El lunes 30 de noviembre de 2015 el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, envió al Congreso local un paquete de iniciativas para combatir la corrupción, entre ellas una en la que se planteaba la desaparición del fuero para el gobernador, los alcaldes, los síndicos, los integrantes de Concejos Municipales, los consejeros del IVAI, los consejeros electorales, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano y el Contralor general del Estado.
Según esa iniciativa (que por incluir reformas a la Constitución local, tuvo que ser aprobada en dos períodos consecutivos, el 12 de diciembre del 2015, y el 20 de mayo del 2016) mantenían inmunidad el Fiscal General del Estado, los magistrados, los diputados y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Nada de eso sirvió.
En el mes de septiembre del 2016 los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron las reformas a las leyes locales por las que se creaba el Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz.
Con esa medida, quedó sin validez la propuesta de retirar el fuero y tampoco se permitió la creación del Comité Anticorrupción.
Los ministros consideraron fundada la acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR contra el gobierno del estado y el Congreso local, por adelantarse en la expedición de leyes locales, cuando no se había promulgado la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes reglamentarias.
En mayo de este año, el nuevo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presentó un paquete de iniciativas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, entre las que incluyó eliminar el fuero para los diputados locales, el gobernador, los secretarios, el Contralor, el Fiscal, los magistrados, los alcaldes, Presidentes de Concejos Municipales, los síndicos, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del organismo electoral; el ombudsman y los Comisionados del IVAI.
El argumento del gobernador fue que existe “una fuerte exigencia ciudadana” que reclama la eliminación del fuero constitucional otorgado a servidores públicos, “toda vez que éste perdió su sentido original y se ha convertido en un escudo para impedir la acción de la justicia”.
Este miércoles, en la última sesión del período ordinario, los diputados del Congreso local rechazaron la iniciativa del gobernador.
El dictamen, que era favorable, registró 28 votos a favor, dos en contra y 11 abstenciones, con lo que no alcanzó las dos terceras partes que se requerían para validarlo.
En contra votaron la diputada independiente Eva Cadena (a la que le fue retirado el fuero, acusada de cometer delitos electorales, y tras ser exonerada fue restituida en su cargo) y el legislador del Partido Verde, Manuel Francisco Martínez, quien esta misma semana fue acusado de haber ordenado que atentaran contra la vida de un candidato a la alcaldía de Chicontepec.
Lo extraordinario de esta votación fue que coincidieron en votar a favor las bancadas del PAN y Morena. También votó a favor el diputado de Nueva Alianza Vicente Benítez, pero las abstenciones de legisladores priistas, lo mismo que los que integran el grupo “Juntos por Veracruz”, además de la ausencia de los diputados del PAN Arturo Esquitín, Daniel Olmos y Cinthya Lobato, evitó que se lograran los sufragios necesarios para aprobar el dictamen.
Los argumentos para rechazar esta propuesta fueron más bien de forma. Argumentaron que se trataba de una iniciativa “oportunista”, por darse en tiempos electorales, y que se contraponía con disposiciones en el ámbito federal.
Lo cierto, lo realmente importante de este golpe, fue el riesgo de que todos estos servidores públicos quedaran a merced de los arranques de cólera del gobernador de Veracruz y su sicario jurídico, Jorge Winckler.
“Si así es peligroso (el gobernador), imagínate que se sepa capaz de meternos a la cárcel con cualquier pretexto. ¡Estaríamos dándole más armas!”, explicó uno de los legisladores que evitó que este dictamen fuera aprobado.
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Epílogo.
El conflicto del Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es más serio de lo que pretende hacer creer el abogado. El Artículo 110 del Código Fiscal establece que se impondrá de tres meses a tres años de prisión a quien “omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro federal de contribuyentes por más de un año”, o a quien “desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar aviso”. *** El “fiscal-carnal” del gobernador recibió (mediante publicación en estrados) dos requerimientos del SAT el pasado 16 de enero, y ninguno de ellos fue atendido. ***
Niños y padres de familia de la escuela primaria “Francisco Zarco”, de Xalapa, entregaron reconocimientos, a nombre de la niñez veracruzana, a los diputados que apoyaron la iniciativa presentada por el legislador de Nueva alianza, Vicente Benítez, de dotar de uniformes gratuitos a las escuelas primarias ubicadas en zonas identificadas como de mayor pobreza. En su intervención, Vicente Benítez señaló que en Nueva Alianza están convencidos de que para cambiar a México y a Veracruz “no basta con la imposición o las ideas de un sólo hombre”. *** En Coscomatepec, el precandidato del PRI a la gubernatura, Pepe Yunes afirmó que Veracruz debe resolver su problema de desigualdad: “No puede haber regiones de primera y regiones de segunda”, dijo ante militantes priistas.
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