Qué rapidez de la Fiscalía General del Estado para hacer su trabajo en casos de homicidio doloso. No habían pasado 24 horas del asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando en Acayucan, cuando los investigadores ya le habían descubierto su colaboración con una banda del crimen organizado: era criminal, tenía nexos con una organización delictiva, y los de la banda contraria decidieron darlo de baja. Nada del otro mundo en un Veracruz en que de norte a sur se andan matando los criminales.

¿Y los asesinos? Pero a quién le importa la identidad de los sicarios; son tantos circulando libremente por la entidad sin que nadie los moleste que sería perder el tiempo dedicando recursos humanos y materiales en su localización. Lo urgente, lo estrictamente indispensable para un gobierno encabezado por quien hipócritamente confrontaba a Javier Duarte por los más de 17 periodistas asesinados, era convertir este crimen en uno de orden común: Primero, descartar que Gumaro era periodista para no inaugurar el segundo y último año de gobierno con el primer comunicador caído, que se uniría a los tres del primer año, y segundo, acusarlo de criminal cuando ya no puede defenderse. ¡Así de cobardes!

En efecto, los números son crueles, señalan con dedo flamígero a quienes no pueden detener su marcha, delatan lo que se quiere ocultar: en 2017, mientras en el mundo eran asesinados 65 periodistas, México se despachaba con 12, los mismos que en Siria, donde se libra una cruenta guerra que se ceba con la población civil, como sucede en nuestro país. Superamos incluso a países con el estigma de la violencia, como Afganistán (9 periodistas muertos), Irak (8) y Filipinas (4). Ello convierte a México en el país que no está en guerra más peligroso para quienes ejercemos esta profesión.

Un tercio de periodistas asesinados en 2017, en Veracruz

De los 12 periodistas asesinados en México, cuatro han caído en Veracruz, un tercio de los casos ha ocurrido en nuestro territorio… y todos tan campantes. Con el último homicidio, sin embargo, han ocurrido situaciones sumamente graves. Una ha sido inédita: los sicarios hicieron su trabajo con entera libertad, a plena luz del día, con espectadores muy singulares, los niños de una escuela primaria que, reunidos con sus padres en el festejo navideño, atestiguaron la realidad de violencia incontrolable que padece Veracruz. Y se les debe haber quedado grabada en sus mentes infantiles para el resto de sus días que la blanca Navidad en Veracruz está teñida de rojo.  

Y es que Gumaro se suma a otros tres periodistas veracruzanos que sufrieron la misma suerte durante el primer año del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: Ricardo Monlui, columnista y reportero de El Político y El Sol de Córdoba, asesinado frente a su familia el domingo 19 de marzo; Edwin Rivera, camarógrafo hondureño ultimado en Acayucan el domingo 9 de julio cuando había decidido vivir en nuestro país por las amenazas de muerte recibidas en su país, y Cándido Ríos, del Diario de Acayucan, asesinado el martes 22 de agosto.

La otra, repetida como si estuviera en el ADN de todos los que han gobernado el estado, es la criminalización de las víctimas. Sucede no solo con los periodistas, pero ya que hablamos de ellos (de nosotros) tenemos que detenernos con el caso que ha generado la inmediata repulsa nacional e internacional. La propia Embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, escribió un mensaje sentido en su cuenta de Twitter: “Me ofende la muerte de Gumaro Pérez Aguilando de La Voz del Sur en #Veracruz. Cobardes asesinos que lo mataron frente a su hijo en una escuela primaria. Indignada por la pérdida de un valiente periodista más en México”.

Las chambitas del Fiscal

Asesinado el martes por la mañana, Gumaro halló de inmediato a un aparato de Estado que, de inmediato, lo criminalizó. Aunque Yunes, al mediodía, lamentó “la artera y cobarde agresión” que había sufrido el periodista (o reportero, según la versión oficial), ordenó al Secretario de Seguridad Pública proteger a la familia y a la Fiscalía General enviar un grupo especial para investigar el crimen, lo que hicieron los agentes ministeriales no tiene nombre.

Lo primero que hicieron fue, a través de la Fiscalía Especializada en Denuncias comunicadores, tratar de descalificar a Gumaro de su calidad de periodista: “se detectó nula actividad periodística de quien se identifica como Gumaro P. A.”, y más adelante: “no existe testimonio alguno de que el hoy finado se dedicaba a ejercer el periodismo”. “Lo anterior deriva de que en la actualidad no trabajaba para medio de comunicación alguno, ni como reportero, ni como periodista, ni como fotógrafo” (como si reportero y periodista fueran dos conceptos distintos). Y tantán, ya se liberó el expediente de un asesinato más de un periodista, de la misma manera en que lo hizo Gina Domínguez y su antiguo jefe Javier Duarte de Ochoa.

Hasta ahí, las cosas eran normales, con esa normalidad de quien está en el poder. Lo que siguió sin embargo fue realmente bochornoso no solo para el gobierno de Yunes sino para los veracruzanos: decir que era criminal. El comunicado posterior señala que “datos de prueba confirman [¿ya tenían versiones anteriores?] probable participación de Gumaro P. A. en grupo delictivo de la delincuencia organizada [y] fue ejecutado por un grupo delictivo contrario al que él servía”. Qué bajo golpe a quien no puede defenderse de esas acusaciones, con el mismo estilo con el que denigraba Duarte a los periodistas asesinados.

En lugar de investigar a los asesinos, la Fiscalía General del Estado prefirió investigar a la víctima: “los resultados de las diligencias realizadas por personal pericial, agentes ministeriales y el Fiscal Especializado, en coordinación con la Fiscalía Regional, mismos que se encuentran sustentados en un trabajo de inteligencia, investigación de campo y científico, son tendientes a acreditar que Gumaro P. A. colaboraba en actividades ilícitas de un grupo delictivo de la delincuencia organizada”.

Y concluye: “Con este sustento, las líneas de investigación establecen que fue ejecutado por un grupo delictivo contrario al que él servía, toda vez que el homicidio no tiene ninguna relación con actividades periodísticas, mismas que el occiso no desempeñaba”. ¿Investigarán quiénes fueron sus homicidas y perseguirán al grupo contrario al que pertenecían? ¿Para qué? Lo importante era desactivar los señalamientos nacionales e internacionales, algo que no podrán realizar porque los organismos locales y la propia ONU no se chupan el dedo con esta investigación patito.

¡Así de caraduras!                 

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