Hemos estado tan atribulados por los enormes hoyos financieros que dejó, hasta el último año de su gestión, el desgraciado gordo que descansa de su cleptomanía en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que nos olvidamos de los presidentes municipales, a quienes no les bastó ver las tribulaciones del expriista que debió huir junto con su mujer, Karime Macías de Duarte, como Bonnie and Clayde, y siguieron despachándose con la cuchara grande de sus tesorerías.

El presunto daño patrimonial detectado en la cuenta pública de 2016, en 121 ayuntamientos, rebasa los 634 millones de pesos, y solo se salvan 91 comunas a las que se les han hecho observaciones administrativas. El grave problema es que el 50 por ciento de la suma en capilla ha sido detectada en solo 13 ayuntamientos, seis de ellos en territorios serranos con altos índices de pobreza y pobreza extrema, lo que hace paradójico el mal manejo de los recursos públicos.

De entre los ayuntamientos con más graves problemas para sustentar sus ejercicios presupuestales del año pasado (y que tendrán un año más para preocuparse por lo que se desprenda de la cuenta pública de 2017), destaca Cosamaloapan, gobernado por la alcaldesa priista Adriana Maass Michel, que presenta un posible daño patrimonial por cerca de 134 millones de pesos. Su triunfo, sobre el candidato del PT por poco más de 500 votos, significó el arribo de la primera mujer a la alcaldía de este municipio cuenqueño, y que ha significado un verdadero desastre.

Joaquín Caballero Rosiñol, alcalde priista de Coatzacoalcos, tendrá que responder a satisfacción por las observaciones por presunto daño patrimonial que la Legislatura ha presentado y que tienen un monto superior a los 50 millones, mientras que en el mismo sur del estado, los alcaldes Ponciano Vázquez Parissi y Jorge González Azamar tendrán que hacer lo propio para justificar montos no comprobados por más de 41 y de 40 millones de pesos, en los municipios de Cosoleacaque y Catemaco, respectivamente. Ponciano tendrá la ventaja de que su hermano Cirilo, ambos hijos del excacique del sur Cirilo Vázquez Lagunes, lo sustituya en las riendas del ayuntamiento, lo que significará una mano amiga para ocultar posibles quebrantos financieros.

POLVO DE GIS

De piel muy fina. El 24 de mayo de 2016, días antes de los comicios para elegir Gobernador de Veracruz, el portal Animal Político destapó la cloaca del multimillonario desvío de recursos públicos por parte del gobierno de Javier Duarte, utilizando empresas fantasmas. Esa revelación fue oro molido para el entonces candidato de la alianza PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, quien usó esa información para reforzar sus acusaciones y la base más firme de su campaña: actuar contra la corrupción. Dieciséis meses después, el director de ese mismo portal, Daniel Moreno Chávez, acusó a Yunes en Xalapa de practicar la justicia selectiva, gobernar con opacidad y tener nulos avances en materia de seguridad. En respuesta, el góber atribuyó lo que consideró como mentiras a una estrategia del periodista para tener mayor visibilidad. ¿Cómo lo ve?

Manuel Rosendo, de San Andrés Tuxtla, un caso patético

Quien la tiene difícil es el alcalde priista de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, con observaciones de posible daño patrimonial del orden de los 35 millones de pesos, solo en 2016. Es el mismo alcalde que, desde que tomó posesión, gestionó un préstamo de 300 millones de pesos para obras espectaculares, aunque todo mundo consideraba que se irían al financiamiento de campañas electorales en la región.

Por presiones del exgobernador Javier Duarte, la Legislatura le aprobó endeudar al ayuntamiento por poco más de 200 millones (más del 66 por ciento de su presupuesto anual) para la construcción de un bulevar de cuatro carriles (que no se construyó), una unidad deportiva (que en los pasados vientos del norte vio caer el techo de lámina de su alberca semiolímpica) y el cambio de luminarias.

