La violencia que hoy vive Veracruz, la peor de los últimos 20 años, nos ha dejado una sociedad fragmentada y temerosa. El gobierno de Veracruz se muestra como un principiante indolente no sólo en materia de prevención de los hechos delictivos que la provocan, sino que padece de una absoluta incapacidad para investigar y castigar a los responsables de los periodicidios, los feminicidios y ahora de los infanticidios que agobian a toda nuestra entidad.

Ciertamente al iniciar este gobierno, Veracruz ya ocupaba el primer lugar nacional en asesinatos a periodistas, sin embargo es de significarse que mientras con Duarte asesinaban a un periodistas cada cuatro meses, con Miguel Ángel Yunes matan uno cada sesenta días.

Hace algunas semanas referíamos que ser mujer en Veracruz implica un riesgo permanente porque viven en una condición de vulnerabilidad nunca antes vista, consecuencia de la violencia y la inseguridad que se ejerce sobre ellas sólo por su condición de género. Los números son terribles: el promedio de asesinatos de mujeres en este gobierno estatal es de 20 al mes y tan sólo en el mes de agosto fueron 23.

Lamentablemente esta condición no es exclusiva de las mujeres. Ahora se suman los asesinatos de niños. En las últimas semanas, derivado de una serie de eventos de violencia, los infanticidios han crecido de manera alarmante.

Durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes un número muy importante de niños han perdido la vida en Veracruz. Niños que no forman parte de la delincuencia organizada y que su único delito es haber nacido en nuestra entidad, con el peor gobierno en su historia. Peor, incluso, que el de Duarte.

En lo que va de este año, la espiral de violencia en Veracruz ha cobrado la vida de al menos veinte niños y adolescentes, de entre tres y 17 años de edad. Estas víctimas inocentes, pasaron de ser un daño colateral –como lo han querido ver las autoridades- a un blanco de la delincuencia organizada, ya que muchos de ellos fueron asesinados mientras veían la televisión o atendían el negocio familiar. Es decir, no se trató de una muerte circunstancial.

Basta recordar uno de los crímenes más violentos cometido en la ciudad de Coatzacoalcos en junio pasado, donde cuatro menores de entre tres y seis años fueron asesinados mientras estaban en la sala de su casa. En esa misma ciudad, apenas la semana pasada falleció una niña de cuatro años como consecuencia de dos tiros en la cara.

A todos ellos se suman al menos otros 12 casos que se denunciaron a lo largo de la entidad, entre febrero y junio de 2017.  

Para justificar su incapacidad, el gobierno del estado ha insistido que esta violencia creciente –la que no se resolvió en seis meses como se había prometido-, es resultado del ajuste de cuenta entre delincuentes. Que la sociedad civil está a salvo de esta guerra entre grupos delincuenciales.

Ahora solo nos falta que el gobierno "del cambio" se quiera sacudir la responsabilidad de los infanticidios argumentando que los niños asesinados eran una especie de fuerzas básicas del crimen organizado.

Hay muchos grupos no gubernamentales que pugnan por los derechos humanos. Entre ellos, distinguimos colectivos que exigen el esclarecimiento de los homicidios de periodistas. Colectivos que exigen castigos ejemplares a los feminicidas, pero, y a los niños, ¿quién los defiende?

Debemos reconocer que no estamos protegiendo adecuadamente a nuestros niños. El infanticidio en Veracruz se está convirtiendo en una práctica común. Lamentablemente la barbarie tomada de la mano de la indolencia del gobierno "del cambio" nos tienen en un jaque permanente.

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