Con mucho menos reflectores, otros actores políticos y sociales sufrieron la persecución duartista desde las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia. En vida e incluso muertos, mediante su criminalización.
Para desgracia de los veracruzanos, esa práctica no sólo no se erradicó de la vida pública del estado con la llegada del gobierno de la alternancia. La manipulación de los instrumentos de la justicia para perseguir a los adversarios y amedrentar a los críticos se mantuvo y se convirtió en el modus operandi de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.
No es un secreto que los procesos que se les siguen a varios de los ex funcionarios duartistas que se encuentran en prisión penden de un hilo. No porque sean inocentes de los cargos que se les imputan, sino porque en la desesperación por hacer montajes judiciales para usarlos como propaganda gubernamental, se han cometido excesos y abusos como los que realizaban en el gobierno anterior. Sólo que con las reglas del nuevo sistema de justicia penal, éstos pueden terminar con la puesta en libertad de los hoy presos, sin que paguen a cabalidad por lo que hicieron en perjuicio de la entidad.
Pero el régimen ha decidido ir más allá. Al no encontrar la manera de obligar a algunos de los presidentes municipales electos del Movimiento de Regeneración Nacional para que le hagan el caldo gordo en actos públicos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha optado entonces por la intimidación y las amenazas contra los próximos ediles.
Como los munícipes electos de Morena no han accedido a ir a tomarse la foto con él en la firma de acuerdos para los que no están facultados legalmente todavía, pues no han entrado en funciones, Yunes Linares primero los amenazó con dejarles botada la tarea de la seguridad pública, como si el gobierno estatal pudiera desentenderse de sus obligaciones en la materia en todo el territorio veracruzano. Obligaciones en las que, valga decir, ni siquiera es mínimamente exitoso.
Pero en un exceso pavoroso, igual que hacía en los tiempos de Luis Ángel Bravo Contreras, la supuestamente autónoma Fiscalía General del Estado a cargo de Jorge Winckler Ortiz se convirtió en el brazo de la persecución y la intimidación a los próximos presidentes municipales que no doblen la cerviz ante el gobernador.
En particular, han dirigido el ataque en contra de quien gobernará la capital del estado, Hipólito Rodríguez Herrero, a quien la Fiscalía citó a declarar “a fin de que aporte información relativa a la privación de la vida de una mujer ocurrida en fecha reciente en el predio conocido como Santuario de Las Garzas”.
“El citatorio ministerial –señala un boletín de la Fiscalía- se extendió luego de las declaraciones vertidas a medios de comunicación, cuyo audio obra en poder de esta representación social, en las cuales se advierte que el citado cuenta con información que pudiera aportar elementos de investigación a la Carpeta iniciada para el esclarecimiento del hecho delictuoso citado. Toda vez que Rodríguez Herrero no cuenta con fuero constitucional, deberá acudir el próximo 13 de diciembre del año en curso, a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ)”.
Lo que declaró Rodríguez Herrero fue lo mismo que se ha comentado en diversos espacios noticiosos y en redes sociales desde la semana pasada, cuando fue confirmado el asesinato de Ruth Magaly Hernández: que podría tratarse de la acción de un asesino en serie y que había que investigar a fondo.
El argumento de la Fiscalía para citar a declarar a Hipólito Rodríguez es, más que frívolo, soez, de tan evidente que es la intención de amedrentar a un actor político que ha desoído, por las causas que se quiera, los llamados del gobernador.
Javier Duarte les hubiera aplaudido. Ni él lo haría peor.
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