Todavía en el 2016, cuando se dieron a conocer los llamados Panamá Papers, que también fue otro escándalo de lavado de dinero mediante el uso de empresas fantasmas, se mencionaron por ahí la existencia de dos de esas formas de sacar dinero hacia paraísos fiscales, que incluso podrían estar operando desde Veracruz.
Pero ahora, se trata de lo que se denomina como Paradise Papers, que es el envío de millones de pesos hacia el extranjero para evitar el pago de impuestos en nuestro país, mediante la creación de alguna compañía.
El el 3 de abril de 2016, se publicó en distintos medios de comunicación en México y a nivel internacional información relativa a documentos filtrados del despacho Mossack Fonseca, con sede en Panamá, en los cuales se hacía referencia a la creación de empresas “offshore”, en países con baja o nula imposición fiscal.
Una revisión completa de los documentos, que concluyó en abril de este año, arrojó que en la información de Mossack Fonseca aparecen 328 personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México, de las cuales 65 son personas morales (empresas) y 263 personas físicas (individuos).
Así por ejemplo los recientes documentos de Paradise Papers sobre México, implican al difunto Marcial Maciel Degollado, fundador de la orden católica los Legionarios de Cristo y cuyo legado se vio empañado por acusaciones de abuso sexual infantil, quien presuntamente tenía una compañía en las islas Bermudas.
Los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères González son algunos de los nombres que aparecen en los documentos, de acuerdo con lo revelado por la revista Proceso.
Otros mexicanos mencionados son José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, así como sus hijos. Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio. Manuel Zubiria Maqueo, exdirector de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), y el banquero Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros.
Pero de los 87 mexicanos con operaciones offshore cuya situación fiscal se revisará conforme a las bases de datos que tiene el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no se ha mencionado a ningún veracruzano.
El SAT ya ha comenzado a revisar la información dada a conocer por el ICIJ y los nombres y datos están siendo analizados para corroborar las identidades fiscales de manera unívoca a través de RFC.
En este momento al SAT le corresponde verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas identificadas con actividades offshore.
Ya estamos llevando a cabo la explotación del información en nuestras bases de datos institucionales, de lo que resulte de este primer cruce se determinará cuáles son los siguientes pasos para determinar cuáles son las consecuencias en materia fiscal.
En caso de identificarse que haya algunas discrepancias entre la información de los reportes y la información que tenemos nosotros dentro de los sistemas, se iniciará el ejercicio de algunas facultades.
Al respecto, el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reiteró que la información que se reciba a través de la investigación periodística será objeto de revisión por parte de la autoridad fiscal.
Como en todos los demás casos, toda la información que nos llegue será objeto de procesos de investigación por el SAT, en los mismos términos que los fueron los Bahamas Leaks y los Panamá Papers.
Dicho de otra manera, ya se abrieron las carpetas de investigación, ahora falta que se aplique la ley y que quizás algún día, se llegue a conocer cual fue el castigo que se les dio a quienes incurrieron en la evasión del pago de impuestos, mediante empresas fantasmas, como las que han proliferado en Veracruz, donde tampoco pasó nada.
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