Era diciembre del 2015. Las expresiones de protesta contra el gobierno estatal eran recurrentes y cada vez más violentas. Los reporteros abordaron al secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado:
- Señor, ¿quién ordenó el operativo para replegar a los pensionados que se manifestaban en la avenida Enríquez?
“El Secretario de Gobierno”, respondió.
Más tarde daría una versión más completa:
“Primero es el diálogo. Si no, tenemos que hacer que se respete el orden, y el derecho de terceros, es prioridad. No fue un acto de represión, fue solo un repliegue. No hubo heridos, no hubo lesionados, simplemente tenemos que meter el orden público”.
Flavino Ríos se dice convencido de haber hecho lo correcto, sin embargo, han transcurrido casi dos años y la etiqueta de “represor”, de haber ordenado “que golpearan a ancianos”, no se la puede quitar.
Esta semana el gobernador de Veracruz tuvo un gesto similar. Elementos de la Policía estatal, los mismos que en aquella ocasión arremetieron contra jubilados, ahora atacaron a pobladores del municipio de Coxquihui, quienes bloqueaban una carretera, para exigir que las autoridades atendieran un severo cuadro de enfermedades respiratorias que ya había costado la vida de al menos dos menores, pero que mantenía en estado crítico a otros diez.
“Yo ordené el desalojo y que se procese a las personas que bloquearon; es una decisión que yo asumí”, respondió orgulloso Yunes Linares.
“No pedían medicinas, pedían un laboratorio que se instalara en Ojite de Matamoros y eso es imposible porque los laboratorios están en los hospitales no en las comunidades y las pruebas clínicas se hicieron en un hospital”.
Eso fue suficiente.
- ¡Ah! ¿No se quitan? Ahorita van a ver que sí.
Y los granaderos avanzaron portando casco, caretas, con el escudo en la siniestra y el tolete en la diestra. Y lo dejaban caer contra todo aquel que se negara a retirarse de la vía pública.
Identificaban a los líderes del movimiento y lanzaban contra ellos a grupos de cinco elementos. A esos los arrastraban hasta las patrullas y se los llevaban.
Miguel Ángel Yunes admite que fue él quien ordenó el desalojo, pero culpa de la violencia a los dirigentes de Morena, y al alcalde de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega.
Hay múltiples grabaciones del momento del desalojo. En todas ellas se escucha el grito de la población: “¡Queremos médicos, no policías! ¡Queremos atención para nuestros hijos!”.
Yunes Linares asegura que el bloqueo “impedía el paso a médicos y enfermeras” e insiste en su discurso: “No hay argumento (que valga) para bloquear carreteras en Veracruz, ni en ningún lugar”.
Este es el gobierno del cambio, que les responde con el garrote a los que reclaman atención; que opta por reprimir antes que dialogar; que somete, en lugar de concertar.
Aquellos que siguen preguntándose dónde está la policía cuando se les necesita, dónde está cuando se registran asaltos y ataques a la sociedad. Ahora ya lo saben: Están dedicados a reprimir cualquier expresión de protesta, cualquier reclamo.
Este gobierno no sólo no admite la crítica, sino que embiste contra aquel que se atreva a realizarla.
El veracruzano deberá decidir si quiere otros seis años de lo mismo.
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Epílogo.
Ya hay avances en las gestiones que inició el senador Héctor Yunes Landa para beneficiar al gremio periodístico de Veracruz. Este martes el legislador se reunió con el Director del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa y se dieron los primeros pasos para conseguir que esa institución le brinde a los comunicadores servicios de salud y funerarios. Bien. *** Asegurar que por reprimir a los manifestantes de Coxquihui los policías estatales descuidaron sus tareas, sería una exageración. Acá, en Xalapa, otro grupo de eficaces uniformados se dedicaron a saquear –perdón- a “catear” las residencias y oficinas que, según la Fiscalía de Veracruz, son propiedad de Arturo Bermúdez Zurita. No olvidemos que una de las prácticas más comunes del gobernador de Veracruz (y jefe del “autónomo” Fiscal) es aquella que reza: “Ladrón que roba a ladrón, tiene cien años de perdón”. *** La mañana de este martes fue encontrado un cuerpo sin vida, maniatado y con huellas de tortura, en el basurero de San Juan Evangelista; más tarde fue identificado como Joel Ovando Hernández, transportista que había sido sacado por la fuerza de su hogar por un comando armado. *** Otro cadáver, en similares condiciones, aunque éste envuelto en una cobija, fue hallado cerca del basurero de Jáltipan. *** En Sayula de Alemán, en el rancho El Amate, un comando armado ejecutó al mayoral, identificado como Marcial Baruch Vidal. Los sicarios vestían ropas de camuflaje y portaban armas de alto poder. *** En Cosoleacaque, un taxista fue asesinado a balazos en la calle Ignacio Zaragoza, de la comunidad San Pedro Mártir. Al menos un par de sujetos se acercaron a la víctima y sin cruzar palabras dispararon en su contra. *** Cuatro crímenes en un solo día, en el sur de la entidad, pero no se preocupe, ya nuestra policía tiene sometidos a los pobladores de Coxquihui, que se atrevieron a pedir atención para sus enfermos.
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