En septiembre pasado, el alcalde electo de San Andrés, el independiente Octavio Pérez Garay, interpuso en la Fiscalía General del Estado dos denuncias en contra de Manuel Rosendo, la primera por favorecer una adjudicación directa a la empresa Luminarias de Veracruz por un contrato de 36.9 millones de pesos, y la segunda por uso de empresas fantasma para la licitación y adjudicación directa de varios contratos en la Comisión Municipal de Agua Potable.

Seis municipios pobres, con alcaldes ricos

Siguen en la lista los alcaldes de seis municipios pobres, para cuyas poblaciones la gestión corrupta de sus ayuntamientos ahonda su marginación. Son los alcaldes Reveriano Pérez Vega, de Coxquihui (presunto daño por más de 27 mdp); Víctor Espinoza Tolentino, de Ixhuatlán de Madero (más de 18 mdp); Jesús Cruz Hernández, de Mecayapan (más de 18 mdp); Víctor Salomón Carmona, de Chinameca (más de 17 mdp); Benito Picazzo Pérez, de Coyutla (más de 12 mdp), y Adanery Medina Guerrero, de Tezonapa (más de 10mdp). Al mafioso alcalde de Coyutla, en la sierra de Papantla, le ayudará que su hermano y cómplice en sembrar el terror en el Totonacapan, Basilio Picazo Pérez, es diputado local y acaba de pasarse a la fracción parlamentaria del PAN, por lo que seguramente serán protegidos por el “gobierno del cambio”.

Completan la lista de los trece alcaldes con más observaciones en la cuenta pública de 2016, José María Ramón Aguirre, de Isla (más de 10 mdp) y Octavio Jaime Ruiz Barroso, de Alvarado, también por más de 10 millones de pesos.

En conjunto, estos municipios acaparan el 50 por ciento del posible daño patrimonial, al reunir en las cuentas malas más de 372 millones de pesos. A ellos se suman 108 municipios que deben atender observaciones que, de no satisfacer, deberán enfrentar a las autoridades jurisdiccionales. 

Y es que no importa que el daño patrimonial sea de 10 mil pesos, se considera un delito de servidores públicos, y en esa circunstancia está el alcalde de mi tierra, San Rafael, Héctor Lagunes Reyes, quien tiene observaciones por más de 1.5 millones de pesos, si bien contará con la protección del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como del próximo alcalde, Luis Daniel Lagunes Marín, postulado por la coalición gobernante PAN-PRD y, para mayores señas, hijo del observado.

En aquella zona destacan con observaciones los municipios de Misantla, por cerca de 4 millones de pesos; Atzalan, por más de 3.6 millones, y Tlapacoyan, por poco más de 1 millón.

Los buenos de la película

Pero no todo es malo. Aparentemente, la posibilidad de ser llamados por la justicia sin la protección de un padrino en el poder, la persistente campaña que ha copado los medios para tener buena rendición de cuentas y la existencia de alcaldes que son honestos y realmente quieren dejar una buena imagen entre sus gobernados, ha hecho que 91 ayuntamientos, más del 40 por ciento, solo hayan recibido observaciones administrativas, sin el elemento negativo de un posible daño patrimonial. 

Entre los que tuvieron finanzas sanas y sólo recibieron observaciones administrativas, destacan municipios grandes como Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Poza Rica y Martínez de la Torre, cuyos alcaldes no figuran en la lista negra del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

La Cuenta Pública 2016 refleja el presunto daño patrimonial que han cometido algunos alcaldes, pero también es el reflejo de buenas administraciones que mediante la aplicación correcta y transparente de los recursos han llevado al progreso a sus municipios, con obras y servicios que han mejorado la calidad de vida de los habitantes. Y es que estos alcaldes buscan cerrar el último año de su gobierno con cuentas sanas.

El caso de Martínez de la Torre es sintomático; ha tenido un enorme crecimiento en infraestructura urbana en los últimos cuatro años, gracias a la modernización de bulevares, alumbrado público y la creación de circuitos viales que mejoran la movilidad en uno de los municipios con mayor crecimiento económico de Veracruz.

En esa zona, también tuvieron un buen desempeño los municipios de Gutiérrez Zamora, Tecolutla y Nautla, cuyos alcaldes no fueron señalados por algún posible daño patrimonial.  

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