz, dé respuesta lo más pronto posible a estas personas ofendidas, vejadas y tal vez hasta robadas, porque no es posible que sigamos ocupando los principales espacios y tiempos en los medios de comunicación nacionales, siempre exhibidos, señalados de corrupción, ahuyentando las inversiones, ahuyentando al turismo y a muchas otras oportunidades, porque pareciera que somos lo peor. No señor.
No obstante que la Fiscalía es autónoma, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares también debiera intervenir en este penoso caso; solicitar a esa Institución, que se investigue hasta el fondo esa retención de despensas.
Para evitar suspicacias, que las devuelvan cómo se las llevaron, exactamente las mismas; como cuando prestas cien pesos y no quieres que te entreguen cinco billetes de veinte, sino tu billete de cien pesos. Igual aquí, porque solo así demostrarían que nunca las abrieron o las cambiaron.
La justicia debe ser pronta, porque no solamente estarían cumpliendo con los inocentes que fueron objeto de esas acciones “gandallas”, sino porque urge entregar las despensas a quien verdaderamente las necesita.
Señores de la Fiscalía, como resultado de los sismos, hay en el país 100 mil damnificados que esperan la ayuda y no es posible que por algunos irresponsables, las estén reteniendo para devolverlas no sé cuándo, si es que las llegaran a entregar.
El Fiscal General perfectamente comunicado
Celebro que el Fiscal General del Estado, Jorge Winkler Ortiz, haya refrendado su compromiso de mantener en completa interactividad sus vías de comunicación oficiales, que ningún mensaje haya sido censurado, como ha sido la constante en esta administración, aunque esta dependencia tenga una absoluta autonomía al poder ejecutivo y a cualquier otro.
Lo celebro porque de esa manera debe estar enterado de lo que hacen sus subalternos y no creo que eso lo tenga muy contento.
Pero con esa apertura que manifiesta, la información le va a llegar fluida de ida y vuelta, lo que le permitirá tomar decisiones acertadas en favor de la sociedad.
En un comunicado oficial la Fiscalía dijo que en un ejercicio democrático y de equidad, en ningún momento ha bloqueado de sus cuentas oficiales a particulares o integrantes de colectivos o asociaciones civiles. Tampoco a los representantes de los medios de comunicación los ha bloqueado como medio de censura.
Quién sabe cuál es el origen o la razón de emitir ese comunicado, lo cierto es que con esa dinámica, la solución a la señora Sabrina Zárate Sáenz le va a llegar muy rápida la respuesta; y si no fuera así, volveremos a insistir a través de los portales de noticias y de las redes sociales, porque ya sabemos que el Fiscal gusta de esos canales de comunicación para estar informado.
Y no coincido con los militantes de los partidos de la oposición de la presente administración, que cuando comentan de su posible remoción, atajan la plática y dicen qué bueno que lo dejen, porque eso nos conviene, que bueno que siga al frente de la Fiscalía para cansar a la gente de todo lo que vienen haciendo. Insisto, no coincido.
El caso de Sergio Hernández podría ir a la SCJN
Hablando de esas exhibiciones innecesarias del estado de Veracruz, viene a colación el comportamiento del diputado Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local.
Este caballero, representante de otro poder independiente a las decisiones del Poder Ejecutivo, se ha mantenido necio en estar al frente de la JUCOPO violando las leyes, lo que está provocando que los otros diputados ajenos al PAN-PRD, puedan interponer una acción de inconstitucionalidad a los trabajos que ha realizado el Congreso del Estado, únicamente con la mayoría que tienen esos partidos y sus aliados.
El diputado Amado Cruz Malpica, quien en teoría debiera estar al frente de la JUCOPO, advierte que solo necesita el respaldo de 16 diputados, para llevar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Amado Cruz Malpica señaló que se están violando los reglamentos internos del Congreso e incluso la Constitución, de ahí que se opondrán a acudir a cualquier sesión convocada por el presidente ilegitimo de la “JUCOPO”.
En tanto el coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado, Juan Nicolás Callejas Roldán, afirmó que la sesión extraordinaria del jueves pasado fue ilegal.
Algo no cuadra dentro del Congreso que las cosas pueden perder control en los próximos días. Pero qué necesidad.
Mientras tanto, Sergio se promueve en carteleras espectaculares, según él de manera muy discreta. ¿Será que ahora quiera ser diputado federal?
Amenazas de cárcel para ahuyentar a los acreedores
Iniciamos el mes 11 del gobierno del cambio, pero esa expresión sigue siendo un eslogan de campaña política de 2016, es decir, estamos iguales o peor, no hay ese cambio que tanto se pregonó.
Y tenemos que decirlo, tenemos que reclamarlo, porque somos víctimas de un “fraude” político todos los veracruzanos.
En Veracruz no hay obra pública desde hace más de seis años, no se ve movimiento, no se ve inversión, no se ven los empleos que se dijo que habría.
Los que mantenían el trabajo y los empleos están descapitalizados, piden que les paguen, pero si usted se mete a la página de internet donde aparece el instructivo, para hacer esos cobros, la amenaza de encarcelar a los que se atrevan a cobrar indebidamente se hace presente una y otra vez.
En lo estricto esa amenaza no debiera existir.
Nadie puede o debe cobrar al gobierno lo que no merece o lo que no le deben. Pero eso no se puede hacer en ningún otro negocio, porque quien lo haga incurre en un delito que debe ser castigado.
Es decir, esas amenazas son algo así como una forma de ahuyentar a los acreedores.
Si todos hiciéramos o aplicáramos ese modelo, llevaríamos a la quiebra a cualquier empresa o institución bancaria.
En dos años difícilmente va a haber un cambio, pero la forma de gobernar será la forma de abrir las puertas al sucesor y, como vemos, todo lo están complicando para quien sueña heredar la silla del palacio de gobierno. |
