Como ha quedado en evidencia desde que iniciaron los procesos judiciales en su contra, los diputados federales duartistas implicados directamente en el desvío de recursos del erario del estado de Veracruz, reciben una descarada protección de parte del Partido Revolucionario Institucional para evitar que sean llevados a juicio por sus tropelías.

Nuevamente, el presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, el priista Ricardo Ramírez Nieto, adelantó que el dictamen que presentará sobre la solicitud de desafuero para el ex tesorero estatal y actual legislador federal por Cosamaloapan, Tarek Abdalá Saad, será en sentido negativo.

El ex funcionario, uno de los integrantes del círculo más cercano del matrimonio Duarte-Macías, está acusado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de los delitos de peculado y desvío de recursos públicos por más de dos mil millones de pesos. 

Además, su nombre también figura en la mayoría de las denuncias que desde 2014 presentó la Auditoría Superior de la Federación en contra del Gobierno de Veracruz y que en ese entonces fueron “congeladas” por la Procuraduría General de la República. Todavía no era conveniente el “sacrificio” de los duartistas corruptos, con todo y que la evidencia del desfalco ya era gigantesca. E inocultable.

A pesar de lo anterior, el diputado Ricardo Ramírez Nieto se escuda en presuntas pifias de la Fiscalía General del Estado, que según su dicho, habría presentado información incompleta en las carpetas de investigación sobre el caso de Tarek Abdalá, contra quien, por ende, habría insuficiente carga de pruebas como para retirarle la protección del fuero constitucional del que goza como legislador. Cuando también existen, como ya mencionamos, denuncias desde el ámbito federal.

En respuesta, la Fiscalía General del Estado afirmó que cuenta con datos de prueba suficientes para ejercitar acción penal en contra del ex tesorero duartista y que “en el hipotético caso de que aún falte concluir la investigación en contra del señor Tarek ‘N’, de acuerdo a los artículos 321 al 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales (sic), la Fiscalía estatal está en condiciones de continuar la investigación y allegarse de nuevos datos de prueba para sustentar la correspondiente acusación formal, culminando así la etapa de investigación complementaria con la audiencia intermedia”.

Más allá de las argucias legales de unos y los yerros procedimentales de los otros, lo que es un hecho es que sí existen elementos suficientes para desaforar no solamente a Tarek Abdalá, sino a varios otros ex servidores públicos estatales, que llevaron a Veracruz al lamentable estado en que se encuentra y que hoy, escudados en el fuero, buscan evadir la aplicación de la ley apoyados por su partido, el Revolucionario Institucional, cuyo compromiso con la transparencia y el combate a la corrupción es un mero discurso, palabras vacías en víspera de elecciones.

Por lo pronto, otro de los ex duartistas indiciados y que también enfrenta una solicitud de desafuero, el diputado federal por Tuxpan, Alberto Silva Ramos, busca “transar” con el gobierno estatal como lo han hecho varios de sus ex compañeros de gavilla, para lo cual estaría aportando información que incrimina en varios delitos a quienes fueron sus colaboradores, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en la Coordinación General de Comunicación Social.

Lo que sea, con tal de garantizarse impunidad y evitar compartir celda con sus “amigos” en Pacho Viejo.

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