Para poder dimensionar lo que significan 29 mil 879 millones de pesos, hay que decir que equivalen casi a la tercera parte del presupuesto anual de todo el gobierno del estado. De ese tamaño es el desvío de recursos.
Hay que aclarar que esos casi 29 mil millones de pesos, no son solo de las finanzas estatales, sino que también incluyen a las municipales.
Ahora bien, cabe preguntar también, de esas 139 denuncias penales, cuantas han procedido “hasta sus últimas consecuencias” como acostumbran a decir los funcionaros públicos.
¿Cuántos funcionarios públicos, estatales y municipales, deberían de estar ya en la cárcel por ese desvió multimillonario?
Porque que se sepa, hasta ahora los funcionarios públicos responsables de ese desvío multimillonario, la mayoría se encuentran disfrutando de sus millones y hasta con fuero.
De esas 139 denuncias, 42 son por un monto de 27 mil millones de pesos y son únicamente de los ejercicios 2015 y 2016, los últimos de la administración de Javier Duarte.
En el primer paquete de denuncias que se presentaron corresponden al ejercicio fiscal 2015 y fueron un total de 26 por un desvío de más de 22 mil millones de pesos.
El Auditor General explicó que luego de la aprobación de la Cuenta Pública 2016, el Congreso local lo instruyó a presentar 16 denuncias penales, en contra de quien o quienes resulten responsables, por un monto de 5 mil 501.8 millones de pesos.
Agregó que en un primer momento se presentaron 26 denuncias penales por el Ejercicio Fiscal 2015.
Eso fue en el año 2015, más recientemente, en la revisión del 2016 se efectuaron 1,248 auditorías integrales, de las cuales en los entes estatales se ejecutaron, 121 financieras presupuestales; ocho técnicas a la obra pública; dos en coordinación con la ASF; tres de legalidad; y dos de desempeño.
En el orden municipal fueron 631 financieras-presupuestales; 469 técnicas a la obra pública; siete en coordinación con la ASF; dos de legalidad; y tres de desempeño.
Como resultado, al concluir la revisión se determinó un posible daño patrimonial en 102 municipios por la cantidad de 648.6 millones de pesos; en 10 dependencias, por la cantidad de 10 mil 702.7 millones de pesos; en 14 organismos públicos descentralizados por 647.9 millones de pesos y en cuatro fideicomisos por 493.7 millones de pesos.
Luego de la aprobación de la Cuenta Pública 2016, el Congreso local lo instruyó a presentar 16 denuncias penales, en contra de quien o quienes resulten responsables, por un monto de cinco mil 501.8 millones de pesos y aún hay pendiente de solventar el manejo de más de seis mil 993 millones de pesos.
Luego de todo eso, aunque parezca increíble, se destituyeron a tres funcionarios por desvío de fondos públicos.
Pero eso no es todo, el Auditor General informó que también se impusieron cinco sanciones económicas; 13 apercibimientos públicos; 136 apercibimientos privados; 12 amonestaciones públicas; 70 amonestaciones privadas.
Portilla Vásquez informó también que a la fecha se han recuperado mil 542.8 millones de pesos, al obligar al resarcir el daño o reintegrar los fondos del total de más de 29 mil millones desviados.
Y todavía así, los diputados del Congreso Local, en la última sesión del período ordinario, decidieron votar en contra de la propuesta de modificación a la ley, para quitarle el fuero a todos los funcionarios públicos estatales y municipales.
Como diría Pancho López el filósofo de mi pueblo, total para que se los van a quitar, si al final de cuentas roban todo lo que pueden y no les hacen nada.
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