Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP durante el gobierno de Javier Duarte, y José Óscar Sánchez Tirado, ex director de Prevención y Reinserción Social del estado, ya estaban presos por otros delitos y ahora fueron acusados también de desaparición forzada.
Roberto González Meza, director general de la Fuerza Civil durante el gobierno de Duarte, y José López Cervantes, alias “comandante Black”, quien fue comandante de la Fuerza Especial, también fueron detenidos por desaparición forzada.
Desde que Javier Duarte huyó hasta el momento en que está preso un nuevo sistema de procuración de justicia surgió, es decir, su proceso marca lo antiguo en materia Penal y lo actual. El Sistema Penal Acusatorio se convierte en una manera de marcar algunos de los logros de la defensa del ex gobernador.
Desde luego que se espera que además de estas 19 personas detenidas por desaparición forzada los tiempos de la justicia no excluyan acusaciones contra otros cómplices de Duarte, ahí está Alberto Silva Ramos, Tarek Abdalá, Edgar Spinoso Carrera, Vicente Benítez González, Juan Carlos Rodríguez García, Moisés Mansur Cysneros, Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, entre otros muchos.
Así como las acusaciones contra los mandos policiacos de Veracruz fueron concretadas hasta ahora, los cómplices de Javier Duarte deben ser desaforados, en su mayoría, para rendir cuentas ante la justicia.
Los otros 15 detenidos son personal operativo de la SSP y eran investigados desde el inicio de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, en diciembre de 2016, por lo que incluso no fueron despedidos con el fin de que no se fugaran.
Ahí tienen a los diputados federales y locales, cómplices de Duarte de Ochoa, que no se fugan porque consideran que el fuero los hace delincuentes blindados por la injusticia y el favoritismo de su partido.
Las acusaciones contra los cómplices de Javier Duarte son un verdadero tesoro en tiempos electorales, porque si el PAN, es decir el Frente electoral quiere votos, debe hacer todo lo posible por señalar a los cómplices de Duarte, pero también, en la medida de sus atribuciones, detenerlos.
Lo mismo sucede con las autoridades federales, que quieren que no quede cómplice de Duarte sin castigo, de esta manera el PRI se fortalecería en Veracruz, a grado tal que podría ganar las elecciones con mucha holgura de votación.
Así, gobierno estatal y federal deben hacer algo contra los cómplices de Duarte antes del día de las elecciones, de otra manera la votación puede ir en su contra.
Así como hubo detenidos por desaparición forzada, debe haber detenidos por la desaparición forzada del dinero de los veracruzanos que bajo el mando de Javier Duarte varios funcionarios que le ayudaron triangular recursos, a crear empresas fantasma, a inventar virtudes donde había defectos, a robar, así como otros delitos que si no se actúa ahora, antes del 1 de julio, seguramente muchos de los actuales diputados locales y federales cómplices del ex gobernador, quedarán impunes.
La proximidad del tiempo de campañas de proselitismo se convierte en una verdadera presión para que se dicte sentencia a Javier Duarte y se le encarcele, porque quienes quieren informarse acerca de su caso solo reciben noticias de cómo ha librado una a una las acusaciones, ya sea porque está mal redactada la denuncia o porque el acusado cuenta con coartadas que lo exoneran de otros delitos.
La Fuerza Civil de Veracruz, que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, era una corporación de élite que operó con 2.000 agentes durante el gobierno del ex mandatario Duarte.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz emitió una recomendación a diversas autoridades tras documentar la desaparición de 81 personas ocurridas en la entidad, entre febrero de 2011 y octubre de 2016, es decir, mientras estaba en el poder estatal Javier Duarte. En 22 casos se presumía desaparición forzada, según el organismo.
Los crímenes por los que fueron detenidos los 19 policías son la desaparición forzada de 15 personas, entre ellas dos mujeres y dos menores de edad. Pero no son los únicos delitos por lo que debe responsabilizarse a estos funcionarios, pueden ser los más graves, porque la vida de una persona no tiene precio, menos aún si se utiliza como rehén de una muy relativa lucha contra la delincuencia. Lo cierto es que todos los delitos cometidos durante la administración de Javier Duarte deben ser castigados. Y en el grave delito de la desaparición forzada se inicia una verdadera búsqueda que pueda no sólo esclarecer los hechos y evitar que los delincuentes de cuello blanco sigan haciendo de las suyas, sino que quien se atreva a desaforar a los impunes ganará las elecciones sin duda alguna. PEGA Y CORRE.- La raíz fascista de los panistas surge en medio de un mitin de su candidato a la Presidencia de la república, Ricardo Anaya, en Lagos de moreno, Jalisco, donde un grupo de choque afiliado al panismo o contratado por este partido, arrebataron cartulinas de protesta donde se aludía la falta de honestidad de Anaya Cortés. Rodolfo Castelán Rueda, profesor e investigador del Centro Universitario de Lagos de Moreno, por medio de su cuenta de Facebook acusó que al evento de Ricardo Anaya llevaron a estudiantes como acarreados... Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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